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Un nuevo escándalo de corrupción salpica al gobierno de Mauricio Macri. La Justicia avanza a paso firme con una investigación por maniobras multimillonarias de desvío de materiales de la obra pública, en la que figuran presuntos sobornos, lavado de dinero y el hallazgo de la posible ruta del dinero para los aportantes truchos de Cambiemos. Un testigo que ingresó al programa de protección, peritajes telefónicos y rechazos de planteos de nulidad de los imputados, están entre las novedades de una causa que complica a empresarios y ex funcionarios macristas. La recaudación ilegal habría alcanzado unos 25 millones de pesos por mes.
Según declaró bajo juramento un ex empleado del área de compras y costos de la mega empresa contratista Supercemento S.A.I.C, el Estado Nacional durante la gestión de Cambiemos compraba más acero de lo que se necesitaba para obras públicas. El excedente del material era revendido en el mercado negro y esa plata iba para los sobornos en la construcción de una planta potabilizadora de Aysa, investigados en la causa Odebretch. La hipótesis, además, es que una parte de ese dinero podría haber sido destinado a financiar el esquema de aportantes truchos para la campaña electoral de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires en el año 2017.
La empresa a través de la cual se habrían realizado las maniobras es una importante constructora que tiene en su directorio a Raúl Ibarra, primo del ex ministro de Modernización Andrés Ibarra. Se trata de la segunda contratista que más obra pública recibió en la era Macri.
La denuncia
A principios del año pasado se acercó a la Justicia un empleado de Supercemento, quien había sido despedido cuando la firma modificó su estructura luego de haber quedado involucrada en la causa de la fotocopias de los cuadernos. En su momento, el hombre presentó la demanda ante el juez Sebastián Casanello, por tratarse del magistrado que tiene a su cargo la investigación por los sobornos de Odebretch, destino que --según afirma el denunciante-- tuvo parte del dinero obtenido por la reventa del material. Pero el juez mandó a sorteo el expediente, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Ramiro González.
El ahora candidato a la Procuración General delegó la investigación en el fiscal, quien hace más de un año lleva adelante la pesquisa que ya tiene a varios empresarios en la mira. Entre los imputados están los directores de Supercemento, Miguel Ángel Marconi, Raúl Ibarra y Santiago Moresco; los gerentes de la compañía Marcelo Alejandro Dabansh y Héctor Zubiri; el presidente de la firma Robinson --una de las empresas donde encontraron el acero desviado-- Julio César Rodríguez y Jeremías David Muñiz, de la empresa Acero Sudoeste. Lavado de dinero, sobornos y fraude al Estado, figuran entre los delitos que se habrían cometido.
La maniobra
El 25 de marzo de 2019, el ex trabajador de la firma entregó en tribunales el escrito en el que señalaba que se habían generado unos 300 millones de pesos gracias a la venta de acero en el mercado negro. El plan --según la demanda revelada por el periodista Juan Amorín-- consistía en “comprar muchos más materiales que los que la obra necesitaba”. Habla de un total de cinco mil toneladas extra de acero obtenidas con un 20% por debajo del precio de mercado, por tratarse de material para obra pública, que tiene precio diferencial. Luego, el acero era revendido en el mercado ilegal a precio regular. Con la plata recaudada “se cumplía con el funcionario M y se repartían algo los directivos”, afirma la denuncia. En su declaración bajo juramento, el hombre habló de la circulación de bolsos y cajas de cartón con dinero en efectivo.
La hipótesis central es que se habrían desviado hasta unas 500 toneladas de acero mensuales, cuando sólo se usaban 2 o 10 toneladas, dependiendo de la obra. El sobrante descomunal era redirigido y revendido, generando una recaudación que habría alcanzado los 25 millones de pesos por mes. Los desvíos ya fueron corroborados por la Justicia mediante diversos allanamientos. En varios operativos en los que participó el fiscal González en persona, se constató que el acero no estaba en las obras públicas como figuraba en los remitos oficiales de compra, sino en corralones privados. Las barras de acero tienen trazabilidad, es decir, están nomencladas, por lo que la Justicia ya pudo determinar con exactitud qué material fue desviado y adónde.
Novedades en la causa
A partir de la difusión del caso, el testigo de identidad reservada dice tener miedo, por lo que ingresó en los últimos días al Programa de Protección a pedido de la fiscalía. Entre las medidas dispuestas, por sugerencia de los funcionarios judiciales, se le administró un botón anti pánico.
Mientras tanto, los imputados buscaron frenar la investigación con varios pedidos de nulidades que ya fueron rechazados por el juez Rafecas. Entre otras cosas, manifestaron sus dudas por el anonimato de la denuncia; alegaron que no había fundamentos para allanar las diferentes empresas involucradas y opinaron que hubo parcialidad del fiscal por haber participado personalmente de los operativos. Sin bien la ley no exige al titular de la fiscalía estar presente en un allanamiento, tampoco lo prohíbe. En Comodoro Py explicaron que algunos fiscales eligen concurrir si consideran que el caso lo amerita. Lo cierto es que el magistrado no hizo lugar a ninguno de estos planteos y la investigación ya se encamina a las primeras indagatorias.
