La estructura del Poder Judicial reaccionó ante el Covid19: la Cámara de Casación Penal virtualmente ordenó el cese del traslado de detenidos a audiencias, reemplazando esa instancia --cuando se pueda-- por teleconferencias desde la cárcel. También sugirió que en las audiencias de los juicios orales se guarden distancias entre los asistentes y que no haya una aglomeración. Por su parte, la Corte Suprema se alineó de antemano con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que está a punto de sacar el Poder Ejecutivo estableciendo licencias para todo integrante del Poder Judicial que haya estado en los países de riesgo. Como se sabe, hay un integrante de la Casación, Juan Carlos Gemignani, que decidió mantenerse en cuarentena tras regresar de un viaje por España e Italia.
Las medidas de los máximos organismos de la administración de justicia tienen lógica y van en línea con lo que se está decidiendo a nivel nacional y que tiene conceptos de base: garantizar que los que llegaron del exterior cumplan con la cuarentena y exponer lo menos posible a quienes trabajan en edificios que, en gran parte, tienen enorme circulación. A esto se agrega que los niveles de limpieza dejan mucho que desear, por lo que la Casación le pidió al Consejo de la Magistratura que garantice la higiene en los baños, empezando por jabón o papel higiénico, elementos indispensables que suelen estar siempre ausentes.
Todo indica que el coronavirus hará a la Justicia --como mínimo por unas semanas--, aún más lenta. Es que la Casación indicó que deben reducirse los traslados de presos y que las audiencias tienen que hacerse, en lo posible, mediante teleconferencias. El sistema es magnífico, pero no siempre funciona: las comunicaciones suelen cortarse y no todos los estamentos tienen la dotación técnica, pese a que hoy es bastante elemental. Aún así, no se trata de comunicaciones individuales: cuando declara un testigo en un juicio, los que deben escuchar y a veces preguntar son varios: los jueces, el fiscal y los abogados defensores.
Por su parte, la Corte dictó un acordada casi obvia concediendo licencias, con goce de sueldo, a quienes regresan de los países de riesgo. De esa manera podrán cumplir con la cuarentena de dos semanas que establecerá el DNU presidencial. También habrá que tomar decisiones sobre las cárceles en lo que respecta a visitas, aunque en Italia hubo graves motines por las restricciones que se empezaron a imponer.
En principio, todas las decisiones regirán por el tiempo que disponga el Poder Ejecutivo, pero es casi seguro que se mantendrán al menos hasta fin de mes.