Hace una década, los vecinos de la villa 21-24 iniciaron un amparo para que el Gobierno porteño -en ese momento, a cargo de Mauricio Macri- resolviera la situación de los tendidos eléctricos de la villa, que eran un peligro para niñas, niños y adultos. Diez años más tarde, el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta sigue litigando en tribunales para no cumplir el fallo que lo obliga a adecuar a la villa para que sus habitantes no mueran electrocutados. Así lo entendió la Cámara en lo contencioso administrativo, que confirmó un fallo en primera instancia del juez Andrés Gallardo por el que Larreta deberá pagar 10 mil pesos por cada día que incumpla la sentencia.
La causa judicial, que data de 2010 cuando Larreta era jefe de Gabinete porteño, la iniciaron los vecinos de la 21-24 y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El juez Gallardo intimó varias veces al Gobierno porteño a cumplir con un fallo que lo obligaba a diseñar un "proyecto eléctrico adecuado" y cumplir con las acciones para evitar más muertes de vecines por electrocución. A esta acción se sumó la defensora en lo contencioso administrativo Mariana Pucciarello. Larreta, en tanto, apeló y sostuvo que la multa era desproporcionada y negaba que no se estuviera ocupando del tema.
Los camaristas Carlos Balbín y Fabiana Schafrik, con el voto en disidencia de Mariana Díaz, entendieron que Larreta no tenía razón. Rechazaron su apelación, por lo que queda en vigencia el fallo de primera instancia que le da 10 días para presentar un plan o comenzará a pagar 10 mil pesos de multa por día. Los camaristas destacaron que “la situación de riesgo eléctrico hace especialmente relevante el oportuno cumplimiento de la sentencia de fondo”, advirtieron que durante el proceso judicial se presentaron no menos de 27 casos de riesgo eléctrico comprobados, e indicaron que la causa existe desde 2010 por lo que “ha transcurrido en exceso el plazo razonable para llevar adelante -cuanto menos- los aspectos esenciales que debe contener el proyecto eléctrico”, que además debía ser elaborado según "la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblaciones aprobada por el ENRE, y en base a los informes periciales existentes en la causa judicial". En su momento, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) hizo un estudio sobre el barrio y llegó a la conclusión de que “existe un alto riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de sus habitantes”. También indicaron que hace al menos tres años que hay una sentencia firme que no está siendo cumplida por Larreta.
El último fallo de Gallardo sobre este tema, intimando al Gobierno porteño a cumplir las disposiciones judiciales, era de agosto de 2019. En ese momento, el juez planteó que debía cumplirse con lo que había dispuesto ya el Tribunal Superior de Justicia porteño en 2018 y hasta que podría ser cumplida por un tercero a cuenta del Gobierno porteño.
La estrategia de Larreta siempre fue dilatar la sentencia. De hecho entregó un proyecto, que Gallardo consideró insuficiente dado que no estaba aprobado por el ENRE y la documentación era vaga e insuficiente. El juez advirtió que no especificaba en cuáles hogares iban a ejecutar las obras, no establecía prioridades, y no preveía un plan serio de contingencias. Tampoco decía cómo se iba a financiar. "Teniendo en cuenta la gravísima problemática que campea esta causa, luego de casi una década de iniciada, de ocho años de vigencia de la medida cautelar y de contar con sentencia definitiva de condena cuyo plazo de cumplimiento ha perimido, nada sustancial ha hecho el Gobierno local para sanear estructuralmente las deficiencias de la red del servicio eléctrico en la villa 21-24”, advirtió en ese momento el juez. Pero esa presentación le sirvió a Larreta para ganar tiempo.
De hecho, el jefe de Gobierno ya había tenido una multa por el riesgo eléctrico en la villa 21-24 en 2011 cuando era jefe de Gabinete. Como contó este diario en su momento, en 2011 Gallardo le aplicó una multa a Larreta que se aplicaba en su factura de la luz y que equivalía a cien veces lo que viniera en esa factura (luego, la cifra iba creciendo). “El pago de la misma no podrá parcializarse, y en caso de no pago deberá proceder al corte de suministro”, ordenó el juez en esa oportunidad, en la que puso a tiro del corte de luz a Larreta si no resolvía la situación de los vecinos de la villa 21-24. Diez años más tarde, tienen que seguir reclamando tener los mismos derechos que en otros barrios.
"Este fallo es muy importante porque dispone que el jefe de Gobierno de la Ciudad va a tener que pagar una multa por cada día que demore la solución al riesgo eléctrico en el que vive la Villa 21-24. Esta situación no solo implica que periódicamente se produzcan incendios en el barrio sino que también se ha cobrado la vida de vecinas y vecinos”, advirtió Pablo Vitale, co-director de ACIJ.