Los fiscales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas y Gustavo Torres Rubelt, pidieron al titular del Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio oral de la causa por el crimen de Jimena Salas en lo que respecta al changarín Sergio Horacio Vargas y a Nicolás Federico Cajal Gauffín.
"Estamos muy tranquilos respecto a la inocencia de Cajal Gauffin, seguimos sosteniendo que es muy torpe lo que está haciendo el Ministerio Público Fiscal. No hay ninguna prueba que vincule a Cajal Gauffin con lo que ocurrió", manifestó Arancibia.
"Nos da lástima por cómo se llevó adelante la causa, la falta de prudencia e idoneidad para encontrar a los autores del crimen de Jimena y llevar a juicio a dos personas inocentes. Hay una falta de capacidad por parte del procurador y los fiscales. Se desvía la causa en vez de salir a buscar a los verdaderos asesinos", añadió el letrado.
Arancibia consideró que tal vez "lo mejor que puede pasar es que la causa vaya a juicio y que la sociedad decida". Dijo que confía en la imparcialidad de los jueces. También consideró que Vargas es inocente, por lo que conoce del expediente. "Se apela a lo que se tiene a mano, al escrache moral para los imputados", planteó Arancibia.
En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio. A partir de los elementos, Salinas Odorisio y Torres Rubelt, sostuvieron que el viudo tuvo una conducta que "derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia" y que lo hizo para "evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal".
"Cajal Gauffín, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa", se indicó en un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal.
Respecto a Vargas, los fiscales afirmaron que se pudo establecer que los autores materiales del asesinato contaron con su activa colaboración para matar a Jimena Salas.
El Ministerio Público sostuvo que la base probatoria se sustenta en informes policiales, de telefonía que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”, con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.
Los fiscales aseguraron que se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa. En la investigación se determinó que el 4 de enero Vargas estuvo en la zona de la casa de la víctima, en la localidad de Vaqueros, "con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el "día posterior al hecho (Vargas) consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense, departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscal del Ministerio Público, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 cookies recopiladas en el dispositivo, hay seis registros de visitas a la página web de El Tribuno el 28 de enero de 2017, día después del crimen.
Respecto a Cajal Gauffín, el Ministerio Público informó que se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras pruebas. "Cuando llegó la Policía, su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón. El imputado dijo que los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa. No fue detenido", detalló el Ministerio Público.
También se sumó el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirmó que la alarma fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos. "Testigos también señalaron que Cajal Gauffín utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró", afirmó la acusación fiscal.
Otro informe policial puso de relieve que pese a existir una caja fuerte, los asesinos fueron directamente a un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.
En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. Además, la caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada (…) y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”, especificó el Ministerio Público.
Los fiscales sostuvieron que se documentó en la casa donde se cometió el crimen “la ausencia de desorden" y que "las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.
Los investigadores concluyeron que Cajal Gauffín “intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.
