Bill Gates, el creador de Microsoft, aseguró recientemente que “mi fortuna de 109 mil millones de dólares demuestra que la economía no es justa. Fui recompensado desproporcionadamente por el trabajo que realicé, mientras que muchos otros que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir".
Agregó que "estoy a favor de un sistema de impuestos en el que, si tienes más dinero, pagas un porcentaje más alto en impuestos. Los ricos deberían pagar más de lo que pagan hoy y eso nos incluye a Melinda y a mí. Melinda y yo creemos que impulsar el progreso es el principal propósito de la riqueza. Antes de casarnos, decidimos que usaríamos los recursos de Microsoft para mejorar la vida de las personas".
Para concluir que "nuestra riqueza viene con la obligación de retribuir a la sociedad”.
Tal vez lo que más irrite a los economistas profetas de la libertad (y el odio) y a tantos otros que se sienten “tocados” por tales declaraciones sean dos cuestiones alejadas a la progresividad fiscal que reclama Gates y que ya fuera comentada en estas páginas.
En primer lugar, les molesta que “sea uno de los suyos”, uno que debería enarbolar la bandera de la libertad y regocijarse por la retribución que el “mercado” le ha dado a sus altísimos nivel de productividad quien se siente (y así lo manifiesta) parte de una injusticia.
Segundo, que reconoce que no es el mérito ni el esfuerzo la variable clave (otros con idéntico mérito y esfuerzo luchan por sobrevivir) y que la obtención de riqueza social conlleva una obligación para con la sociedad. Aparentemente no es el Estado a “punta de pistola” quien les roba a los ciudadanos de bien como se escucha reiteradamente en los medios sino que, muy por el contrario, sería uno de los canales (el principal) para cumplir con tal obligación.
En una sociedad capitalista, la producción y consumo de los bienes y servicios se organizan en torno a la ganancia empresaria (se producen sólo los bienes que dejan lucro) y al sistema de precios de mercado. Según los economistas neoliberales cada actor social que participa en el proceso de producción (trabajadores, capitalistas, rentistas) se “lleva” una retribución en función de lo que “aportó” al proceso.
Un primer problema es que lo que cada actor “aporta” al proceso productivo no es retribuido en función de la importancia social de la tarea que realiza para mejorar la vida en común, por su esfuerzo, por el sacrificio o el compromiso puesto en la tarea realizada, sino por el vínculo que su tarea tenga con la maximización de la ganancia empresaria y por la escasez relativa de los que pueden hacer la tarea que hace.
Sólo de este modo se puede “entender” como una persona que trabaja comprando y vendiendo acciones y otros valores en la Bolsa o una persona que desarrolla una “app” de una red social, “el mercado” lo retribuya con un ingreso 20 veces superior (o aún más) que a quienes todos los días recolectan los residuos domiciliarios, o realizan las tareas del cuidado (inclusive de forma no remunerada). Sin la realización estas dos últimas tareas el sistema capitalista colapsaría en días, sin embargo “se llevan” de la distribución del ingreso poco o nada (ustedes encontrarán muchos ejemplos de esta situación).
Un segundo problema es que lejos de distribuir ingresos en función al mérito (bandera que los neoliberales suelen enarbolar) los mismos se distribuyen de modo arbitrario y desigual (en palabras de Keynes), y están íntimamente condicionados a la desigual distribución de riqueza existente de modo directo (a mayor riqueza actual, mayor posibilidad de ingreso futuro y viceversa), lo que provoca, paradójicamente, una sociedad cada vez más desigual y en la que el “mérito” cada vez tiene menor peso en la distribución del ingreso.
Este problema abre la puerta a un tercero que es el origen de dicha desigual distribución de la riqueza que, lejos de ser “natural” tiene un origen histórico y político. Por ejemplo, según cuenta el economista e historiador Mario Rapoport desde 1884 el país no tiene tierra agrícola que ofrecer a los inmigrantes europeos que, en el mejor de los casos, irán a trabajar a los latifundios de alguno de los 344 propietarios que eran dueños de 10 millones de hectáreas.
Un cuarto problema es cuánto se “llevan” los que no participan del proceso productivo: los desocupados. La respuesta es nada, sin aporte no hay ingreso. Peor aún, el aumento de productividad provocado por el ánimo de ganancias lejos de redundar en mayores salarios, menor cantidad de horas de trabajo o reparto social del trabajo existente (todas alternativas técnicamente posibles) maximiza ganancias y expulsa a más personas del proceso productivo.
Un quinto problema es qué hacer con las y los adultos mayores que han participado irregularmente del proceso productivo en su vida activa (desocupados, empleos precarios, no registrados) y por lo tanto "no tienen aportes" (idéntica suerte corren quienes realizaron las tareas del cuidado). Lo mismo sucederá en el futuro con la desocupación y la precariedad actual.
Ante este “estado de situación”, los gobiernos que encarnan el poder estatal pueden:
1. Sólo proteger la propiedad privada y la libertad de empresa dejando que el mercado distribuya ingresos responsabilizando a las víctimas de dicha desigual distribución por su “falta de mérito y esfuerzo", generando el apoyo de aquellos actores que son beneficiados por la distribución del ingreso que hace el mercado (y de quienes, aún en contra de sus intereses, se “reflejen” en ellos gracias una persistente colonización pedagógica).
2. Intervenir en la distribución primaria del ingreso (mediante el establecimiento de salario mínimo, fortalecimiento de las paritarias y sindicatos, legislación que proteja a las y los trabajadores, regulaciones de los precios) y en la redistribución del ingreso (distribución secundaria) cobrando impuestos progresivos (quien más gane o tenga paga más) y transfiriendo ingresos a los que menos tienen (AUH, subsidios, planes, seguros, bienes públicos -salud y educación- Esta alternativa generará el apoyo de las clases populares y la oposición de los sectores acomodados quienes presentarán las regulaciones estatales, medios masivos de comunicación mediante, como un ataque a la libertad y al espíritu emprendedor.
Esta es la batalla material y cultural que, una vez más, ha comenzado.
* Docente UNLZ FCS. ISFD Nº41 (CEMU).
