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David Quintana, dueño de una peluquería en Lanús Oeste, debe 85 mil pesos de energía eléctrica en la casa donde vive con sus padres, jubilados. “No tengo idea de cómo lo vamos pagar. Aunque quiero solucionarlo, no tengo forma. Venía bien con las boletas, pero de cuatrocientos pesos cada dos meses, en 2015, pasaron a mil, dos mil, tres mil, siete mil por mes… y ya ahí caduqué”, cuenta desde el barrio 9 de Julio, de Villa Caraza.
Su caso no es el único. Según la Red de Multisectoriales contra los Tarifazos, la organización creada al calor de las protestas contra la suba de los servicios en los años de gobierno de Cambiemos, en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, 320 mil hogares quedaron con deudas energéticas. Su estimación general es que están endeudados un 20 por ciento de los usuarios. Por esto están impulsando la propuesta de moratorias.
La medida ya logró ser implementada en la provincia de La Rioja, donde el gobernador Ricardo Quintela la dictó para los hogares que tenían el servicio eléctrico cortado. Y está por salir en Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella la acaba de anunciar. Se trata de provincias con empresas eléctricas del Estado. En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de Avellaneda presentará una propuesta similar.
“Vemos que hay más endeudados con la energía eléctrica que con el gas, aunque hay problemas en los dos casos”, explicó Andrea Manzi, abogada de la Red de Multisectoriales. “El endeudamiento implica en la mayoría de los casos el corte del servicio y el retiro de los medidores. Las deudas, mientras tanto, siguen sumando intereses. Las empresas están exigiendo a los usuarios que paguen el 30 por ciento de lo adeudado solamente para empezar a hablar de un plan de pago. Esto genera situaciones sin salida, es inviable para familias con una facturas de 15, 20 o 30 mil pesos”.
La moratoria en La Rioja
En La Rioja la moratoria fue uno de los reclamos de la multisectorial local, y sumada a su propuesta por el entonces candidato y hoy gobernador Ricardo Quintela, del Frente de Todos. “Nosotros Implementamos dos medidas con el tema energético, la moratoria y la tarifa plana”, explicó a Página/12. La tarifa plana está destinada a los jubilados que cobran la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, e implicó una rebaja de las tarifas que se venían pagando. Los hogares que consumen hasta 250 kw pasaron a pagar 300 pesos (antes pagaban 650); los que consumen 500 kw pagan 400 pesos (pagaban 1430); los que consumen hasta 750 kw pagan 700 pesos por todo concepto. Por encima de los 750 kw, se aplica la tarifa común.
“La moratoria fue para todos los que tenían cortados los servicios porque no podían pagar la boleta, pudieron inscribirse para pagar la deuda en diez cuotas sin ningún tipo de interés. Se inscribieron más 3500 familias, se les reconectó la luz y van a empezar pagar la primera cuota en abril. Estos eran los hogares con más deudas, los que acumulaban 4 o 5 boletas sin pagar; otros, con deudas no tan grandes, eligieron planes de financiación más cortos”, agregó el gobernador. En la provincia los tarifazos habían dejado 15 mil endeudados.
La moratoria le costó a al estado provincial unos 12 millones de pesos. A su vez, la tarifa plana significa un gasto de 8 millones de pesos mensuales. Quintela considera necesario “que las tarifas sean subsidiadas buscando un punto intermedio. Si hablamos de justicia social, aquel que tiene un poder adquisitivo más alto no debería tener el mismo subsidio que el que no tiene menos, por eso es necesario que exista un Estado presente que de respuesta y proteja especialmente a los sectores más vulnerables".
Inclusión energética
Las multisectoriales contra los tarifazos trabajan con la idea de que la inclusión energética alcance, además de los usuarios residenciales de menores ingresos, a las PyMES, empresas recuperadas, clubes de barrios y pequeños comercios endeudados. En su última reunión se juntaron integrantes de unas treinta localidades del país. Hubo una puesta en común de las situaciones que están registrando y de sus puntos de reclamo, que establecieron en la prohibición de los cortes por deudas, moratoria con quita de intereses para los endeudados, condonación para las PyMEs, recuperadas, clubes y pequeños comercios, pesificacion de todo el circuito productivo y fin de los medidores prepagos.
El pedido incluye quitas, porque mientras que el problema no se resuelve, los endeudados siguen acumulando intereses a tasas del 40 por ciento. Para financiarlas, las distribuidoras de electricidad están pidiendo una cancelación inicial de hasta el 30 por ciento.
Norma Molina, vecina del barrio San Isidro, en Boulogne, por ejemplo, tiene una deuda de electricidad por 56.500 pesos. “Quiero pagarla, pero la empresa me piden un primer pago de 16 mil para hacerme un plan”, contó a este diario. “Hasta 2015 lo que cobraba me alcanzaba, las boletas eran manejables, 400 pesos de luz. Con los tarifazos, tuve que sacar dos préstamos. Quedé más endeudada. La última boleta que pude pagar fue a fines de 2018, una factura de 3 mil pesos, después ya no pude más”.
La idea de inclusión energética considera que ningún ciudadano puede quedarse sin acceso a los servicios públicos de electricidad y gas. “El tema es que no hay ninguna solución para los endeudados, es grave porque directamente les cortan el servicio. Hay gente que depende la electricidad para tener agua y otros con hogares electrodependientes. Nos encontramos con casos muy difíciles de resolver, por ejemplo, en el Partido de la Costa, por falta de una red de gas natural, la gente se calefacciona con estufas eléctricas que gastan un montón de energía. Entonces, cuando vamos a hacer un reclamo, nos dicen ‘acá hay mucho consumo’. Tener mayor consumo a veces tiene que ver con mayor precariedad”, agregó Manzi.
La Red de Multisectoriales que integra creó, para lo que considera una nueva etapa, la Asociación Civil por la Inclusión Energética (Acxie), como una herramienta que les permitirá hacer presentaciones judiciales para trabajar en el reclamo de la energía como un derecho humano.
En Tierra del Fuego
Desde Tierra del Fuego Moisés Solorza, integrante de la Red de Multisectoriales y hoy secretario de Energía de la provincia, confirmó que allí también van a implementar una moratoria para los usuarios de electricidad. "Vamos a avanzar en una moratoria energética para los vecinos y las PyMEs de la provincia que se han endeudado tremendamente en tiempos neoliberales. El gobernador (Gustavo Melella) lo confirmó en la apertura de las sesiones legislativas. El Estado va a acompañar a los vecinos para que sus recomposiciones salariales no vayan todas a pagar deudas, por eso diseñamos una moratoria con quites de intereses y cargos".
La provisión de energía eléctrica en la provincia, como en La Rioja, está en manos del Estado, aunque en el caso de Río Grande hay una concesión a una cooperativa eléctrica. El secretario de Energía contó que la provincia también está en conversaciones con la empresa distribuidora de gas Camuzzi para extender la moratoria al servicio de gas.
"Entendemos que la moratoria va a beneficiar no sólo a los vecinos sino también a las distribuidoras, porque son deudas que los usuarios van pateando para adelante y que en muchos casos no se pueden recuperar", explican. "Hay familias con bajos ingresos, la provincia es una de las más castigadas por el desempleo, tenemos un proceso de desindustrialización muy grande. Es dinero que va a servir, en este recupero, para que las familias puedan ejercer su voluntad de pago en seis o doce cuotas. Son familias que están pagando la factura mensual, para que no le corten, pero que vienen arrastrando deudas, punitorios e intereses de un dinero que no tienen".
