Lo peor frente al impacto económico que genera la crisis del coronavirus sería no hacer nada. Seguir con los planes anteriores cuando el escenario previsto cambió de manera radical. La alteración en las condiciones globales e internas a causa de la pandemia obliga a revisar las estrategias. Esa es la primera definición que transmiten economistas cercanos al gobierno en el cierre de una semana caótica. La segunda es que esa revisión de los planes no debe ser para corregir el rumbo, sino para profundizarlo.

Los economistas mencionan la experiencia de 2009. Ese año también se produjo un shock externo por la llegada de la gripe A, proveniente de México y Estados Unidos. Los primeros casos se detectaron en abril, pero la propagación del virus se produjo con intensidad durante el invierno. La paralización de actividades que desencadenó la enfermedad profundizó el clima recesivo que venía de arrastre del año anterior, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. La respuesta del gobierno frente a la crisis consistió en el diseño de una batería de medidas de estímulo a la demanda interna, asistencia a las empresas y preservación del empleo, con un aporte fiscal del Estado nacional equivalente a 2 puntos del PIB.

“No se pueden priorizar los equilibrios macroeconómicos sobre el nivel de actividad. Hay que sostenerse en un circuito endógeno, pero para eso hay que activarlo. Por un buen tiempo habrá que vivir con lo nuestro”, sostiene un miembro del oficialismo. Si el panorama local y externo preanuncia una agudización de la recesión por el frenazo de la actividad productiva, el comercio, la caída de exportaciones y el derrumbe de la inversión, la acción del Gobierno deberá tender a compensarlo con la inyección de recursos públicos en sectores sociales y actividades que multipliquen la demanda y el trabajo. También será necesario asistir a los rubros empresarios más expuestos a la emergencia.

En 2009 se creó la Asignación Universal por Hijo, con una inversión fiscal de 0,8 puntos del PIB. Ese aporte fue fundamental para empezar a revertir la caída del consumo masivo y lograr una expansión de 1,8 puntos. Ese año también se activó el Programa de Recuperación Productiva (Repro). Se llegó al record de 2769 empresas con subsidios del Estado para cubrir una porción del salario de los trabajadores, bajo la condición de no producir despidos. La Anses motorizó créditos a empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el caso emblemático de la automotriz General Motors, que lo utilizó para lanzar un nuevo modelo y mantener la producción. El gobierno también implementó un plan de obras con fuerte repercusión laboral, especialmente de mantenimiento urbano, agua, cloacas y asfalto.

El debate que se plantea estos días es si el Gobierno está en condiciones de desplegar un programa keynesiano con la misma audacia que en 2009, cuando al mismo tiempo debe renegociar una porción de la deuda pública y está bajo la auditoría del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que es necesario remarcar sobre esos condicionantes es que forman parte de la herencia de las políticas neoliberales de Cambiemos, a cuyos dirigentes la prensa dominante sigue sin reclamar ningún tipo de autocrítica por el desastre que ocasionaron.

Hasta el momento el gobierno del Frente de Todos le fue dando forma a un plan económico basado en atender las situaciones de emergencia social –bonos para los jubilados y la AUH, mayores aumentos a los haberes mínimos, créditos de la Anses, incrementos de salarios por decreto, distribución de la tarjeta alimentaria, congelamiento de tarifas y combustibles, relanzamiento de Precios Cuidados- y envió señales claras a favor de la producción -moratorias impositivas, baja de tasas de interés, mayor control de las importaciones-. La expansión del gasto público logró morigerar la caída del consumo y empezó a levantar lentamente a algunos sectores de la industria.

El cronograma que trazó el Ministerio de Economía desde un principio contemplaba avanzar paulatinamente por esa senda hasta concretar la renegociación de la deuda con privados y el FMI. Un arreglo exitoso daría margen para políticas más expansivas, ya que se liberarían recursos por hasta 1,2 billones de pesos previstos para afrontar pagos a los acreedores este año, el equivalente al 20 por ciento de las partidas del Presupuesto nacional que había proyectado el gobierno anterior antes de dejar el poder. Ese empalme entre una primera etapa gradualista y otra de mayor contundencia era una hipótesis de trabajo que dependía de un resultado virtuoso de la reestructuración de pasivos. Sin embargo, el descalabro que desató la crisis del coronavirus genera un fuerte interrogante sobre si será posible el acuerdo con los bonistas bajo las nuevas circunstancias.

El riesgo de demorar acciones de contención para la economía real frente al shock de la pandemia es perder el terreno ganado en estos tres meses y que la recuperación después sea aún más difícil. Además, si se retrasara o fracasara un acuerdo con los acreedores, la cuesta a remontar sería más empinada todavía. La trabajosa mejora en las expectativas que se consiguió en este tiempo recibió un duro golpe con los sucesos de esta semana. Industriales advierten que los planes que venían trazando quedaron bajo revisión porque desconocen cómo evolucionará la demanda interna y las posibilidades de exportación. También señalan que hay temor a sufrir desabastecimiento de insumos importados por los problemas en China. En esa coyuntura, dicen, no tardarán en aparecer respuestas defensivas de estiramiento de la cadena de pagos y postergación de inversiones.

Un plan de emergencia de estímulo fiscal con aumentos de jubilaciones, asignaciones, obra pública y facilidades crediticias e impositivas para las empresas demandaría mayores niveles de emisión monetaria. El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió al comienzo de la gestión que ese camino sería inconsistente por el riesgo de generar graves desequilibrios macroeconómicos. La alteración de las condiciones previstas por la crisis internacional le impone al gobierno nuevos desafíos.