El 12 de febrero pasado, tres inspectores del Subprograma Erradicación del Comercio Ilegal perteneciente a la Dirección General de Rentas, detuvieron en el puesto de control de Salvador Mazza dos camiones con cargas de 30 mil kilos de maíz cada uno.

Al solicitar las autorizaciones correspondientes a los transportistas, encontraron irregularidades en los papeles de permisos emitidos por AFIP, entre ellas, inconsistencias en el registro del supuesto vendedor y titular de los permisos de transporte, Miguel Antonio Margaría.

Los inspectores labraron las actas de secuestro de la mercadería transportada en donde detallaron expresamente que la documentación no cumplía con lo establecido por la AFIP, DGI, y la Dirección de Rentas provincial en cuanto a que el permiso como productor agropecuario de Margaría no estaba vigente según el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Los inspectores encontraron algunas irregularidades más, que tenían que ver con los permisos (Carta Porte), emitidos por AFIP a través de la cuenta de Margaría. ¿Cómo podía emitir cartas de porte si no estaba habilitado para eso?

Según consta en los papeles, el maíz salió de Monte Maíz, Córdoba, lugar donde vive y produce Miguel Margaría y la destinataria era la señora Fabiana Mariel Ibáñez Cortéz, de Salvador Mazza, quien se presentó en el puesto de control exigiendo que dejen pasar la carga.

Horas más tarde, se comunicaría con los inspectores el jefe del Subprograma Erradicación del Comercio Ilegal, Mario Mendoza, informando que anulen las actas y dejen circular los camiones con la mercadería debido a que “el titular sí se encontraba registrado y habilitado como productor agrícola”.

Esta última información se la corroboraría a Salta/12 el director general de Rentas, Gustavo De Cecco. 

La historia del productor

Hasta aquí, todo quedaría como un dato extraño, un error del sistema de AFIP que declaraba a un productor agrícola sin permiso para comercializar.

Sin embargo, el abogado de Margaría, Carlos Hugo Ortolani, accedió a hablar con este medio e informó que un día antes del control en Salvador Mazza, AFIP ya había detectado que al productor radicado en la localidad de Monte Maíz le estaban hackeando su cuenta y emitiendo Cartas de Porte para transportar productos agrícolas a otras provincias del país.

Según Ortolani, “el martes 11 de febrero se detectaron las operaciones irregulares que se estaban realizando con la clave fiscal del señor Miguel Margaría”.

El representante legal, explicó que la operatoria habitual que Margaría realiza como contribuyente consiste en la solicitud de cartas de porte, para transportar los granos que produce desde zona rural de Monte Maíz, con destino al puerto de la ciudad de Rosario, “o bien a algún acopio o cooperativa agrícola de la zona”.

Y agregó algo muy importante “lo irregular de las operaciones detectadas, radica en que las cartas de porte solicitadas tenían como origen y destino, lugares (Jujuy, Salta, Santa Fe, Buenos Aires) que no se corresponden en lo más mínimo con el centro de explotaciones de Margaría ”.

“Además" continuó, “en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), tampoco constaban declaradas existencias de granos y superficie sembrada, por lo cual las solicitudes de cartas de porte para transportar granos eran totalmente inconsistentes. Ante tales circunstancias se encendieron las alertas de AFIP”.

Por lo que el abogado no entiende por qué no se secuestró esa carga hasta contactar al mismísimo Margaría, con quien se comunicarían recién dos días después.

“Recién el viernes 14, el señor Margaría recibió un llamado a su celular, por parte de una funcionaria dependiente de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, para comunicarle lo sucedido y preguntarle si esas cartas de porte eran de su propiedad”, aseveró el abogado.

El señor Margaría informó lo sucedido a la funcionaria salteña y minutos más tarde su abogado Ortolani envió un mail al jefe del Subprograma de Erradicación del Comercio Ilegal, Mario Mendoza, en donde aporta copia de cada una de las Cartas Porte anuladas y denunciadas como truchas por el productor.

A su vez en el mail, Ortolani deja en claro que esas cartas estaban anuladas, y que su representado no era el dueño de la carga secuestrada, “no contrató los camiones ni solicitó las cartas de porte de referencia”.

Y agrega en el mail enviado a Mendoza, “En virtud de que dichas cartas de porte se obtuvieron de manera ilícita, se procederá a radicar la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville. Dicha maniobra ya fue denunciada también en la delegación de AFIP”.

Lo más extraño de toda esta información, es que el director de Rentas, Gustavo De Cecco, al hablar con este medio, dijo desconocer sobre la denuncia del señor Margaría.

Simplemente se limitó a explicar que se constató que el productor estaba registrado en AFIP y como ese había sido el motivo por el que se demoró a los camiones se les permitió seguir su curso con una carga de la que aún no se sabe su procedencia.

Pero siendo que existía ya desde el 11 de febrero la prueba de que AFIP estaba enterada de la adulteración de documentos, que los inspectores del puesto en Salvador Mazza así lo sospecharon y que el mismo Mendoza recibió un mail del representante legal de Margaría el 14, informando lo sucedido. Vale sospechar que De Cecco ocultó información, o Mendoza se la ocultó a él.

Pero Ortolani agregó un dato más, según él, los inspectores expresamente detallaron que las cartas de porte aportadas por los choferes no cumplían con la legislación vigente.

El abogado cordobés confirmó que se utilizaron 20 cartas de porte a nombre de su representado, de las cuáles sólo dos cargas fueron reportadas, aunque luego liberadas.

De esas 20, hay dos más que se dirigieron también a la localidad de Salvador Mazza, en este caso a otros destinatarios: Pieve Cantarini S.R.L, una empresa de venta al por mayor de cereales en esa localidad, y Norma Beatríz Areco.

Esta última, al igual que Fabiana Mariel Ibáñez, no registra impuestos activos ni actividades recientes en AFIP.

La denuncia fue presentada el 19 de febrero ante el Juzgado Federal de Bell Ville a cargo del Juez Federal Sergio Aníbal Pinto y la investigación está en manos del Fiscal Federal, José María Uriarte.

Se radicó por supuesto “robo o suplantación de identidad”. El fiscal informó que ya se están librando todos los oficios y trámites correspondientes.

El abogado denunciante concluyó que el fiscal “deberá llamar a los choferes y titulares del transporte, para preguntarles quién los contrató y de dónde sacaron la mercadería”. Así como investigar a los destinatarios de esas cargas para saber con quién se contactaron y cómo era la operatoria que significaba evadir impuestos a través de un tercero.

“Todos los datos están en las Cartas Porte y en las actas de los inspectores salteños”, sentenció Ortolani.