Ante las restricciones de público conocimiento, personas de todas las edades y condiciones se abalanzan sobre las góndolas virtuales del audiovisual en busca de pelis y series que hagan más llevadera la convivencia en espacios domésticos. Pero… ¿qué hay disponible para consumir?

La oferta viene dada por lo estructurado desde antes, cuando la “libertad de circulación” de personas -y de producciones para el entretenimiento, la educación y la información- rankeaba en las principales preocupaciones. El momento es propicio para revisar las políticas públicas.

Las audiencias más allá del rating

Deconstruyámonos. No es lo mismo estar aislado en una casita de –pongámosle 100 o 150 metros cuadrados- que en un dos ambientes saturado, una habitación alquilada o un ranchito periurbano. Tampoco es lo mismo vivir solo siendo un joven hiperconectado, que esa misma soledad para un viejito sometido a los rayos catódicos de la vieja tele. Ni qué hablar de la diversidad y complejidad de pantallas que encontraremos en los grupos familiares de variada envergadura.

Del mismo modo que los hospitales y centros de salud no deben llenarse de ciudadanos asustados para poder dedicarse a los que requieren atención… quizás debiéramos pensar en cómo propiciar un combo de información y entretenimiento para esos distintos públicos que alteran sus hábitos de salidas, suspenden las clases o pasan cuarentenas masivas.

Sigamos deconstruyendo. Ahora que se menta a Netflix como el destino principal de nuestro encierro, asumamos que se trata de unas 4 millones de cuentas en Argentina (según dichos de su CEO a su paso por Argentina). Si tuviera un catálogo razonablemente diverso, podríamos pensar que se trata de un buen servicio en el mejor de los casos a menos de la mitad de la población argentina, con condiciones desiguales de acceso a Internet. También están las plataformas Flow, Disney+, Amazon, las Go entre otras, además del cable, DirectTV… pero todo eso también se paga. Las plataformas utilizan una infraestructura existente (conexión a Internet), y suponemos que aún habiendo ajuste en los gastos hogareños, mientras dure la pandemia nadie pensará en cortar el servicio.

Pero mientras tanto, en la lucha contra la pobreza… ¿qué sucede con los hogares indigentes y pobres? ¿Deberían priorizar el alcohol en gel a las plataformas? ¿Deberían priorizar una nutrición que los tenga más fuertes ante la gripe, el dengue y el coronavirus, al aporte mensual para acceder a las góndolas globalizadas de productos culturales?

Para los que no pagan abonos mensuales está la TV abierta, ya sea analógica con los canales que en CABA y aledaños son 4 o 5, y en el resto del país sólo uno o dos… o la plataforma de Televisión Digital Abierta. La TDA, que puede tener consumo anfibio desde una Smart TV switcheando entre el cable/satélite y una antena sencilla, ofrece una grilla de no menos de 16 canales de alcance nacional. Varios de ellos estatales, al alcance de todos. También hay varios canales informativos, poco deporte y entretenimiento… y un par de canales de 24 hs inentendiblemente poblados por programas religiosos. Los organismos públicos deberán revisar las razones y los financiamientos de la grilla nacional de la TDA, en esta agenda actualizada de la emergencia relacional por el virus global.

En la emergencia, podrían promocionarse y liberarse los contenidos de plataformas públicas digitales gratuitas, como Cont.ar, Cine.ar y los catálogos del BACUA (sin desconocer derechos autorales), como actitud conducente para las prioridades en las políticas del Sistema de Medios Públicos y las áreas culturales. Los rápidos reflejos de www.seguimoseducando.gob.ar en el marco de www.educ.ar son auspiciosos.

Sostener a los medios y las productoras

Y para garantizar trabajo nacional… ¿qué sucede con los esquemas de fomento tradicionales? En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) –y en las productoras que esperan la restitución de un círculo de financiamiento seriamente averiado por la gestión anterior- se agarran la cabeza por el abrupto corte de taquilla. Si no se venden entradas al cine, no hay ingresos para las salas exhibidoras, pero tampoco se gira el 10% del valor las entradas que históricamente bancó los concursos y subsidios al cine, las series y los documentales.

Por el lado del ENACOM, mientras las nuevas autoridades rearman al Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) para emisoras no comerciales, se percibe que quienes sobrevivieron al desfinanciamiento esperan al menos igualdad en las reglas de juego, y ser reconocidos para las políticas y no sólo para las fotos, como en el pasado.

La solución no será inmediata, pero la experiencia de las generaciones pasadas indica que una regulación antigua de la mano de la falta de control y fiscalización siempre han servido a los actores más fuertes, a los incumbentes, o a aquellos que aprovechan la “ventana de oportunidad” de lo novedoso para distraer el aporte en la vaquita necesaria para una industria cultural nacional robusta.

Los padres fundadores pusieron el mojón con la Ley del Cine, luego vino la reforma de 1994 para incorporar a los servicios de TV por cable a la regulación y tributación. Un esquema más abarcador sobrevino en 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tanto en la ampliación de reparto de la torta para fomento como en las obligaciones a (in)cumplir para licenciatarios y señales respecto de contenidos y pantallas nacionales, federales e inclusivas.

En medio de la pandemia y en el contexto de pantallas múltiples y plataformas, resurge la necesidad de actualizar el para qué de la regulación y el fomento de las producciones diversas. De modo que lo que se presume un salto en la tecnología no termine siendo una nueva forma de mercadear al audiovisual, con los intermediarios cambiados o puenteados.

Así las cosas, dos sectores se han expresado con claridad durante marzo apuntando a asignar a las industrias culturales una parte del 21% del IVA que ya pagan los “Servicios Digitales” facturados en el país (Google, Facebook, Netflix, Spotify, servicios de hosting, publicidad, estudios de mercado, etc.).

Por una parte, representantes de la cinematografía y la cultura retomaron la idea de extender los ingresos del Fondo de Fomento Cinematográfico y de series que administra el INCAA (actualmente se nutre del 10% del aporte de los exhibidores de salas de cine, más una parte no menor aportada por los servicios de radio y TV). Para ello reclaman el 10% del IVA aportado por los “Servicios Digitales Audiovisuales”.

Desde un lugar estructuralmente desfavorecido, también demandan un 5% del IVA aportado por los “Servicios Digitales” los medios gráficos, digitales, radios y TVs comunitarios, populares, cooperativos y micropymes, con presencia federal y generadores de 10 mil puestos de trabajo. (Ver detalles de esta propuesta y otras para corregir las asimetrías regulatorias existentes, en www.pluralismo.com.ar ).

Ambas miradas son complementarias, en un marco donde la Economía del Conocimiento engloba conceptualmente a una amplísima cantidad de actores, no todos ellos con la misma capacidad de lobby y generación de proyectos territorializados.

También resultaría atinado pensar en el financiamiento de la radio y la TV públicas con otra parte de lo recaudado por las contribuciones de servicios digitales.

Mientras transitemos el auge y la caída de la pandemia, sin dudas habrá reposicionamientos y decisiones que afecten a las producciones, pantallas y consumos culturales en nuestros hogares.

@diegodrossi @zalet