Cuando pase la pandemia, una vez que la crisis haya quedado atrás, lo que deberá perdurar es la enseñanza del orden de prioridades. 

En estos días de angustia social ni siquiera los economistas más payasescos que acaparan los set de televisión se atreven a poner por delante de la emergencia sanitaria la muletilla de que hay que achicar el gasto público y reducir el déficit fiscal. 

Hasta el Fondo Monetario Internacional se despegó de esas expresiones del fundamentalismo neoliberal al recomendar la implementación de políticas de reparación para los sectores afectados de manera directa y de estímulo para las economías en general. 

El gobierno argentino trabaja en esa dirección y aunque la situación actual sea de gran incertidumbre, tiene la oportunidad de reforzar el concepto con el que llegó al poder: los muertos no pagan.

La Argentina no sufrió los efectos de una pandemia los últimos cuatro años, pero la situación en que la dejó el gobierno de Mauricio Macri es lo que quiere evitar el FMI cuando recomienda salir en rescate de las economías del mundo. 

El organismo, bajo la conducción de su nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, advierte que dejar hundir las capacidades productivas agravará el cuadro general. En rigor no es algo nuevo. En 2008 hizo lo mismo con la anterior gran crisis internacional, con epicentro en Estados Unidos, por el estallido de las hipotecas subprime. 

Es claro que cuando los descalabros golpean a las economías centrales, las recomendaciones de planes de austeridad pasan a un segundo plano. Georgieva, también es necesario marcarlo, viene mostrando diferencias con ese concepto desde el inicio de su gestión.

A nivel local, ahora que la crisis aprieta parecen comprenderlo también quienes despotricaban contra la presencia del Estado con el argumento del gasto público. En este momento se advierte que el plan Conectar Igualdad de distribución de computadoras entre los alumnos era un mecanismo de desarrollo de capacidades que hoy serían muy útiles para la educación virtual. 

Es todavía más obvia la importancia de la aerolínea de bandera o del Banco Nación en manos del Estado para asistir a quienes más lo necesitan. Hasta el acceso libre a un bien cultural de los argentinos como el fútbol es revalorizado en estos días de cuarentena. Son debates que se resignifican en las circunstancias actuales y que deben dejar aprendizajes más allá de las urgencias.

El punto de conflicto es cómo financiar todo ello. Aquellos que se quejan del gasto público representan los intereses de sectores empresarios concentrados y de cúpulas sociales que los anteponen a un crecimiento equilibrado e inclusivo. 

El lockout rural de la semana pasada en defensa de 14.500 productores de soja de más de mil toneladas es un buen ejemplo. El fracaso de la Mesa de Enlace en su búsqueda de acompañamiento social para esa disputa es un hecho político que el Gobierno podrá hacer valer, ahora que tiene que aumentar el gasto público, emitir, postergar a acreedores en moneda local y a grandes bonistas extranjeros, porque la prioridad es la emergencia general. 

Una vez que eso pase, las políticas de redistribución del ingreso, de atención a los más necesitados, de desarrollo productivo e inclusión social, tendrán que seguir más que nunca.