Después de una áspera discusión interna y de que varios otros tribunales comenzaran a tomar medidas por su cuenta, la Corte Suprema declaró días inhábiles desde el 16 al 31 de marzo en el sistema judicial nacional como medida frente a la expansión del coronavirus. Los supremos no usaron en su decisión unánime la palabra “feria”, aunque lo que sucederá se le parece bastante. Habrá mínima actividad en tribunales: el personal quedará eximido de concurrir a trabajar aunque gozará de sus haberes, pero entre jueces/zas y funcionarios/as garantizarán “una prestación mínima del servicio de justicia” en todas las dependencias. De estos últimos casos estarán exceptuados de ir a sus despachos los mayores de 65 años, quienes integren grupos de riesgo y quienes deban quedarse al cuidado de menores de edad ante la falta de clases. Dentro de todo el paquete el tribunal tomó una decisión inédita, que es disponer de 40.000.000 de pesos de su llamado “fondo anticíclico” que es dinero que guarda en un plazo fijo, para “afrontar las medidas de emergencia sanitaria”. Es una porción pequeña, cerca del 0,15 por ciento del total.

Desde la semana pasada la Unión de Empleados de la Justicia, gremio que lidera Julio Piumato, y el Colegio de Abogados porteño, venían reclamando una feria judicial extraordinaria. Luego se empezaron a sumar otras entidades y asociaciones, como la Junta de presidentes de Cámaras Federales. La Corte en un comienzo estableció medidas sanitarias básicas en línea con las disposiciones del Ministerio de Salud y creó una comisión para controlar y seguir la situación epidemiológica, que se reunió el viernes último. La integran el decano del Cuerpo Médico Forense, Luis Ginesín, el titular de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonon, y el director de Medicina Preventiva del alto tribunal, Ignacio Parra. 

 Tal como estaba el panorama entonces, los supremos pensaban reunirse recién este martes para decidir el rumbo a seguir. Pero el domingo, cuando se sabía que el Gobierno anunciaría nuevas disposiciones ante la pandemia, hubo un encuentro de emergencia en plena tarde para analizar la situación con los especialistas al que fueron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que deliberaron también con representantes de las demás vocalías, menos de la de Ricardo Lorenzetti. Los primeros no querían declarar una feria judicial lisa y llana, pero Lorenzetti sí, invocando la feria durante la gripe A en 2009 cuando él presidía la Corte, y se generaron una serie de chisporroteos insólitos con mensajes cruzados a través de algunos medios.

El plenario de ayer empezó con cierta tirantez, cuando Rosenkrantz y Rosatti le plantearon a Lorenzetti que no era buen momento, en medio de semejante contexto urgente, “para andar peleando”. En la reunión estuvieron todos menos Juan Carlos Maqueda, que llegó de Estados Unidos y cumplirá la cuarentena obligatoria. El resto de los supremos, mayores de 60 años, decidieron ir personalmente y lo seguirían haciendo en los próximos días. La disposición del Gobierno, a menos que sean personas con problemas de salud de base que las vuelva más vulnerables, es que la licencia para mayor de esa edad es voluntaria, pero conveniente.

Finalmente la Corte definió medidas muy similares a las de una feria, pero que no lo son, que dejaron tranquilos igual a todos los que la reclamaban. La acordada llegó en plena tarde, cuando ya habían tomado decisiones para sí múltiples otros tribunales, como la Cámara de Casación Penal Federal, la Cámara del Crimen y la Cámara Federal de Comodoro Py, en el ámbito porteño. 

Todos coinciden en reemplazar audiencias orales por memoriales; usar videoconferencias cuando haga falta y reducir la presencia de personal (por ejemplo Casación estableció que sea en un 50 por ciento), además de que la mayoría de los juicios orales se suspenden. En la provincia de Buenos Aires, la Corte local dispuso asueto hasta el 31 de marzo, y solo trabajarán los juzgados de turno. Esto sería lo más parecido a una feria. 

Con el correr del día la mayoría de las provincias fueron sumando sus disposiciones. Las de la Corte Suprema aplican para la justicia nacional. Lo consensuado finalmente está en línea con lo que dispuso hasta ahora el Poder Ejecutivo y causará un impacto fuerte en la actividad judicial, que será ínfima. En el tribunal, incluso dicen que se podrían prolongar o agravar. El objetivo por el momento, explicaron, es reducir la circulación de personas por los tribunales y proteger a quienes los integran y que según los criterios médicos están más expuestos, además de prever la situación de quienes deben cuidar niños y niñas ante la suspensión de clases.

* La Corte declaró “inhábiles” todos los días desde el 16 hasta el 31 de marzo para la justicia nacional.

* Eso no implica que no haya actividad. Habrá, pero será mínima e indispensable. Estará a cargo de jueces/as y funcionarios/as. Hay excepciones: los mayores de 65 años (la presencia será voluntaria), las personas que se encuentran en grupos de riesgo, mujeres embarazadas, y quienes requieren una licencia especial para atender a niños y niñas o adolescentes. Podrán estar exceptuados por 14 días.

* El resto del personal no prestará servicios: recibe licencia con goce de haberes.

* No habrá atención al público, salvo para “actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y /o las partes”. También se podrá pedir habilitación de días para temas que no admitan demoras.

* La Corte ordena que todo trámite se haga en formato digital. En el tribunal, ante las quejas de abogados, sostienen que la actividad será menor pero no inexistente.

* En los tribunales donde haya existido un caso con diagnóstico de COVID 19 o sea considerado “sospechoso” habrá licencia para el personal y se suspenderá la actividad.

* Se suspenderán los plazos procesales de las causas (son los plazos para hacer determinadas presentaciones, como apelaciones, o la forma en que se cuenta la prescripción, entre otros ejemplos).

* Una medida novedosa es que la Corte pone a disposición 40 millones de pesos del llamado fondo anticíclico, que es dinero ahorrado que tiene en plazos fijos para situaciones de emergencia. Es, en especial, para la compra de insumos ante la emergencia sanitaria y contrataciones urgentes. Por lo pronto, el comité especializado señaló la necesidad de provisión de elementos básicos de higiene (algunas de las cuales están en falta como el alcohol en gel) y salud, como kits con termómetros especiales. El fondo anticíclico fue foco de atención cuando la corporación judicial discutía la eliminación de las jubilaciones de privilegio. El total de esos depósitos, según el tribunal, son cerca de 26.000 millones de pesos.

Así las cosas, el panorama es que habrá muy poco movimiento en los tribunales. Los supremos se vuelven a reunir este martes y se mostrarán activos. Habrá nuevas discusiones en puerta, que es la situación de personas privadas de la libertad que plantean tener factores de riesgo y piden prisión domiciliaria. La Cámara de Casación reconoció las cárceles como posible lugar de contagio.