El coronavirus se convirtió, tal como se esperaba, en una nueva posibilidad que represores detenidos condenados e investigados por crímenes de lesa humanidad tienen de burlar el encierro: la mayoría son mayores de 65 años e integran el sector de la población en riesgo ante la expansión de coronavirus. Los juzgados ya comenzaron a recibir pedidos de arresto domiciliario de parte de sus defensores, amparados en el peligro de contagio del Covid-19.  

Al momento, no existe ninguna resolución oficial de parte del Servicio Penitenciario Federal relacionada a la situación en las cárceles y la circulación de coronavirus. No se han limitado las visitas. De hecho, el pasado fin de semana hubo revisiones médicas exhaustivas a familiares de personas en situación de encierro que acudieron a visitarlos en cárceles federales y bonaerenses. Y, según se conoció a través de la prensa, la institución solicitó a los penales la elaboración de listas de detenidos y detenidas en situación de riesgo --mayores de 65 años, afectados con diversas dolencias como diabetes y enfermedades respiratorias, embarazadas-- que deberían estar resueltas el jueves.

Sin embargo, los represores condenados por delitos de lesa humanidad o que cursan prisiones preventivas mientras su participación en esos crímenes es investigada, aprovecharon la combinación de la emergencia penitenciaria declarada el año pasado --y que responde, básicamente, al hacinamiento que se vive en los penales, cárceles y comisarías de todo el país-- para insistir en lo que siempre: irse a sus casas.


“No tienen que ser excarcelados" 

“No tienen que ser excarcelados ni sus condiciones de detención deberían ser morigeradas producto del coronavirus. Por lo menos, por ahora”, apuntó a este diario la titular de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Ángeles Ramos. Hasta ayer, los pedidos de arresto domiciliario no eran masivos --los hubo en la región de Cuyo, en Rosario, en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en San Martín y en su totalidad alcanzan el 10 por ciento de la población de detenidos por estos crímenes--, lo que no quita que en breve se agrupen más. Basta que haya un caso en el que se haya habilitado el beneficio para que suceda la catarata.

En ese sentido, la fiscal apuntó que la ley que regula el arresto domiciliario es “clara” en el sentido de que “no habilita per sé el arresto cuando se dan determinadas condiciones, como la edad y situaciones de salud determinadas que no puedan ser atendidas en el sistema penitenciario”.

Con esa jurisprudencia cuenta cada juez que debe decidir si otorga el beneficio, en combinación con algunas recomendaciones emitidas por la Cámara de Casación Penal y la Cámara del Crimen emitió la semana pasada, como por ejemplo la de dar pronto despacho a los pedidos de excarcelaciones y de prisiones domiciliarias. Además, “encomendaron recaudos en materia de situación sanitaria, pero eso no quiere decir que haya que resolver en un sentido o en otro”, advirtió Ramos.

Para la fiscal, la habilitación del beneficio del arresto domiciliario “debe ser tomada con muchas precauciones”: “Hay que evitar que el arresto domiciliario se vuelva una encarcelación encubierta así como no confundir la necesidad de cuidado de la población con sacarse un problema de encima”, remarcó. “Si saco un detenido de la cárcel, le quito un problema de encima al Servicio Penitenciario, pero ¿a quien se lo cargo? Es primordial que el Estado esté encima de la situación, porque si empezamos a sacar de las cárceles a detenidos por malas condiciones de asistencia, saturamos el sistema de salud de afuera de las cárceles. Lo que hay que hacer es asistir a los detenidos mientras están detenidos”, explicó.


El temor a una salida masiva de genocidas

Según las consultas realizadas por este diario, varios abogades vinculados con las causas que investigan los delitos cometidos durante la última dictadura, en mayor o menor medida, temen un vaciamiento de las cárceles de presos de lesa humanidad producto de la situación extraordinaria provocada por el Covid-19, que se combina con una “presión desde hace años” del Servicio Penitenciario Federal de deshacerse de los represores presos. “El Estado tiene responsabilidades adquiridas en materia de lesa humanidad que lo obligan a tomar medidas que impidan una salida masiva de genocidas encubierta en la pandemia”, apuntó Guadalupe Godoy, que trabaja en diversas causas radicadas en La Plata.

Hasta el momento, no hay reporte alguno de casos siquiera sospechosos intramuros. En esa línea, voces que provienen del universo de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos se preguntan "dónde van a estar más protegidas estas personas que en un contexto de control exhaustivo como lo es una cárcel". 

De igual forma, tampoco se sabe a ciencia cierta qué tipo de protocolo está aplicando el Servicio Penitenciario Federal, si es que está aplicando alguno preexistente o si elaboró alguno propio, para evitar que el virus ingrese a los penales. La Procuración Penitenciaria Nacional requirió al Servicio y a otras fuerzas de seguridad, información acerca de la implementación del protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación sobre el virus Covid-19, pero no tuvo novedades al respecto. Ahí apuntó Ramos, que reclamó que el Servicio Penitenciario “aplique un protocolo adecuado de tratamiento y contención” de la pandemia. 


La quincena inhábil en la Justicia

A la excusa en la que se convirtió el coronavirus para genocidas con ganas de abandonar las cárceles, se sumó ayer la decisión de la Corte Suprema de limitar al mínimo la atención judicial hasta fin de mes, en principio, y el peligro que eso implica para el ya lento avance de los juicios de lesa. La medida no implica un freno total de la actividad tribunalicia, pero casi: la acordada asegura “una prestación mínima del servicio de justicia” en todas las dependencias. El día a día, en tanto, se trasladó “en la medida de lo posible” al área virtual. 

Al respecto, Ramos apuntó que la decisión de los supremos “puede implicar una suspensión de plazos pero no invalida actos de Justicia. Es decir que si algún tribunal quiere continuar con un juicio, si las partes acuerdan y se toman los resguardos necesarios, no habría razón para no hacerlo”. En algunas jurisdicciones, ya se han suspendido audiencias.

La fiscal, además, plantea el análisis “en cada caso” y la posibilidad de trabajar “con las herramientas tecnológicas” para garantizar la continuidad de los juicios. “Los testigos pueden declarar vía teleconferencia, si el debate está en etapa de alegatos, se puede limitar la cantidad de personas en la sala, en la medida de que no haya quienes estén en situación de riesgo, y tomar los resguardos recomendados”, sostuvo. El cuarto juicio que se desarrolla por los crímenes de la Esma, por ejemplo, continuó ayer sin público y se fijó la próxima audiencia para el próximo 26 de marzo. Aún no se ha suspendido.