El Ministerio Público de la Acusación creó una Unidad Especializada para atender delitos relacionados con el coronavirus, como el incumplimiento de la cuarentena de quienes llegaron del exterior. La resolución del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal modifica la estructura de trabajo y crea la oficina que quedó a cargo del fiscal Gustavo Ponce Asahad, luego de que hayan tenido que ordenarse siete -cinco en la nueva unidad- detenciones domiciliarias por incumplir el aislamiento de 14 días ordenado por el Gobierno Nacional, y realizar notificaciones acerca de que debe cumplirse la medida vigente. La idea es dar "agilidad" a las acciones penales vinculadas con la epidemia.

"Las denuncias vienen sucediéndose desde el viernes, en el turno de Flagrancia, y fueron entre 20 y 30 de las cuales siete fueron judicializadas. Están denunciando personas con alto sentido de responsabilidad ciudadana. Quienes violan la cuarentena suelen ser personas con acceso a todos los niveles de educación, contacto con medios de información y que pasaron por los pasos fronterizos. No se puede desconocer la situación y obligaciones. Hay un gran sentido de irresponsabilidad y poca solidaridad", dijo Ponse Asahad, a horas de haber asumido la nueva función. "De los que violaron la cuarentena, tenemos dos casos que fueron atendidos en el turno de Flagrancia y a partir de que asumí, al mediodía, dispuse la detención de otras cinco personas", agregó el fiscal. "Las penas -según indicó el funcionario judicial- van de seis meses a dos años, por propagar o introducir enfermedades de corte pandémico; y de 15 días a un año por desobedecer una orden de autoridad competente. Es decir que una misma conducta deviene en dos figuras penales", aclaró.

El domingo se conoció el primero de los casos: una joven fue detenida en su casa luego de que se denunciara que había llegado de Europa y burló la cuarentena. El lunes, un hombre de 43 años llegó de Estados Unidos y se presentó en el Policlínico Pami II, donde hay decenas de personas mayores de 60 años, a visitar a un paciente internado y fue denunciado por el mismo titular del efector, por lo que también quedó con arresto domiciliario. Ayer por la mañana se conoció el caso de M. M., un vecino de las Torres Maui, que fue denunciado por incumplir la misma medida tras haber estado en Estados Unidos -con escala en Perú en el viaje de regreso- y quedó preso en su departamento. Por la tarde se sumaron cuatro más: S. F., proveniente de Brasil; C. P. que llegó de Europa y está con detención en la vivienda de Suipacha al 4900; F. S., proveniente de Estados Unidos, detenido en su casa de Zevallos al 100, y M. P., proveniente de Brasil, con detención en Sarmiento al 400. Todos serán imputados cuando hayan cumplido el plazo de cuarentena. En tanto, se conocieron otras situaciones que requirieron notificaciones, como la de una mujer de 70 años que anteayer fue encontrada haciendo compras, en la zona de Constitución al 3600. 

 "Las penas van de seis meses a dos años, por propagar o introducir enfermedades de corte pandémico; y de 15 días a un año por desobedecer una orden de autoridad competente" 

"Frente a la situación de emergencia sanitaria y las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, como las contenidas en el ordenamiento penal vigente en orden a la violación e inobservancia de tales medidas, y teniendo en cuenta el incremento que supone en las tareas de este Ministerio la atención de dichos casos, resulta pertinente modificar la estructura por el tiempo que sea necesario", expresa el comunicado emitido ayer, pasado el mediodía, sobre las resoluciones 82 y 83 de 2020. La medida tiene que ver con la necesidad de hacer frente a la Emergencia Nacional. La resolución se fundamenta en la "necesidad de dar una respuesta institucional rápida, generando una coordinación fluida y eficaz, con actores públicos y privados intervinientes", reza la decisión que consideraron "imperiosa".

El objetivo será ocuparse de aquellos hechos delictivos relacionados con el coronavirus, desde su propagación, violación de aislamiento y demás medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en los últimos días, o que desobedezcan a la autoridad en las órdenes que dicte al respecto. La nueva unidad fiscal tendrá como tarea "evacuar y resolver" las consultas policiales en relación a los hechos con apariencia de delito, con una unificación de criterios para su abordaje y centralización, en todo el territorio de competencia de la Fiscalía Regional.

Según indicaron desde el MPA, en lo que respecta a las Fiscalías descentralizadas de la sede Rosario, "la consulta se canalizará de inmediato a través de la coordinación de las Unidades Fiscales del interior que estarán en contacto con la Unidad especial".