Rodrigo Sbarra, el hombre de los 10 mil dólares olvidados en un cajón de ex Ministerio de la Producción, donde era secretario de Coordinación, fue imputado por nuevos hechos ya que el fiscal federal Jorge Di Lello considera que pudo haber montado junto con otros ex funcionarios y allegados un sistema de desvío de fondos. El dictamen de la fiscalía se basa en una denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), en la que señaló diversos mecanismos que mostrarían el funcionamiento de un sistema de recaudación ilegal durante el gobierno de Cambiemos. También quedó bajo sospecha el ex subsecreatrio de coordinación de la ex secretaría de Trabajo Sebastián Bideberripe, junto con más integrantes de los equipos de los ex ministros Francisco Cabrera y Dante Sica.

Esta causa es un desprendimiento de la que puso a Sbarra por primera vez en el centro de la escena, cuando apareció el sobre con los dólares detrás de un cajón del escritorio que utilizó durante su gestión, y el fiscal Gerardo Pollicita detectó que probablemente era plata para pagar un lote en Nordelta, que nunca había declarado, como tampoco los dólares con que hizo un primer pago de 80 mil dólares, en 2016. Pollicita investiga lavado de dinero y podría sumar otros delitos. Detectó que Sbarra pagaba cuotas de 3300 dólares, y todo indicaría que con el dinero guardado en su oficina saldaría las últimas. Con el correr de los días recibió información de sus declaraciones juradas, que saltaron de un patrimonio de 1 millón de pesos en 2015 a casi 30 millones en la última presentación ante la Oficina Anticorrupción. Había incluido dos lotes en Navarro, pero uno de los hallazgos también recientes es que en ellos se construyó una mansión, tampoco declarada.

La denuncia de Tailhade, basada en información que él había recibido, señalaba un grupo de empresas que tendrían vinculación con el ex funcionario, utilizadas para los supuestos desvíos. El juez de la causa del fajo con dólares, Julián Ercolini, mandó la denuncia del diputado a sorteo porque consideró que podían ser cuestiones independientes. Le tocó a Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Di Lello, que encontró motivos para impulsar una causa penal. De todos modos el juez volvió girar el tema a Ercolini y la competencia deberá ser definida por la Cámara Federal. La nueva imputación de Di Lello tiene algunos días ya, pero se conoció ahora.

El planteo recuerda dos mecanismos posibles de desvío de dinero apuntados por Tailhade. Uno, dice Di Lello, es “la contratación de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70 por ciento de lo facturado a la organización, utilizándose como marco legal los convenios que la cartera firmó con (la consultora) CEDYAT y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires”. El otro: “El pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicarían retornos, en los términos del denunciante. En estas acciones operarían Sociedades Anónimas Simplificadas de los propios funcionarios”.

Un nombre clave que aparecía en la denuncia es imputado por el fiscal: Claudio Giménez, señalado como presunto testaferro de Sbarra. Se lo menciona como supuesto recaudador, y alguien que a su vez figuraba en empresas ligadas a Sbarra, como Arquigreen, firma aparentemente familiar, que el ex funcionario presidió para ser reemplazado por su esposa, y luego por Giménez. Este, dice el denunciante, llevaba dinero recaudado a un departamento en avenida Belgrano 406, donde lo recibía María Fernanda Inza, involucrada en el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos. Ambos están imputados también ahora.

También existe la sospecha de que Sbarra habría creado al menos “dos sociedades anónimas simplificadas”, una llamada Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS. Le habrían facturado al Ministerio de la Producción 24 millones de pesos por mes cada una, según denunció Tailhade que supo desde la Secretaría de Trabajo, donde definía Bideberripe. Desarrollo Digitales tenía como domicilio el departamento de Avenida Belgrano y lo administraría el hermano de Giménez. La sociedad, sería titular de un Mercedes Benz Clase V8 que usaba Sbarra, valuado en más de 100 mil dólares. Depuración Sustentable también tenía dos Chevrolet modelo 2018 a su nombre. Otras sociedades en la mira, que le facturaban al ministerio son: Produtecno SAS, ligada a Maximiliano Guida, mano derecha de Bideberripe y “43+1”. Según el dictamen de Di Lello habrían cobrado sobrefacturaciones. Produtecno facturó 103 mil pesos por tres soportes de TV, cuyo valor sería el 10 por ciento. “43+1” en 2019 habría facturado al ministerio 25 millones (17 millones en luces led y 1,4 millones por una puerta antipánico).

El fiscal solicitó medidas, como pedir al Ministerio de la Producción todos los convenios con CEDYAT y la Facultad de Económicas, más personas contratadas, todo el personal de la cartera y documentación que los vincule con los imputados, todos los contratos con las empresas sospechadas y a la Sindicatura General de la Nación un informe que habría comprometido a Bideberripe cuando era director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por hechos similares. Ahora habrá que ver qué juzgado se queda con la causa sobre los posibles desvíos.