"Al amparo de las medidas y recomendaciones sanitarias que el Estado está adoptando para preservar la vida y la salud de la población privada de su libertad se esconde el intento de los genocidas de lograr nuevamente su impunidad." La advertencia proviene de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la difundió tras conocer que, en el marco de la expansión del coronavirus, están llegando a los juzgados listados de personas detenidas en situación de riesgo entre las que figuran represores. Reclamaron al Estado que tome medidas para que "la tragedia no sea motivo de recompensa para los genocidas".  

A través de un comunicado, el organismo compartió un listado que llegó a diversos despachos de la Justicia Federal con una treintena de personas en situación de encierro en el penal de Ezeiza que tienen más de 60 años y padecen diversas dolencias que van desde diabetes hasta cáncer, pasando por afecciones respiratorias y cardíacas. Casi la mitad de la lista la integran represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos del Circuito ABO, como Juan Donocik; Orletti, como Miguel Angel Furci y Juan Carlos Avena; Vesubio, como Diego Chemes, Florencio Gonceski, Milcíades Loza y Hugo Rodrigues; y Unidad Penal 9, entre otros. 

El listado, que se sospecha se repite en los distintos penales, fue elaborado por cada unidad del Servicio Penitenciario Federal por pedido de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. En una nota remitida a diferentes complejos penitenciarios el pasado viernes, el funcionario de esa comisión Carlos Llera solicitó que de manera "urgente" cada institución remita una lista "de internos con factor de riesgo frente a un eventual contagio de coronavirus", y pidió que se icluyera "internos mayores de 60 años con antecedentes de patologías crónicas cardiovasculares, que sufran hipertensión, diabetes o cáncer e internos con problemas respiratorios crónicos". Por último, pidió que esa nota "indique la judicatura a cargo de los internos que compongan la nómina". 

A partir del martes pasado, las listas comenzaron a llegar a manos de los jueces. En el documento difundido, les referentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integrado por muches abogades que trabajan en la representación de familiares de víctimas y sobrevivientes de crímenes durante el terrorismo de Estado, advirtieron que la situación extraordinaria generada por el coronavirus y las diversas políticas implementadas por el Estado para prevenir su circulación y posible expansión generaron la posibilidad de que represores soliciten a los tribunales que "los liberen o envíen a domiciliaria", lo que "pretende consagrar en la Argentina otro tramo de impunidad como los ya vividos en las décadas del 80 y 90 por las leyes que los liberaron".

Desde el organismo, incluso, señalaron que los listados están elaborados "de manera muy discrecional, porque hay genocidas que se los cosnidera en riesgos y presos comunes a los que no", apuntaron. 

"Durante mucho tiempo los genocidas lograron eludir la Justicia y luego obtuvieron condiciones de privilegio respecto del resto de la población carcelaria, que sufre hacinamiento, malas condiciones de salubridad y escasa atención médica. Resulta preocupante que antes que la resolución de la situación de mujeres con niños, inmunodeprimidos, enfermos graves o terminales, estén ya circulando en los juzgados las listas de genocidas a los que 'hay que liberar'", señala el comunicado.

Por último, reclamaron acciones al Estado, que "tiene el deber de perseguir y sancionar delitos de lesa humanidad". "Aprovechar la tragedia, no puede ser motivo de recompensa para los genocidas", concluyeron.