El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de catástrofe en todo el país para afrontar la pandemia del coronavirus, que suma ya 238 contagios. La medida que entrará en vigencia a partir del jueves permitirá restringir reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes, limitar el tránsito y establecer cuarentenas o toques de queda. También habilitará la colaboración del ejército en el sistema de salud. El decreto, que regirá por 90 días, pone en riesgo las numerosas marchas convocadas en el mes de marzo y el esperado plebiscito constitucional programado para el 26 de abril. La oposición chilena saludó la declaración del estado de catástrofe, aunque aprovechó la ocasión para presentar un proyecto de ley, redactado por la diputada Camila Vallejo, que busca frenar despidos y descuentos a trabajadores por un lapso de cuatro meses.
En su breve discurso desde La Moneda, Piñera explicó que el estado de catástrofe permitirá "dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud; proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario".
El decreto también autoriza a "resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y las medidas de aislamiento social que hemos establecido; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población; proteger y resguardar mejor nuestras fronteras".
El mandatario podrá disponer de las fuerzas armadas "como verdaderas fuerzas sanitarias" para colaborar en el sistema de salud. "Este estado de catástrofe permite una valiosa y necesaria colaboración de las fuerzas armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de Jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las zonas respectivas, velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional", manifestó.
Referentes de la oposición chilena consideran que el estado de catástrofe es una medida necesaria, aunque "se tiene que usar con responsabilidad". La diputada Camila Vallejo acompañada por el diputado Daniel Núñez, ambos del Partido Comunista, y Manuel Monsalve del Partido Socialista, ingresaron un proyecto de ley que busca suspender la aplicación de las causales de "despido por necesidades de la empresa o fuerza mayor" ante la emergencia del coronavirus. De ser aprobada, la medida regiría durante los próximos cuatro meses.
"Este proyecto es para abrir la discusión y convocar al ejecutivo para que pueda ponerse a disposición de este debate y tomar las medidas que le competen. No podemos hacer una llamado a la responsabilidad por parte del gobierno, sin adoptar las medidas laborales que corresponden. Las y los trabajadores necesitan el resguardo de su fuente laboral", detalló la parlamentaria autora del documento.
Hasta el momento, Chile había impuesto como medida más restrictiva el cierre de sus fronteras, que entró en vigencia a primera hora del miércoles. Poco antes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había informado que se registraban 35 nuevos casos de contagiados por coronavirus, lo cual elevó 238 el total de personas infectadas. Mañalich resaltó además que se generó el primer caso de una persona enferma sin haber viajado al extranjero.
Más allá del brote de coronavirus, el país se encuentra en medio de una crisis social desde octubre del año pasado, por la que millones de chilenos reclaman cambios urgentes al modelo. Este mes de marzo es especial en ese sentido, ya que luego del receso por vacaciones numerosas movilizaciones gozaron de una masiva convocatoria. Se presume que ahora, luego de las nuevas medidas, las marchas programadas para los próximos días y semanas pierdan peso.
Sin embargo, el Secretario General del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona, no cree que la movilización popular esté en juego. "Creo que si el gobierno no responde como se requiere, la gente va a protestar desde la casa, va a cacerolear, va a tocar la bocina o hacer algo denunciando lo que no está haciendo el gobierno y debería hacer", explicó.
Para el 26 de abril está previsto un plebiscito para decidir una nueva Constitución y la composición del organismo que debe redactarla, una de las mayores exigencias de la sociedad chilena. En ese sentido, el lunes pasado presidentes de partidos políticos de todos los sectores mantuvieron una reunión con representantes del Colegio Médico, y acordaron estar dispuestos a aplazar la fecha si fuera necesario.
