Cuando toda la comunidad está requiriendo disminuir el tránsito y aglomeración de personas y la incidencia en el sistema de salud, la cárcel sigue siendo el mejor lugar para los genocidas. Por la seguridad sanitaria que puede garantizar, por la restricción de visitas externas que disminuyen el contagio, por la capacidad para actuar con rapidez en caso de descompensación.
Desde la Comisión Vesubio y Puente 12 denunciamos el intento de lograr -aprovechando una situación de extrema sensibilidad social- la prisión domiciliaria para cientos de genocidas. Se trata de una trampa que busca sentar un precedente incluso para casos donde la edad o el estado de salud de los represores presos no son un factor a evaluar. El hogar para condenados por delitos de lesa humanidad debe ser la cárcel: ésa es su domiciliaria. Así lo determinan los tratados internacionales de derechos humanos, de los que somos parte firmante como nación, y nuestra propia sociedad a través del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia, que viene construyendo el juicio y castigo en cárcel común como el mejor escenario de reparación para sus miles de víctimas. También la cárcel debe seguir siendo su hogar cuando, apelando a la responsabilidad social, se torna imperioso adoptar medidas de distancia corporal, higiene frecuente y restricción de movilidad ciudadana.
El traslado y dispersión de genocidas en condiciones de improbable control estatal por la falta de tobilleras electrónicas va en contra de las prácticas de cuidados mutuos y restricción de la circulación que nos involucran como comunidad. Los genocidas que permanecen en prisión gozan de condiciones de detención privilegiadas, muy diferentes a las del resto de la población carcelaria, cumpliendo condenas y prisiones preventivas en pabellones especiales, sin hacinamiento y con constante observación del respeto a sus derechos. Estas cárceles son exclusivas y cuentan en todos los casos con servicios de salud accesibles y disponibilidad inmediatos.
En el presente contexto de pandemia global, exigimos que los asesinos permanezcan en la cárcel, con todas las garantías de higiene y atención de que ya disfrutan, sumadas a las que resulten pertinentes en la emergencia, por su integridad sanitaria; pero también y aún más, por el resguardo ético del conjunto social.
* Inés Vázquez es antropóloga social, integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12.
