Ale, prefiere reservar su identidad. Frente a las medidas para prevenir el contagio de coronavirus como docente de nivel medio, el Estado la obliga a concurrir a su lugar de trabajo, al mismo tiempo que le niega atención como usuaria del Programa Integral de Asistencia a la Víctima de Violencia Sexual.
“El martes debí asistir al programa Atención a Mujeres Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual pero el lunes recibí un llamado en que me avisaban la suspensión del programa por las medidas de restricción sanitaria, para reducir la circulación social. A pesar de manifestar mi malestar con esta medida no me ofertaron ninguna alternativa de contención y acompañamiento, mi malestar redunda en la falta de estrategias alternativas a un encuentro cara a cara y a que mientras se suspenden estos dispositivos más de la media de les trabajadores debemos seguir concurriendo a nuestros trabajos. No se trata de desconocer la necesidad de medidas de cuidado recíproco entre usuaries y trabajadores, sino que, en este caso, la decisión institucional es expulsiva.
Mi situación emocional actual es muy endeble, como la de muches sobrevivientes de violencia sexual, y cada tanto alguna vivencia nos actualiza esa herida y un proceso de resiliencia inacabado. Hoy no soy una persona que está en riesgo por una situación de proximidad con mi agresor, pero qué ocurre con quienes no tienen la misma suerte que yo frente a esta suspensión de dispositivos de atención. No cuestiono a las trabajadoras del programa sino a la decisión institucional, que a su vez, no se tomó porque se evaluó que mi caso podía esperar, sino que es la misma medida para todes les usuaries.
Una medida que se da a la par que desde el Ministerio de Educación resuelve suspender las clases, pero expone a trabajadores de la educación, aunque no haya presencia de estudiantes, y no por una cuestión de guardias mínimas para garantizar la distribución de viandas (ya que muches pibes comen en las escuelas) sino, por una falta de criterio y descuido frente a les trabajadores. Por un lado, recibo este mensaje como trabajadora de la educación, mientras como sobreviviente y usuaria de un programa de asistencia a violencia machista, frente a mi angustia por la cancelación del espacio sin cualquier alternativa que no sea presencial, hasta en principio después del 31 de marzo, me dicen que es para garantizar un cuidado colectivo al reducir la circulación social en este momento excepcional por el coronavirus.
Mientras se enfrenta el coronavirus nuestras vidas y las violencias del sistema continúan, violencias que incluso se manifiestan en las medidas contradictorias entre sí de diferentes instituciones del Estado que me indican una cosa como trabajadora y otra como usuaria. Es fundamental que se desplieguen alternativas para enfrentar la violencia machista y no que se deje sin acompañamiento a les sobrevivientes.”
