–¿Por qué lanzaron un plan de Lucha?

–Teníamos resuelto desarrollar para el día 13 una asamblea en Plaza de Mayo, con debates, paneles. Pero después de revisar lo que sucedió en la marcha de la CGT con 400 mil personas que reclamaron una medida de fuerza más firme que la que el consejo directivo mencionó y de lo que venían planteando nuestras asambleas populares en las barridas, decidimos intensificar el tenor de la actividad pasar a un plan de acción más duro teniendo en cuenta las dificultades que hay en el territorio, en el tejido social. Existe una situación en que los trabajadores exigen más firmeza con el Gobierno, tanto a la CGT, a los gremios y a nosotros también nos pasa, por eso decidimos acciones en 300 puntos del país que incluirán ollas populares, cortes de ruta y asambleas en las veras de las calles porque la situación es muy dura.

–¿Cuáles son los planteos?

–Los grandes incumplimientos en los programas de infraestructura social, con una demora de cinco meses y lo que significa que hay compañeros sin trabajar. De los diez programas de vivienda, siete están parados o sin empezar. Hace tres meses y medio que el Estado no hace llegar la leche para los comedores escolares. Sumado a la problemática estructural de despidos, inflación, donde el índice de la canasta familiar para no caer en la pobreza está en 13 mil pesos, y nuestros compañeros cobran 5 mil... No vemos una situación macro que mejore.

–¿Los acuerdos previos a la sanción de la ley de Emergencia Social no se han cumplido?

–Se cumplieron parcialmente con los aumentos en los planes y el aguinaldo social, pero la situación previa es muy grave. Está claro que la publicación el viernes de la Emergencia Social es un golpe de efecto para contrarrestar los datos de la UCA, donde se demuestra cómo han crecido los enormes índices de pobreza e indigencia. Hay un deterioro importante del tejido social.

–¿La implementación tardía de la emergencia solo alcanzaría para paliar la actual situación de los sectores socialmente vulnerables?

–Siempre hemos dicho que la ley es un paliativo, respondía a una situación de emergencia en diciembre, hoy a mediados de marzo la situación se agravó aun más. Recién hoy el Gobierno reglamenta una norma en la que no está claro cómo se van a designar los fondos para crear los 400 mil salarios sociales complementarios.

–¿Cuál es la situación en los barrios?

–Es muy grave. En los comederos aumenta la cantidad de pibes, los precios y los despidos también. Por eso nosotros hacemos lo que nos piden las asambleas de barrio, que son nuestro termómetro a la hora de evaluar las condiciones en el territorio.

–¿De qué manera se agravaron las condiciones?

–En el transcurso de 2016, nosotros dábamos asistencia a 120 mil pibes nuevos con respecto a 2015. De diciembre hasta acá hay otros diez mil pibes nuevos. Ese es un dato concreto. Si seguimos a este ritmo, con el incremento de la pobreza en cuatro años del gobierno de Macri, de acuerdo a los datos de la UCA, en 2019 vamos a estar en el 50 por ciento de pobreza. Hay una situación de gravedad y mucha preocupación y el problema es que el Gobierno no escucha, relativiza los problemas, no se hace eco de las representaciones institucionales que de una forma u otra intentan alertar y buscar caminos de resolución. 

–¿Qué expectativas tienen sobre las respuestas que le reclaman al Gobierno?

–Hemos participado en las instancias institucionales y lo seguiremos haciendo en las que nos convoquen, pero nosotros vamos a endurecer nuestra postura porque el crecimiento de la pobreza nos da la razón para exigir que el Gobierno cambie el rumbo económico, que está destruyendo el tejido social: clubes de barrio, sociedad de fomento, pymes, talleres de construcción y costura, se agrava la situación de los trabajadores rurales y aumenta el éxodo hacia la ciudades. Pero el Gobierno cree que todo tiene un color político, y la verdad es que los movimientos que estamos en la CTEP, la CCC y Barrios de Pie tenemos distintas procedencias ideológicas y, sin embargo, vemos los mismos problemas: el Gobierno no puede acusarnos de partidismo.