–¿Cuáles son los motivos por los que decidieron lanzar el plan de lucha?
–La motivación es que el Gobierno está demorando una barbaridad. Cuando se aprobó la ley en diciembre fue por consenso y la coincidencia en que había una situación de emergencia social y esa emergencia ya se agravó. No entendemos porque no se puso en vigencia en enero de este año. En realidad, entendemos, porque pusieron trabas permanentemente, como que solo lo hicieron para sacarse un problema de encima antes de las Fiestas. Les hemos dicho a los funcionarios y ministros sobre el agravamiento de esta situación en estos meses. Nosotros tenemos mucha paciencia, pero también un límite, que es que no se agrave la situación de nuestros compañeros. Además que la ley va a beneficiar a todos, no solo a las organizaciones que peleamos para que salga.
–¿Cuáles son las respuestas que les dan los funcionarios?
–Hasta ahora decían que el Presidente iba a firmar la promulgación y que se publicaría en el Boletín Oficial, que se ha cumplido. Hay prevista una reunión del Consejo Económico Social para el jueves 16, donde vamos con un pliego de catorce puntos para que se ponga en movimiento de inmediato y con plazos concretos, porque la gente no puede seguir esperando los tiempos de trámites administrativos y burocráticos, que sabemos que son engorrosos. Y cuando no se quiere solucionar las cosas, mucho más todavía.
–¿Desconfían de las intenciones del Gobierno?
–Vamos a una jornada nacional el día miércoles para mostrar y hacer más visible a la sociedad lo que hacemos todo el año en las organizaciones con los comedores, las copas de leche y que lamentablemente se ha agravado y nos preocupa enormemente. También el trabajo con la juventud, de la que el Gobierno habla mucho pero la deja desprotegida, porque el agravamiento social hace también que el narcotráfico haga estragos en nuestros barrios. Si no hay respuestas positivas, las organizaciones nos volveremos a reunir para ver qué plan de lucha adoptamos.
–La CCC tiene un trabajo de muchos años en La Matanza, ¿cómo se agravó ahí la situación?
–La industria del calzado, que acá es de las más importantes del país, se derrumbó con despidos y reducción de personal. Cerraron pymes, había muchos frigoríficos que ahora no funcionan o lo hacen parcialmente, salvo Coto, que ha copado el mercado frigorífico en la zona. En los principales centros comerciales del municipio se pueden ver muchísimos locales en alquiler cuando hace más de un año atrás no se conseguía alquilar. Muchos de esos comercios apenas subsisten, pero ya solo con el trabajo de sus propietarios.
–¿Y en los comedores del distrito?
–El incremento ha sido enorme: tenemos comedores en los clubes y hasta una sala de salud para hacer un trabajo conjunto con los médicos y profesionales con los chicos de bajo peso, a los que se atienden prioritariamente. Se han terminado las changas, por eso muchas personas grandes volvieron a los comedores de la tarde-noche.
–¿Qué expectativas tiene sobre las respuestas que esperan del Gobierno?
–Estamos convencidos que eso lo vamos a tener que hacer cumplir ante la dureza de un Gobierno que no quiere aplicar la ley, que tampoco es la solución, pero es un parche importante, porque establece la creación de 400 mil puestos de trabajo a través de los programas sociales y pequeños emprendimientos. Que se cumpla va a depender de que luchemos, que estemos en la calle y no aflojemos, porque en mi caso y el de mi organización desconfiamos de la decisión del Gobierno de aplicar la ley. Les hemos dicho a los funcionarios que nos atienden muy bien, pero la charla sin ningún resultado positivo no sirve. Y por eso decimos también basta de mentir.
–¿Cómo se expresa esa desconfianza en su organización?
–Con reclamos, porque esto se agravó mucho y hay casos de madres solteras que están en estado de desesperación porque los chicos se van a dormir a la noche sin haber llevado nada al estómago.