Los aplausazos de los trabajadores de shoppings en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Rosario no lograron todavía su cometido: el cierre total de los establecimientos por el coronavirus. El gobierno porteño confirmó este miércoles que continuarán abiertos con restricciones. Los cines estarán cerrados y los patios de comida sólo podrán funcionar para expendio, sin permanencia de comensales. Deberá haber una persona cada 16 metros cuadrados, según detalló el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) no se pronunció después de las manifestaciones. IRSA, firma propietaria de 14 shoppings en todo el país, deposita la responsabilidad de la decisión en el gobierno nacional, que el domingo anticipó que la medida estaba siendo analizada.
“Hay una campaña que dice que si no es necesario no salgamos de nuestras casas. Nosotros no vendemos productos de primera necesidad. Creo que hay una falta de respeto, un egoísmo de parte de la gente que concurre al shopping”, dice Juan, un trabajador de un local de calzado del Alto Avellaneda. Allí, la protesta del martes comenzó luego de que el personal de Seguridad del edificio obligara a retirarse a una empleada del stand de Eyelit: había llegado recientemente de Brasil, presentaba síntomas y no estaba cumpliendo con la cuarentena, relata Juan. Dice que el mismo día se supo de otro posible caso, pero la preocupación reinaba desde antes. El local de Complot había permanecido cerrado por desinfección por otro caso en estudio, el único del cual se conoce por ahora el resultado: negativo, indicó a los trabajadores el shopping.
La protesta del martes por la tarde --que en algunos casos tomó la forma de un cacerolazo-- se replicó de manera espontánea en los pasillos casi despoblados del Abasto, Alto Palermo, Recoleta Mall, Galerías Pacífico, Paseo Alcorta, Unicenter y Alto Rosario, entre otros. Los videos circularon por las redes y también algunos impresionantes audios de dueños de locales que presionaban al personal para que volviera a sus puestos. Fue después de esta escena que reaccionó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecycs), liderada por Armando Cavalieri. Pidió a la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que evaluara el cierre de los centros comerciales para “desincentivar la concurrencia de personas, evitar su concentración y cuidar a los trabajadores que deben atender sus locales”. Aún no hubo respuesta. Paradójicamente, antes de exigir esto, la federación había puesto a disposición sus hoteles para el alojamiento de personas que presentaran síntomas del covid-19.
El Grupo IRSA determinó en principio la reducción de los horarios de atención. El Alto Avellaneda le pertenece. Por tanto, aquello que dispone el gobierno porteño, como la restricción de los 16 metros cuadrados --“imposible de cumplir”, según Juan--, también puede recaer sobre este centro comercial ubicado al sur del Gran Buenos Aires. “Estamos expuestos a la atención y sin ningún cuidado de parte del shopping. Trabajamos con plata. No se controla quién ingresa. De todas maneras, la mayoría de las personas pasa tomando helado”, protesta el vendedor. Por estos días vio “familias enteras” paseando por el gigante de cemento. Incluso adultos “con bastón”. También registró cómo de a poco iba reduciéndose el número de gente que llegaba (las ventas cayeron a la mitad este fin de semana). Mientras tanto, los trabajadores se hallaban en la desprotección “total”: algunos locales siquiera les proveían de alcohol en gel y barbijos.
El gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, Sergio Dattilo, sostuvo en diálogo con Página/12: “En Salta nos ordenaron cerrar y cerramos, igual que en Mendoza y en Córdoba por el fin de semana largo. Estamos extremando las medidas. El Gobierno decidió que no hubiera fútbol, cine y gimnasios, pero dice que los shoppings no son un factor de riesgo. ¿Por qué voy a desobedecer una orden? Los que protestaron no son empleados nuestros, sino de los locatarios”.
En el caso del Alto Avellaneda hubo un diálogo entre el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda (SECLA) y la gerenta de IRSA en el mall, Zulma Echeverría. El titular del gremio, Orlando Machado, informó que la gerenta otorgó, en una reunión que tuvo lugar este miércoles, “libertad de acción” a los dueños de los locales para cerrar sus puertas sin ser multados por ello. El sindicato solicitó que fuera así hasta el 31 de marzo. El problema fue que la medida no fue comunicada oficialmente y, por ende, no tuvo el impacto esperado. Consultado sobre si no habría sanciones a quienes determinaran el cierre de los negocios, Dattilo no lo confirmó.
Mientras el sindicato restringía el ingreso a consumidores --entraron unos 150 en todo el día--, algunas importantes firmas bajaban las persianas, como Levi’s, Zara, Frávega, Garbarino y Falabella, y se desarrollaban asambleas en las que se debatía el cese de tareas. “La suerte de los empleados depende de la buena voluntad de las empresas. Hay locales abiertos, vendiendo como si nada. Sigue sin estar en agenda el riesgo que corremos por estar a merced de cualquier persona que no quiera cumplir la cuarentena”, remarca Juan, que calcula que cerraron 40 negocios dentro de un centenar. “Vamos a cortar todo; bloquear totalmente el ingreso. Están especulando con una situación gravísima”, adelantó Machado respecto de las acciones que emprenderán este jueves. En las últimas horas, el gobierno de Córdoba dispuso que los shoppings deben mantener sus puertas cerradas durante todo el fin de semana largo y Mendoza lo determinó desde este miércoles a la medianoche.
