Cuatro jueces y tres defensores oficiales hicieron presentaciones ante el Consejo de la Magistratura porteño a raíz de un acta acuerdo firmada entre el procurador porteño Gabriel Astarloa y un asesor tutelar por la que -advierten- todas las causas vinculadas al coronavirus pasarían por una "mesa intersectorial" que quedó radicada en un juzgado sindicado como cercano a la gestión PRO. Ese acuerdo fue homologado por la jueza en cuestión, Andrea Danas. Los defensores y los magistrados cuestionaron en dos presentaciones separadas que ese acuerdo viola la división de poderes y pidieron la intervención inmediata del Consejo de la Magistratura local.

Como informó este diario , el acta se introdujo en una causa que se abrió por la situación de niñas, niños y adolescentes en hospitales que requerían ser dados de alta para no ser contagiados por el coronavirus. Fue iniciada por el asesor tutelar Damián Natalio Corti. Desde la asesoría tutelar general, que conduce Yael Bendel, señalaron a este diario que Corti actuó dentro del turno judicial que le correspondía, en la madrugada del lunes 16. El martes 17, no obstante, Bendel firmó una resolución por la que dispuso que Corti intervenga "en los asuntos que no admitan demoras y en los que las partes requieran habilitación de días y horas inhábiles" como parte de un sistema de guardias mínimas.

Dentro de esa causa, la jueza Danas falló en el caso de una menor de edad en el Hospital Durand -que era el motivo puntual del amparo- para que se le hiciera el test del coronavirus y, de resultar negativo, se dispusiera un dispositivo para darle el alta. Hasta aquí, era el devenir normal de un amparo judicial. Pero, en el mismo fallo, homologó un acta acuerdo firmada por el asesor tutelar Corti, el procurador Astarloa (que es el jefe de los abogados del gobierno porteño) y por la fiscal Laura Perugini.

Allí se planteaba una "mesa de trabajo intersectorial" dentro del Poder Judicial que "tendrá la función de abordar todas las problemáticas que se susciten con motivo de la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en relación con la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus (COVID-19) relativas a las competencias de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Por lo tanto, todo reclamo o amparo que se presente contra esos ministerios, por este acuerdo, debería terminar siendo analizado por esa mesa en la órbita del juzgado de Danas.

El martes 17 de marzo la jueza Danas homologó ese acuerdo. Según pudo establecer este diario, dos días antes, el domingo 15, la asesora general tutelar firmó otra resolución en la que convocó a "una mesa de trabajo intersectorial" con autoridades de Desarrollo Humano, de Salud y de Educación "con el fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental", y convocó a esa mesa al asesor Corti.

Ni en el acuerdo ni en la resolución participaron los defensores. Por eso, el jueves 19 los defensores oficiales Mariana Pucciarello, Fernando Lodeiro y Lorena Lampolio presentaron una denuncia al presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Alberto Marques. En ella advirtieron que se debe "hacer cesar la situación de ilegalidad manifiesta plasmada en el acuerdo suscripto por Astarloa y Corti". Remarcan que el fallo de la jueza Danas "contiene entre sus cláusulas una cuyo desmesurado alcance excede no solo el marco de la acción, sino que se traduce en los hechos como la anulación de la división de poderes". "Se conforma un comité de crisis por cualquier problema relacionado con la pandemia, decisión que en ningún caso puede ser objeto de otro litigio judicial", indican. Los defensores remarcan que, más allá de una coordinación lógica que puede existir entre poderes del Estado, de esta forma se "aniquilan las funciones de gobierno como fueron concebidas en una república".

En tanto, hubo una segunda presentación ante el Consejo de la Magistratura por parte de los jueces Elena Liberatori, Victor Trionfeti, Andrés Gallardo y Patricia López Vergara. Los magistrados advirtieron sobre "un conjunto de actos y de conductas irregulares y coordinadas destinadas a alterar la garantía de juez natural y neutralizar la intervención transparente de los magistrados del fuero". Cuestionaron a la asesora general tutelar por haber escogido "exclusiva y arbitrariamente al asesor (Corti) para las causas que se suciten" y destacaron que no cuenta "con ningún tipo especial en cuestiones epidemiológicas".

Plantearon, además, que el acuerdo que suscribieron no tenía relación con la causa ni con las funciones de los involucrados. "De manera furtiva, ajena a todo control formal institucional, y lesionando competencias constitucionales, se han erigido como grupo idóneo, exclusivo y excluyente para intervenir en todo supuesto problemático que gire en torno a la situación pandémica", indicaron los cuatro jueces, que le pidieron al presidente del Consejo de la Magistratura que el organismo intervenga para evaluar las conductas de los funcionarios involucrados.