Por una parte, el gobierno lanzó medidas para controlar los abusos que pueda haber en aumentos de precios de bienes esenciales, una medida que contaría con fuerte respaldo popular. Pero, al mismo tiempo, el parate en la actividad económica ya empieza a dar señales de alarma sobre el sistema de pagos. Son mayoría las empresas medianas y pequeñas que se financian con cheques predatados y la parálisis imprevista en muchos sectores genera preocupación sobre qué sucederá cuando esos documentos empiecen a vencer. Otras formas de financiamiento habitual, como pagos con tarjeta o el crédito comercial entre proveedor y cliente, también entran en terreno sinuoso ante la incertidumbre de que haya capacidad de cancelación por parte de los deudores. En algunos sectores empresarios comienza a circular la propuesta de solicitar la declaración de una emergencia económica que suspenda los vencimientos impositivos y crediticios hasta tanto se recupere la normalidad. El fantasma del corte de la cadena de pagos va tomando cuerpo y el reclamo de una "cuarentena" de pagos empieza a ser moneda corriente en las discusiones empresarias.
"La actual situación y su evolución prevista para las próximas semanas y meses en Argentina impactarán de lleno en las relaciones laborales, la producción y la situación económica de las industrias que ya vienen soportando los efectos corrosivos de una recesión de dos años", señaló en un comunicado la cámara de la industria metalúrgica y de componentes (CIMCC) en una nota que este jueves fue enviada a las autoridades nacionales. Y agrega que "hoy el sector advierte que sin medidas estatales concretas, en pocas semanas no podrán cumplir con sus obligaciones financieras, lo que complicará aún más la crisis causada por la pandemia".
"Tengo que cubrir cheques en el banco, vencimiento de tarjetas y de impuestos, pagar sueldos en quince días y se me desplomaron las ventas de una semana para otra", señala amargamente un empresario industrial, describiendo una situación que no es sólo de su empresa. Las restricciones a la circulación y a determinadas actividades ligadas al transporte y la aglomeración de personas, como prevención al contagio del Covid 19, provocó un freno a determinadas actividades pero también la paralización de otras. Las expectativas negativas en torno a una crisis sanitaria que se presume se prolongará por varias semanas hundió la venta de insumos y otros productos de sectores no considerados esenciales por el público. Alquiler de locales comerciales, compra de productos para la próxima temporada, además de otras operaciones vinculadas a viajes, turismo o comercio exterior que estaban a punto de emprenderse quedaron en stand by ante el brusco cambio de escenario.
"Hay mucha preocupación en general porque el panorama es que vamos a una emergencia económica, pero algunos sectores ya entraron en estado de desesperación", señaló a este diario un alto dirigente industrial del interior que pidió hacer reserva de su nombre. Todavía no se ha producido una ruptura de la cdena de pagos pero sí una caida en los niveles de actividad que hace prever que aparecerá una infinidad de dificultades financieras en no más de quince días.
"Hay muchas empresas pequeñas y medianas que no tienen salida; si no se prorrogan todos los vencimientos de impuestos y además se suispenden todos los compromisos de cancelación de créditos bancarios, esto explota", comentó otro fabricante de insumos industriales. No parecen exagerar, se trata de sectores que confían en Matías Kulfas (ministro de desarriollo productivo), conocen sus ideas políticas y las han compartido. "Las medidas que lanzó el martes son buenas, pero tardan en llegar. La cuestión es cómo llegamos", responden.
Precios y castigo
Un 78 por ciento de los consultados sobre "qué deberia hacer el gobierno ante el aumento de los alimentos", respondió "aplicar mayores controles y ser más duros con quienes aumenten". La encuesta fue realizada en los días previos a los anuncios que realizó el gobierno el martes último (entre el 13 y el 16 de este mes) en la provincia de Buenos Aires por la firma Proyección Consultores. Aquélla era una de las tres opciones que se le daban a los encuestados. Las otras dos respuestas posibles eran "controlar menos y dejar al mercado la autorregulación", que fue la elegida por 15,7 por ciento, y la tercera, "con los controles existentes es suficiente", por la que optó el 6,1 por ciento. Las medidas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo incluyen la aplicación de Precios Máximos a una diversidad de artículos encuadrados en 50 categorías de productos, correspondientes a rubros de alimentos, higiene personal, medicamentos e implementos médicos. Las respuestas a la consulta indicarían el amplio consenso existente con una intervención oficial más firme en el control de precios y en el castigo a los abusadores.
La encuesta de Proyección, la consultora que dirigen Manuel Zunino y Santiago Giorgietta, consultó a 975 bonaerenses además sobre cuáles consideraba que habían sido las mejores medidas o anuncios del gobierno nacional hasta entonces, pudiendo dar hasta tres respuestas por consultado. El 47,2 por ciento incluyó entre sus respuestas "Remedios gratis para jubilados (PAMI)". Un 35,8 por ciento señaló la opción "Congelamiento de tarifas", mientras que el 29,3 por ciento mencionó "Tarjeta Alimentar". La cuarta entre las preferencias de los encuestados fue "Interrupción Voluntaria del Embarazo", con 26,7 por ciento, y más atrás quedaron Retenciones a la Soja (18,5), Reforma Judicial (14,6), Precios Cuidados (10,3) e Impuesto País 30 % sobre compra de dólares (9,3 por ciento).
Las respuestas reflejan el respaldo de, al menos, una franja representativa de la población a medidas efectivas a favor de los consumidores y a cuidar sus bolsillos, como los remedios gratis para jubilados o el congelamiento de tarifas. Pero, a la vez, que otrras como Precios Cuidados no se perciben como tan efectivas o favorables y, en cambio, reclaman posturas oficiales más duras y firmes, como la aplicación de mayores controles de precios y ser más duros con quienes aumenten. Es otro elemento que estaría evidenciando un cambio de perspectiva en la población, que cuatro años atrás se había dejado convencer de que las tarifas estaban demasiado baratas y que era necesario aumentarlas para tener buenos servicios, y que los controles de precios no servían ya que sólo provocaban un comprensible desabastecimiento.