Han pasado apenas tres meses desde que terminó un ciclo de cuatro años catastróficos para la economía nacional, en el cual se perdieron 25.000 empresas Pymes y otras tantas quedaron mal heridas. 

La “tormenta perfecta” que orientó todas las variables macroeconómicas en contra de la producción también dejó víctimas en el segmento de las grandes empresas y cubrió con sus daños a casi todos los rubros y sectores de la industria, el comercio y el agro. 

La descapitalización de los activos del sector privado ha sufrido una de las más graves caídas de su historia. Solamente tuvieron una buena performance empresas de sectores muy puntuales, como el financiero y el energético.

A la hora de analizar los motivos del desastre los economistas hablan de una crisis multicausal: alta inflación, desaparición del crédito, apertura indiscriminada de las importaciones, tarifas energéticas incompatibles con la producción y un mercado interno debilitado por las políticas de ajuste. 

Sin embargo, un observador con una mirada más amplia de la situación que generó el gobierno de Cambiemos advertirá que todas esas variables económicas fueron activadas al mismo tiempo por y desde la política. En realidad, no hubo ninguna tormenta y lo que pasó en la economía argentina no se explica ni desde la meteorología, ni desde la economía ni desde la matemática financiera. 

La clave para entender este presente tan complicado está en el análisis del poder que tuvieron unos pocos empresarios para imponer sus intereses por encima del interés de la mayoría de los empresarios, y finalmente por encima del interés nacional. Por eso decimos que el gobierno de Macri no fue un gobierno de empresarios, sino un gobierno de muy pocos empresarios.

En esta dirección del análisis, el hecho más extraordinario y escandaloso fue el conocido sistema de “puerta giratoria” que vinculó al sector privado y a los altos funcionarios del gobierno anterior que atendían a los dos lados del mostrador. Este fenómeno solo se explica a partir de la capacidad de lobby que tuvieron los sectores con más poder a la hora de condicionar las decisiones económicas del gobierno. 

La promoción y la defensa de los intereses sectoriales del empresariado encontró en la gestión de Cambiemos un terreno fértil para definir y configurar las políticas de acuerdo a la “conveniencia del mercado”. Y en un mercado en el cual nadie regula, se sabe, ganan solo los más fuertes.

Lo que hicieron los sectores más fuertes del empresariado para condicionar la política del macrismo quedó a la vista y ya se han escrito mucho al respecto. A partir de eso, lo que nos debemos los argentinos, y los industriales PYME en particular, es qué no hicimos para dejar que sucediera el industricidio macrista. Sin ánimo de buscar culpables, de lo que se trata es de aprender de los errores, las omisiones y las ausencias que habilitaron el ataque feroz que hubo en contra de las pymes y en contra la producción nacional.

Las pequeñas y las medianas industrias sufrimos y caemos en desgracia no por falta de competitividad, sino por falta de representatividad. Nuestra mayor debilidad no es la falta de una buena gestión, tampoco lo es la falta de actualización tecnológica o de capacitación. Nuestra mayor debilidad es la falta de representación política. 

Durante los últimos cuatro años las Pymes, y la industria en general, fuimos incapaces de exigirle al poder real soluciones para frenar el desastre que estaba sucediendo en nuestros negocios. Y esa incapacidad tiene que ver con la ausencia de mecanismos institucionales para influir en las decisiones de política económica que se toman desde el gobierno y que afectan a nuestras empresas.

No alcanzó con visibilizar nuestra problemática, no alcanzó con instalar la consigna “ni una Pyme menos”, ya que la política real no sucede en los medios de comunicación, sino que sucede en los despachos de la administración pública.

Esta falta de representación y de gimnasia política a la hora de defender nuestros intereses como empresarios encuentra un origen indudable en el marco de regulación legal de las cámaras empresarias. La ley que regula la creación y el funcionamiento de estas entidades es lo que permite -en el caso argentino lo que impide- que se financien, se fortalezcan y se empoderen los representantes del sector privado. La legislación argentina en esta materia es laxa y permisiva a la hora de habilitar la creación y el funcionamiento de las entidades y esto tiene consecuencias nefastas para los sectores empresarios más pequeños.

En la actividad gremial empresaria, al igual que lo que sucede en los mercados, cuando el Estado no regula los que ganan son los más poderosos. Ya lo dijo Scalabrini Ortiz: "Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. Él tiene su propia ley, que es su propia fuerza."

El espacio institucional desregulado de la actividad gremial empresaria ha generado un escenario multitudinario, caótico, disperso, lleno de entidades poco representativas y con un muy bajo nivel de adhesión por parte de los empresarios. Estos son algunos datos (tomados de IDEA, IAE, Fundación Directorio Legislativo) que ilustran la situación del marco institucional de las cámaras empresarias:

* En el país hay 910 entidades empresarias

* La duplicidad de intereses está a la orden del día: solamente en el agro existen 4,5 entidades o cámaras, promedio, por producto.

* Hay sectores como el Farmacéutico en donde existen 37 cámaras.

* El 9 por ciento de las empresas pertenecen a más de una cámara

* El promedio de afiliados a una cámara es de 109.

* De 56 cámaras que pertenecen al sector ganadero, 27 pertenecen al ganado bovino.

* Se calcula que menos del 10% de las empresas están asociadas a alguna cámara.

En un escenario en donde las cámaras tienen bajo nivel de afiliación y carecen casi de financiamiento, quien controla las entidades para promover sus intereses particulares y así influir en política es quien tiene más recursos.

A lo largo de la historia argentina los que más ganan en los negocios ganan también en la política e imponen sus ideas. 

Así es que nos encontramos con situaciones paradójicas como la que vivimos en estos días con el paro de la patronal agroganadera que intenta elevar una queja por una medida que, a la hora de hacer cuentas, benefició al 74 por ciento de los productores de ese sector. 

Los empresarios que vienen ganando la batalla política y del sentido común desde hace mucho ya están en pie de guerra contra esta nueva medida del gobierno de Fernández con su bandera, más vacía que nunca, “el campo somos todos”. Es hora de desenmascarar este fantasma de la política nacional y avanzar hacia el desarrollo industrial y productivo. Para poder lograrlo vamos a necesitar recursos económicos, pero fundamentalmente recursos políticos.

 

 * Empresario y miembro del Consejo Productivo Nacional.