Dos hoteles que fueron incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” serán utilizados por la provincia de Salta para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el Covid-19. 

Así lo informó el portal digital fiscales.gob.ar. Se trata del Hotel Gandía y el hostel La Casona de la Linda, ubicados en las calles Corrientes al 155 y Córdoba al 534 de la capital provincial, que forman parte de un proceso de extinción de dominio instado por el Ministerio Público Fiscal luego de que el procurador general interino Eduardo Casal designara a un equipo de fiscales conformado por Miguel Ángel Gilligan, Pablo Turano y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), para que lleven adelante esta acción civil.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió ayer entregar en forma temporal los inmuebles a la provincia de Salta. Fue en respuesta a un pedido formulado por el fiscal Iglesias, a instancias del fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y por pedido también del gobernador Gustavo Sáenz ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. 

Dado que la violación del aislamiento social y de la normativa que pena los delitos contra la salud pública son de competencia federal, todas las actuaciones han pasado a la Justicia Federal de Salta, incluida la imputación a cinco ciudadanos argentinos que estuvieron en Europa y luego no habrían reportado su ingreso provenientes de países en riesgo, a pesar de que uno de ellos presentaba síntomas y luego se convirtió en el primer caso positivo de coronavirus en la provincia. 

Precisamente, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, de turno, informó esta tarde que intervino por la presencia de extranjeros en la provincia. 

Por un lado, una pareja de ciudadanos húngaros que se hallaba alojada en un hotel salteño, si bien no tenían síntomas, se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el mismo hotel en el que se encuentran alojados. La pareja tenía reserva del 20 al 25 de marzo.La Policía debe verificar que se cumpla con la cuarentena.

En otro caso, la intervención fue por un grupo de jugadores de fútbol colombianos que estaban parando en la casa de un ciudadano argentino en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Salta. La intervención empezó por dos ciudadanos de Colombia, en el domicilio se encontraron con otros tres. Los cinco habían ingresado el 11 de marzo y, aunque no presentaban síntomas, se ordenó la constatación médica en un establecimiento sanitario de la zona y se dispuso que deben guardar cuarentena.

Un ciudadano francés fue detactado en Cerrillos, en motocicleta, camino a la turística ciudad de Cafayate. Se determinó que ingresó al país proveniente de Chile el 10 de marzo y arribó a Salta el 14. Aunque tampoco presentaba síntomas, la Fiscalía dispuso su traslado a un hospital local para que fuera examinado, se expida constancia médica y se labre un acta de compromiso por cuarentena. 

Y en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también hubo otra intervención por la presencia de un colombiano.

El fiscal Toranzos explicó que en los casos de personas provenientes de países de riesgo, "lo que se dispone es la firma de un acta compromiso de la persona, fijación de domicilio, por lo general en un hotel, y un teléfono fijo a fin de hacer las verificaciones del caso, tarea que lleva adelante la policía local”.

Las mineras no están exceptuadas 

El Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, de turno en este momento, informó que está atendiendo llamados alertando sobre la violación del aislamiento social obligatorio. También atiende consultas, especialmente de parte de la policía provincial y de Gendarmería Nacional.

La Fiscalía informó que el viernes último obligó a dos empresas mineras de la Puna a suspender las tareas de más de 500 obreros. Esta actividad no está exceptuada en las previsiones del decreto nacional 297/20, que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio en procura de mitigar la propagación del coronavirus Covid-19.

La Fiscalía precisó que se dispusieron medidas para verificar el estado de salud de los obreros, se dispuso la suspensión de tareas y el traslado de los trabajadores a sus viviendas, para lo que colaboró la Policía de San Antonio de los Cobres, en el departamento Los Andes.

Estos trabajadores estaban en tareas desde hacía 15 días. La fiscalía se comunicó con los responsables cada empresa para que cesaran toda actividad y trasladaran a los obreros a sus casas. 

La Cámara de la Minería de Salta emitió esta noche un comunicacdod en el que informó que las mismas empresas empezaron la "desmovilización" de 1500 trabajadores tras conocerse el decreto 297. Se explicó que antes hicieron una consulta a las autoridades sanitarias porque se podía interpretar que el texto implicaba que debían guardar cuarentena en los campamentos mineros, donde residen los empleados mientras duran las jornadas de trabajo de varios días seguidos. Y luego "la desmovilización no pudo ser inmediata, no solo por la dificultad y riesgo de transitar de noche por las rutas de la Puna, sino por la cantidad de personas transportadas". 

Además, destacó que este traslado se hizo de acuerdo "a un cronograma coordinado entre la Secretaría de Minería, las empresas en operación en la Puna, municipios y las fuerzas de seguridad locales, nacionales y provinciales". 

Aislamiento obligatorio 

Toranzos explicó que la fiscalía trabaja sobre protocolos que permiten la celeridad en el diligenciamiento de medidas para los casos de cuarentena y de aislamiento. Añadió que respecto que la tarea es más preventiva porque “lo que se busca es que las personas permanezcan en sus viviendas, para lo cual se disponen medidas para impedir la circulación y la violación de esta disposición”.

“Por otra parte, están las consultas por el aislamiento por toque de queda, dispuesto el viernes pasado. Para cada caso, hay diligencias dispuestas, un protocolo a seguir, el que establece desde intimaciones a un pedido de detención, lo cual se analiza caso por caso, ya que hay muchos factores a tener en cuenta para cada situación”.

El fiscal instó a permanecer en las casas y cumplir con las medidas establecidas,porque son efectivas para disminuir la propagación del virus. “Este es un momento en que todos debemos aportar y ser conscientes del momento que se vive, por el bien de todos”, destacó.

Todo a la Justicia Federal 

Hoy se conoció que la jueza de Garantías, María Edith Rodríguez, declinó intervenir en la causa contra cinco ciudadanos salteños por supuesta violación a las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, delito previsto en el artículo 205 del Código Penal Argentino. 

La jueza informó de su declinación a la Fiscalía de Casos Complejos Federales y que remitirá copia de todo el expediente, para su inmediata tramitación y una vez finalizada la feria extraordinaria, se remitirán las actuaciones al Juzgado federal interviniente.

Por otro lado, se comunicó que en cuanto a las 72 personas que fueron demoradas ayer en operativos de la Policía de Salta, se labraron actas compromiso y fueron enviados a sus casas para que cumplan con el aislamiento obligatorio.