A Juan Carlos Gesualdo le faltaba una materia para recibirse de odontólogo. Casado con María Rosa Balbi, que estaba embarazada de siete meses, vivían en Avellaneda 498, en la casa del papá de Juan Carlos, porque "no tenían un peso". La pareja de estudiantes eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. En la siesta del 28 de abril de 1977, una patota de unos 6 o 7 hombres ingresó en la vivienda, a eso de las 14.30. Llegaron desde atrás y desde el costado. Al dueño de casa y a María Rosa los pusieron en otra habitación y a Juan Carlos se lo llevaron. "Dijeron que iban a volver a las 6 de la tarde, pero nunca más. No supimos adonde lo llevaron ni qué pasó, a pesar de las averiguaciones que se hicieron", contó ayer una María Rosa todavía afectada, casi 40 años después, por el horror que comenzó esa tarde. "Teníamos ocho millones de pesos para el parto, que desaparecieron", relató la testigo de la causa Guerrieri 3, que por primera vez se sienta frente a un Tribunal Oral a hablar de lo ocurrido con su marido y con ella misma. Su hijo Juan Pablo Gesualdo fue el otro testigo en la audiencia de ayer, que relató sus dudas infantiles cuando iban al cementerio y la única tumba familiar inexistente era la de su padre.
La causa Guerrieri 3 juzga a los militares Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Marino González y Alberto Pelliza, y al Personal Civil de Inteligencia Rodolfo Isach (que estuvo prófugo durante cuatro años), Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López y Juan Cabrera. En el proceso oral se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidas. Gesualdo es uno de ellos, y es la primera vez que se juzga a los responsables de su homicidio calificado. El tribunal oral federal número 1 está integrado, para este proceso, por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría, y el fiscal es Adolfo Villatte.
La audiencia de ayer fue breve, pero intensa. El testimonio de Balbi expuso una vez más la actualidad de estos juicios. Además de la desaparición de su esposo, María Rosa sufrió ella misma privación ilegítima de la libertad, por ese delito tampoco hubo sanción hasta ahora. Tras el secuestro de Juan Carlos, ella se fue a refugiar a la casa de unas tías, en La Paz al 1900. A fines de junio, le avisaron que su padre estaba secuestrado. De inmediato, María Rosa concurrió al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A su padre lo liberaron y ella fue llevada a la Fábrica de Armas Domingo Matheu, donde estaba sola, con un embarazo a término, en una "piecita muy chiquita con un baño".
Los interrogatorios que le hicieron a María Rosa mientras estuvo presa en Rosario tenían que ver con el sustento de su matrimonio. "A mí me llamaba la atención porque lo que más me preguntaban era con qué vivíamos, de qué nos alimentábamos. A nosotros nos ayudó mucho la familia. Si no fuese por mi familia y por mi suegro, no hubiese podido terminar la carrera", dijo la mujer.
El 7 de julio, a María Rosa la llevaron a la Maternidad Martin a tener a su bebé, Juan Pablo. Y luego, siguió detenida -con el niño- en el Batallón 121. Desde allí la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, tras un breve paso por Devoto, donde estuvo detenida hasta febrero de 1979. Recién en mayo de 1978 pudo anotar a su hijo, que permaneció siempre con ella. Su principal preocupación era el bebé. Estaba indocumentado, sin ninguna prueba legal de filiación. María Rosa relató que su padre fue torturado durante las horas que lo tuvieron detenido ilegalmente. Cuando el fiscal Villatte le preguntó si ella también había sufrido tormentos, respondió: "No. La tortura más grande fue la de los documentos de Juan Pablo, porque yo no tenía ningún papel que dijera que era mi hijo".
La voz de María Rosa se entrecortó una vez. Fue cuando dijo: "Mi suegro, que se murió pensando que el hijo iba a aparecer, me dijo 'terminá vos así cuando viene Juan Carlos ya están encaminados'". María Rosa se recibió de odontóloga y el año pasado se jubiló.
"Fue difícil", dijo más de una vez. En su familia, se habló muy poco de lo ocurrido durante el secuestro de su papá. "Nos poníamos mal, llorábamos, y había que salir adelante", dijo ayer la mujer que en 1980 retomó la Facultad de Odontología. Para eso, le pidieron un certificado de buena conducta. Fue a la policía a buscar ese papel. "Ahí fue donde me pareció ver a uno de los que habían llevado a Juan Carlos". No tuvo más datos.
Todavía no hay ningún represor condenado por la desaparición de Gesualdo. En sus declaraciones, Costanzo -que relató algunos de los delitos cometidos por la patota del Destacamento de Inteligencia 121- develó que a Gesualdo lo marcó Pagano, y que el cadáver del joven fue llevado a la isla. El juicio es una oportunidad para dilucidar qué pasó y quiénes lo hicieron.
Ausentes. El Tribunal decidió ayer hacer lugar a los pedidos de todos los imputados -excepto Amelong, que quiere asistir- para no presenciar el proceso oral y público, arguyendo temas de salud (Guerrieri, Fariña, Marino González e Isach). Deberán seguirlo por videoconferencia desde sus lugares de detención. En cambio, Pelliza y López deberán esperar. El pedido de la defensa de Pelliza es que se suspenda el proceso porque no lo comprende, y eso aún no fue definido por el Tribunal. Mientras tanto, López lo solicitó porque tiene un hijo discapacitado. Los más llamativos son los argumentos de Pagano y Cabrera: la resocialización. Pagano estudia en la cárcel y Cabrera tiene salidas laborales para ir a una industria de Córdoba. Tambien a ellos el Tribunal les permite eludir la mirada de las víctimas. La fiscalía y las querellas de HIJOS, a cargo de Nadia Schujman y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Santiago Bereciartúa, se habían opuesto, pero el Tribunal decidió aceptar las solicitudes de los imputados. Las audiencias continúan el viernes próximo, a las 9.30, en Oroño 940.
