Un grupo comando violenta la puerta de la casa de dos plantas de Pago Largo 654, barrio La Florida, ya en la madrugada del 25 de octubre de 2019. No está aún claro si en ese momento inicia la feroz cacería a tiros y cuchillazos contra todo lo que se mueve o respira, o si primero exigieron un hipotético "botín" guardado en el lugar. El objetivo es liquidar a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, referente de una banda narco criminal de zona norte al que dos jueces y un fiscal le permitieron estar ahí y en ese momento, a pesar de que debería estar en la cárcel. El mandato se cumple. El muchacho de 27 años sucumbe a los balazos. Con él otros dos jóvenes, Mirko Saldaño de 19 y Rocío Genovese. Los juveniles 22 años de la chica agonizan cuando los asesinos vuelven sobre sus pasos y huyen. La ciudad amanece conmovida por la noticia del ataque: inteligencia previa, brutal, indolente. La espectacularidad y el temor por un lado. Por el otro la incredulidad: ¿cómo es que Ema Pimpi en lugar de estar en la cárcel estaba con libertad morigerada? Todavía faltaba una última sorpresa: el dueño de la casa es juez.
Toda esa trama, propia de un thriller policial, motivó una investigación ordenada por la Corte Suprema e instruida por el fiscal de Cámara Guillermo Corbella. Rosario/12 dio cuenta el lunes pasado de la parte referida a la actuación de dos jueces y un fiscal (https://www.pagina12.com.ar/253083-le-dieron-lo-que-jamas-hubiera-podido-obtener) que le permitieron a Sandoval vivir fuera de la cárcel. Lo siguiente es el capítulo sobre la casa donde fue asesinado Sandoval, propiedad del juez de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Oscar Puccinelli.
La casa del juez
El Informe Corbella es muy crítico sobre la actuación judicial que autorizó a Sandoval a mudarse a Pago Largo 654 sin controlar la titularidad del inmueble, el contrato de alquiler, si éste le permitía al inquilino cederlo a terceros, si el propietario estaba de acuerdo en que se use para el cumplimiento de una prisión domiciliaria; tampoco se ofrecieron garantes ni nadie que se hiciese cargo de la subsistencia del imputado. Antes había estado en un departamento de barrio Rucci, también sin esos controles previos, propiedad de un abogado condenado por narcotráfico.
Corbella investigó cómo Sandoval llegó a Pago Largo 654. La casa fue rentada por Matías Lange, un muchacho de 23 años sin ingresos ni trabajo al que Mariano Mortellaro, titular de la inmobiliaria STI Propiedades, se la alquiló por 25.000 pesos mensuales. Lange dijo ser amigo de Sandoval.
Puntos oscuros
El Informe deja plasmadas situaciones que al instructor no le resultan claras en este capítulo de la historia. "El locatario Matías Lange, quien admitió que hacía los pagos en efectivo a la inmobiliaria, no ostentaría solvencia evidente para ser locatario. Es más no habría vivido en la casa y es por ello que no estuvo la noche de las muertes y tampoco le fueron entregadas las llaves de la propiedad luego de las medidas investigativas tras el crimen de Sandoval. Y llama la atención que fue a la madre de Sandoval a quien, muerto su hijo, le entregaron las llaves...". La pregunta que queda flotando es por qué el fiscal Adrián Spelta le devolvió las llaves a la madre de Sandoval si no existía vínculo formal alguno de ella y su hijo ni con la propiedad ni con el alquiler.
Ante el instructor los padres de Matías Lange declararon que "no sabían nada del alquiler" y que su hijo "no estaba en condiciones de alquilar la casa porque no tiene ingresos, es más estaba en el Veraz" y que les parecía "raro que le alquilen a una persona de 23 años sin recibo de sueldo ni demostración de ingresos una propiedad por 25.000 pesos".
Alquiler flojo de papeles
Cuando se le preguntó al dueño de la inmobiliaria si Lange acreditó solvencia como para que le hiciera ese contrato, "contestó que a su criterio un locatario no necesita demostrar solvencia para alquilar, en este caso Matías expuso trabajar con su papá dada la relación parental y la información dada por Sudamericana donde daba como domicilio de Matías el del padre". Según Mortellaro, se amparaba en los garantes, a los que cita para firmar el contrato. "Circunstancia ésta última que tampoco se habría efectivizado", ya que los padres de Matías negaron conocer la existencia del alquiler, negaron que "hayan sido garantes" y que "hayan firmado", a pesar de que en el contrato "hay grafías que se le atribuyen a los padres como garantes".
En su testimonial, el juez Oscar Puccinelli dijo que "no podía dudar de la solvencia del ocupante inquilino pues al concurrir a la casa con motivo de caída de mampostería vio que «había impactado sobre un Mercedes Benz último modelo, sobre el cual obviamente no le pedí los papeles, pero supuse que era de él y además vecinos me dijeron que vehículos de alta gama concurrían, con lo cual presumí su solvencia".
Propietario e inmobiliaria argumentan en la misma línea, basando la confianza contractual en la palabra y las apariencias, lo que los vuelve una rara avis del mercado inmobiliario. Quizás el punto más endeble de la defensa del juez es que a pesar del contrato con indicios de falsificación, del uso que se le daba a la casa, del problema personal en el que está metido, con el futuro de su carrera comprometido, mantiene aún hoy la confianza en la inmobiliaria y su titular Mortellaro.
En los otros puntos que el Informe Corbella se detiene y considera necesario profundizar es que "todos manifiestan que los pagos no son bancarizados y no constando ningún tipo de factura". El pago lo llevaba Matías Lange a la inmobiliaria en efectivo; que en cuanto a la documentación aportada "no hay fecha cierta en la autorización (de Puccinelli) de alquiler (a Mortellaro) que se consigna el 15/8/2018, ni tampoco en el contrato de alquiler (a favor de Matías Lange) del 11/3/2019, pues en el sello en fotocopia no figura fecha alguna" y los garantes no reconocen sus firmas y dicen no haber firmado".
La defensa del juez
El juez Puccinelli afirmó desconocer que el ocupante de la casa fuera Sandoval, que ésta se usara para cumplir una domiciliaria, que el alquiler lo resolvió por completo la inmobiliaria y dijo ser una víctima en todo el asunto.
Ante la Corte, en una presentación por iniciativa propia el 1° de noviembre pasado para ponerse a disposición, y luego ante el instructor, explicó que no fue él quien alquiló la vivienda sino la inmobiliaria STI. "Tras dos alquileres previos, a causa de mis ocupaciones y diversas dificultades, especialmente con el último inquilino (un comisario de apellido Fernández, acercado por la inmobiliaria y con quien mantiene un juicio por el cobro de alquileres, tributos, servicios y daños a la propiedad) decidí cambiar la metodología y dar plenas facultades a la inmobiliaria para que se encargue de la locación mediante un mandato del 15 de agosto de 2018".
Sostuvo que "el contrato de locación sólo autorizaba al locatario a su uso exclusivamente con fines de vivienda familiar... cláusula que resultó claramente violada al incorporarse a vivir... el procesado Emanuel Sandoval, hecho del que no tuve conocimiento hasta que fuera asesinado, cuando también me enteré que cumplía prisión domiciliaria en tal casa, hecho que todavía no entiendo cómo pudo haber ocurrido sin mi conocimiento, ya que desconozco la documentación que se aportó en sede penal para autorizarlo a residir allí y por qué razón no se exige una comunicación al propietario". Un franco cuestionamiento a los jueces penales y el fiscal.
El Informe Corbella hace un señalamiento sobre el vínculo entre Puccinelli y la inmobiliaria de Mortellaro. "No se advierten los motivos por los cuales mereciera esa inmobiliaria una confianza comercial como la exteriorizada por el doctor Puccinelli al delegarle el total de la firma del contrato", cuando con el inquilino previo "no parecía que le había conseguido un óptimo locatario teniendo en cuenta los elevados reclamos por daños y perjuicios que inició".
Con las conclusiones del informe, la Procuraduría de la Corte definirá los pasos a seguir con los jueces Hernán Postma, Gustavo Pérez Urrechu, Oscar Puccinelli. Lo referido al fiscal Spelta está en la órbita del MPA.
