Desde España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo anunció sin medias tintas: “Vienen los días más duros”. La semana que empieza lo hará con los españoles encerrados en sus viviendas, sin perspectivas de salir en el horizonte cercano y con la curva de contagios en un crecimiento continuo. Los últimos datos de la contabilidad macabra del coronavirus llegaban a más de 28.000 contagiados y más de 1.700 muertos. Pero las cifras, que no paran de crecer, son siempre desesperadamente provisionales.

Ante esta situación, Sánchez anunció este domingo que pedirá al Congreso que en los próximos días se apruebe una prórroga del estado de alarma. A los 15 días iniciales se les sumarán otros 15. Nadie se atreve a vaticinar que después de esa prórroga, que prolonga el confinamiento de la población hasta el 11 de abril, no sea necesaria otra, y después otra más.

De momento, el encierro para evitar contagios es la única fórmula que el Gobierno se ve en condiciones de aplicar para que el número de contagios no exceda a la capacidad del sistema sanitario español para absorberlo.

Nadie puede asegurar que eso no vaya a suceder. De hecho, ya en el fin de semana el ejército español ha comenzado a montar hospitales de campaña en varias ciudades, incluidas Madrid, Barcelona y Valencia, y desde este lunes se van a adaptar hoteles para uso hospitalario. Estas medidas se suman a la decisión del gobierno de poner a su disposición a los hospitales y clínicas privadas, que ya decretó al aprobarse el estado de alarma. Desde este lunes hará lo mismo con las residencias de ancianos privadas.

Los médicos se preparan para lo peor. La Sociedad Española de Medicina Intensiva ha elaborado un documento con recomendaciones éticas para los profesionales que por primera vez refleja la edad de los enfermos o su estado mental como criterio selectivo cuando los medios empiecen a ser limitados. El documento pide que se tenga en cuenta el estado físico general de los pacientes, se desaconseja entubar a los mayores de 80 años y se recomienda dar prioridad a quienes tengan menos discapacidad.

Faltan respiradores y hasta barbijos, aunque el gobierno español espera distribuir en los próximos días medio millón de mascarillas quirúrgicas para médicos y 800.000 para pacientes. Según Sánchez, el gobierno está en disposición de llegar a los cuatro millones.

Sin embargo, el mayor problema es que los contagios han diezmado al personal sanitario. Un diez por ciento de los infectados son médicos o enfermeros. Cada contagio obliga a apartar no sólo a los afectados, sino también a quienes han estado en contacto con ellos. El temor al colapso del sistema sanitario español, considerado entre los mejores del mundo, ha motivado el anuncio de Sánchez de que lo peor está todavía por llegar.

Los expertos de Sanidad sólo prevén que la pandemia empiece a reducir su ritmo de contagios para finales de la semana que viene, y eso si todo va bien.

La gran ola de solidaridad que ha inundado el país, que se traduce en gestos de buena vecindad que han aflorado en todos los rincones. Tiene su expresión más clara cada día a las ocho de la tarde, cuando la gente se asoma a las ventanas y sale a los balcones para aplaudir a los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de batalla contra la pandemia, no ha podido evitar que la controversia política haya creado cierto clima de crispación en el momento menos oportuno.

Los partidos de derecha no han dejado de lanzar desde el principio de la crisis duras críticas contra el gobierno, al que acusan de haber reaccionado tarde y mal y de no haber aprovechado la experiencia de Italia, país donde los acontecimientos marchan dos semanas por delante. Centran sus críticas en la manifestación feminista del 8 de marzo, que en su opinión no debería haberse autorizado, pese a que ese mismo fin de semana hubo partidos de fútbol con público y hasta la formación de extrema derecha Vox celebró un acto con más de ocho mil asistentes. Todos sus dirigentes están en cuarentena.

La oposición también critica que el vicepresidente Pablo Iglesias, líder de Podemos, se haya saltado la cuarentena que anunció al saberse que su mujer -la ministra de Igualdad, Irene Montero- había sido infectada. También la mujer de Sánchez ha dado positivo.

A esta situación de crispación política se ha sumado un hecho inesperado. La semana pasada se conoció que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca, Felipe VI, había cobrado durante su reinado una comisión de 100 millones de euros de Arabia Saudita y que buena parte de esa cantidad se la había traspasado a la empresaria alemana con la que se lo relaciona sentimentalmente Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Ello provocó que el pasado jueves, cuando el rey Felipe daba un discurso televisado en el que pedía unidad sin hacer mención a este enésimo escándalo que sacude a la familia real, miles de personas en todo el país salieran a los balcones a golpear las cacerolas en señal de protesta, una iniciativa que fue respaldada por Podemos, socio de gobierno de los socialistas. La derecha contraatacó con la convocatoria el pasado sábado de una cacerolada contra Pedro Sánchez por lo que que consideran una deficiente gestión de la crisis.

Mientras tanto, el problema sanitario sigue avanzando sin que se atisbe una solución. Esta noche se anunció que los aeropuertos y puertos españoles permanecerían cerrados a partir de las cero horas a todos los viajeros que no sean españoles y residentes en España o a ciudadanos de países de la Unión Europa. La medida fue acordada de manera coordinada por varios gobiernos europeos