“Llegó el apagón”, anunciaba un funcionario de tribunales el viernes cuando la Corte Suprema suspendió la actividad judicial acorde a la cuarentena general decretada por el Gobierno. No es que todos los despachos están cerrados y nadie atiende. La circulación es mínima, pero el sistema tendrá que responder a una serie de frentes judiciales que ya empiezan a estallar como consecuencia de distintas aristas de la pandemia, o lo harán cuando empiece a ceder. En el enorme abanico de temas que alimentan esta olla a presión, el más visible en lo inmediato es la multiplicación de detenciones y causas contra personas que incumplen el aislamiento obligatorio, que saturan fiscalías de turno. Otros que hacen fila y se harán notar incluyen: demandas laborales por medidas contra trabajadores; denuncias por no respetar los precios máximos o la falta de readecuación de contratos (alquileres, vencimientos de tarjetas, pagos de servicios, cuotas, pasajes); situaciones de violencia de género que en el contexto del encierro obligado requieren medidas particulares ante el posible agravamiento; pleitos familiares, de pareja y parejas separadas con hijos/as; reclamos de prisión domiciliaria de presos/as con posibles factores de riesgo; y ya se empezaron a judicializar pedidos de protección a las personas en situación de la calle, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.

Serán más todavía, según la propia acordada que tres supremos firmaron el viernes al establecer una feria judicial extraordinaria sanitaria. Todo el sistema, indicó la Corte, deberá concentrarse en las “cuestiones sanitarias” y a las “sancionatorias” de quienes violan el sistema de “prevención y mitigación”. Luego enumeró potenciales demandas a la justicia que ya tiene en el radar: “cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública, delitos migratorios (frente a las actuales restricciones), interrupción de las comunicaciones (telefónicas, audiovisuales, internet), delitos vinculados con el aprovechamiento de la calamidad, habeas corpus, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad y el orden público”. También “asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos” sobre cuestiones de salud. Aquí algunos detalles.

Violación de la cuarentena

“Estamos azorados, son muchísimas más las personas que incumplen el aislamiento que los diagnosticados con coronavirus”, le dijo a PáginaI12 un fiscal federal que no para de analizar denuncias. Era sábado al mediodía y contabilizaba 400 detenidos en todo el país, según calculaba con otros colegas. A la noche eran 2200. A la noche 635 detenciones más sólo en el área Metropolitana de Buenos Aires. Sólo a Comodoro Py llegaron ya 1500 denuncias por los avisos recibidos en las líneas 147 de la Ciudad de Buenos Aires y en la 134 que implementó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se suman ahora de flagrancia por las fuerzas de seguridad. Durante el domingo el ritmo de las denuncias bajó.

En los tribunales porteños las causas van a la fiscalía de turno, ahora a cargo de Alejandra Mángano. Colabora la fiscalía de Cámara, con José Agüero Iturbe. Es porque se aplican delitos federales: violación a las medidas para prevenir una epidemia, con 6 meses a dos años de prisión (artículo 205 del Código Penal), resistencia y desobediencia ante una autoridad, que tiene hasta 1 año de cárcel (artículo 239) y el más, grave, propagación de una enfermedad contagiosa, que puede implicar hasta 15 años de prisión (artículo 202). Hay también posibles multas. El objetivo es que quienes son denunciados/as cumplan el aislamiento. Las indagatorias se postergan para el final de la cuarentena. Una de las excepciones podría ser el joven que llegó en Buquebús con coronavirus, Luca Singerman, a quien el juez Luis Rodríguez evalúa indagar por videoconferencia. No descarta que haya actuado con “dolo”. Rodríguez mandó una nota a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y su par Diego Santilli pidiendo más controles.

Luego hubo todo tipo de casos: desde gente en un hotel alojamiento, un policía alcoholizado, runners prepotentes, un hombre de ciudadanía francesa –cuya expulsión se evalúa— hasta la causa contra el Luca Singerman, el joven que llegó en Buquebus con coronavirus, por lo que terminaron 423 personas (entre pasajeros y tripulantes) en cuarentena y para quien no se descarta la figura penal más grave, dependerá del “dolo”.

Derechos laborales

“Varias empresas de distinto tamaño están suspendiendo a los trabajadores en lugar de licenciarlos, con el argumento de que es insostenible pagar salarios ante la paralización de la actividad. La licencia fue creada por DNU con goce de haberes. Las suspensiones por fuerza mayor, de la ley de contrato de trabajo, no”, explica la abogada laboralista Lilia Alonso, de sindicatos y trabajadores, anticipando una discusión legal que se avecina. “El decreto –agrega-- no dice nada sobre la Ley de Contrato de Trabajo, de donde surge la posibilidad de suspensión, pero los empresarios alegan que la emergencia corrobora la existencia de “fuerza mayor”. “¿Quién paga esta paralización? ¿Y cuánto tiempo pasará? Porque generará una catarata de suspensiones”, advierte.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, coincide en que “las suspensiones por fuerza mayor son ilegales” y suma otros conflictos. “Ciertas empresas han comunicado a sus empleados y empleadas que no pagarán las licencias justificadas para el cuidado de niños y niñas cuyas escuelas cerraron. La resolución 207 del Ministerio de Trabajo estableció que las ausencias por ese motivo son ´justificadas´, pero no dice remuneradas. Es obvio que sí lo son. Si los sindicatos y el Ministerio de Trabajo no intervienen todo esto terminará siendo debatido en tribunales. Los empresarios argentinos muestran su peor cara ahora, lo que demostrará que la tan mentada industria del juicio es impulsada por los incumplimientos de los empleadores”. Otra tema son las actividades que no se detienen y que incluyen contacto con –por ejemplo—barcos de otros países que llegan u otras formas de riesgo ante el coronavirus. “¿Qué pasará si uno de esos trabajadores contrae el virus?”, plantea.

El ministerio de Trabajo habilitó consultas sobre empleadores que no cumplen con las obligaciones sanitarias ante la pandemia, en el número 080066641000 o el correo [email protected]

Precios y contratos

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció inspecciones de precios y clausuras para quienes incumplan con las normas y los precios máximos de productos esenciales para “garantizar el abastecimiento y controlar abusos” frente al impacto de la pandemia. Para los incumplidores dijo que se aplicarán la llamada Ley de Abastecimiento 20.680 (incluso sobre las micro, pequeñas y medianas empresas el tiempo que dure la emergencia) y figuras del Código Penal, como los que estipulan fraudes al comercio y la industria (300 y 300 bis), con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas. La ley de abastecimiento establece multas de hasta 10 millones de pesos o el triple de las ganancias producida por la maniobra, también dos años de clausura y hasta la prohibición de ejercer el comercio.

En los últimos días hubo actas labradas y clausuras, como la de una farmacia que puso un cartel que anunciaba la falta de alcohol en gel pero tenían un stock de botellas oculto y otra que vendía medio litro a 700 pesos. La lista de todos los precios máximos de productos básicos está en www.argentina.gob.ar/preciosmaximos. Las denuncias se hacen en Defensa del Consumidor. Hay un mail: [email protected] o por twitter @DNDConsumidor. Es probable que mucho de esto se judicialice.

“Desde las asociaciones de consumidores vemos con alarma que los precios de los alimentos siguen subiendo mientras el petróleo, por ejemplo, está congelado. Tenemos algunas dudas sobre donde llegan, además, las denuncias por precios”, dice Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Las organizaciones están atentas a las disposiciones sobre vencimientos de servicios públicos, cortes de luz, gas, agua y comunicaciones, los vencimientos de créditos y tarjetas y los posibles incumplimientos de obligaciones, como el pago de alquileres. Para las cuestiones de contratos, como escribió David Cufré en este diario debería existir una renegociación masiva (https://www.pagina12.com.ar/254290-cuarentena-que-va-a-pasar-con-los-alquileres-las-tarifas-y-l) frente a la situación excepcional que se vive. Quizá se evite la judicialización.

Violencia de género

Un gran interrogante es qué pasará con las víctimas de violencia de género ante la feria judicial y la situación de encierro, candidata a potenciarlas. Por un lado está la dificultad de las víctimas para salir a denunciar, la atención reducida y a la vez la posibilidad de que la violencia aumente en el escenario actual. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema atiende las 24 horas pero con poco personal. Desde allí sugieren llamar primero al 911 o a la comisaría más cercana. A la vez, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, puso a disposición la línea 144, la comunicación por whatsapp (11-2771-6463, 11-2775-9045 y 11-2775-9048) y por e-mail ([email protected]), que atienden consultas por todo tipo de violencia. En la Ciudad de Buenos Aires la línea para denuncias es el 137. Esta última por ahora registró el mismo promedio de denuncias diarias habituales (45 hasta la tarde del domingo).

En distintas jurisdicciones se prorrogaron de manera automática las medidas cautelares y de protección en casos de violencia familiar y de género dictadas con anterioridad. Lo hicieron tribunales de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.  Desde la semana pasada, un grupo de organizaciones (ACIJ, CELS, CEM, Hábitat para la Humanidad, La Boca Resiste y Propone) y el Ministerio Público de la Defensa, reclaman al gobierno porteño medidas ante la pandemia para las personas en situación de calle, que son 7251 según el último censo. Mientras en teoría se ocupaban de la cuestión, las autoridades porteñas entregaron a quienes quieran utilizar los llamados “paradores” para dormir un formulario con preguntas absurdas para alguien que vive en la calle: desde si estuvo en China en los 14 días previos o cuál es su domicilio. En el ínterin, cerraron dos paradores (el Caina y La Boquita). El juez porteño Guillermo Scheibler intimó el jueves al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con cinco días de plazo, a que informe todas las medidas adoptadas o previstas en la emergencia sanitaria respecto de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. También Myriam Bregman y Alejandra Barry (PTS-Frente de Izquierda) pidieron una medida cautelar para que se garantice un almuerzo saludable en las escuelas, ya que la comida caliente fue sustituida por un sándwich.

Presos y presas

La situación de superpoblación, hacinamiento y falta de higiene en las cárceles las vuelven lugares de alto riesgo para la propagación de enfermedades. En los últimos días los servicios penitenciarios Federal y Bonaerense adoptaron medidas de prevención frente al coronavirus. En la provincia de Buenos Aires, buena parte de los detenidos/as se habían aislado de manera voluntaria: suprimieron las visitas. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Cámara de Casación Penal Federal y la Defensoría General plantearon el escenario de riesgo y pidieron establecer qué detenidas necesitan atención especial y podrían, como población de riesgo (por enfermedades de base, edad o embarazo), pedir la detención domiciliaria. Hubo más de 150 pedidos de domiciliaria la última semana, con respuestas disímiles. Es un universo que incluye de todo: presos “comunes”, represores y algunos ex funcionarios y empresarios. Todo indica que los planteos judiciales se multiplicarán. Además, los jueces de ejecución suspendieron las salidas transitorias. Tampoco hay traslados de detenidos tribunales. Se los manda a los penales con medidas de aislamiento. Desde Comodoro Py el sábado se hicieron indagatorias en una causa de droga por videoconferencia.