Alrededor de 48 gremios docentes brasileños, que agrupan más de un millón de afiliados, iniciarán el miércoles una huelga por tiempo indeterminado contra el presidente Michel Temer, por la controversial reforma previsional que busca flexibilizar el sistema jubilatorio y limitar el otorgamiento de pensiones especiales. Los maestros, el particular, piden que continúen las jubilaciones especiales y que se cumpla efectivamente el piso del salario mínimo.
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ese país confirmó hoy que se movilizarán en todo el país contra la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno “porque va a desmantelar la seguridad pública para promover fondos privados, en detrimento de la clase obrera y los más pobres del país”.
La propuesta de Enmienda Constitucional de Temer fue enviada al Congreso en diciembre. Entre los aspectos más controversiales, plantea que tanto hombres como mujeres, así como trabajadores urbanos o rurales, podrán retirarse únicamente al cumplir 65 años y tener 25 años de contribución. Además, suprime las jubilaciones especiales, aún vigentes para sectores como la educación y el agrícola.
La CNTE explica que en su caso específico la reforma busca acabar con las jubilaciones especiales tanto para los nuevos concursantes como para los que tienen menos de 45 años de aporte, en el caso de las mujeres, y menos de 50 años en el caso de los hombres. Esto significa que casi el 70 por ciento de los profesionales de la enseñanza ya no tendrá derecho a la jubilación especial, teniendo en cuenta que el 66,48 por ciento de los maestras (1,164,254) y el 82.09 por ciento de los maestros (357,871) están por debajo de la línea etárea consignada en el proyecto oficialista.
“Nos movilizaremos para detener esta reforma. Esperamos que nuestro reclamo se traslade a las calles para promover el debate porque la reforma castiga a la clase obrera. Los próximos días serán una larga lucha contra esta reforma”, explicó el presidente de la CNTE, Andre Luiz.
Sumado a este reclamo, los docentes piden que se suba el piso salarial que anunció el gobierno en enero, de 2135.64 reales. Aseguran que de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, sólo el 44,9 por ciento de los municipios brasileños pagó el sueldo mínimo en 2016. En 14 Estados se cumplió, en cinco en forma parcial y en ocho no se aplicó.