Los detenidos en las cárceles de Coronda y Santa Fe se rebelaron en simultáneo ayer por la tarde y, en el primer caso, ganaron los techos para hacer visible reclamos y denuncias que caben dentro del malestar social causado por la pandemia del coronavirus. Desde el exterior del presidio corondino se vio fuego en el interior de algunos pabellones, se escucharon disparos y corridas en lo alto de reclusos y de agentes del Servicio Penitenciario. El gobierno atribuyó el amotinamiento a la suspensión de visitas familiares, decidida en el marco de la emergencia sanitaria y al reclamo de cumplimiento de medidas de profilaxis en el personal penitenciario. Los presos lo confirmaron en un video que viralizaron en redes sociales y manifestaron que se sienten desprotegidos ante guardiacárceles que no respetan los recaudos que impone el protocolo sanitario. Ambos motines explotaron al día siguiente de un hábeas corpus interpuesto por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que denunció "deficiencias que vulneran los derechos humanos" e "incumplimiento de las medidas sanitarias que debieran ser adoptadas en el marco de la pandemia".

La situación en el penal santafesino de Las Flores seguía al cierre de esta edición fuera de cauce. La revuelta en Coronda fue más belicosa, incluso un preso asesinó a otro de un puntazo en el pecho durante el motín, y hubo dos guardiacárceles lesionados. Pero hacia la noche el Servicio Penitenciario logró que los amotinados se replegaran. Las autoridades temen la posibilidad de réplicas en otros presidios. En Santa Fe hay unas 7000 personas privadas de libertad.

La crisis se declaró pasado el mediodía de ayer en la Unidad Penitenciaria N° 1, en Coronda (la más grande de la provincia), y en la UP2 Las Flores, en la capital provincial. Varios reclusos -en Coronda, los que habitan los pabellones 4, 5 y 6- traspusieron las puertas y ganaron pasillos internos hasta lograr encaramarse a los techos, al aire libre. Algunas filmaciones caseras -de celulares en mano de los propios amotinados- que circularon pronto por las redes mostraron corridas de presos en los patios internos, otros que ganaban la altura de los pabellones y gritaban desde allí consignas desafiantes hacia sus carceleros, y pasillos internos copados por la población carcelaria y sin penitenciarios a la vista. Desde las torretas de seguridad, los guardiacárceles disparaban sus escopetas hacia los amotinados.

En ese caos, trascendió en whatsapp y otras redes un video grabado desde el interior de la UP1 en el que un joven detenido, con el rostro cubierto, explica los motivos de la rebelión.

El convicto leyó un texto respetuoso pero firme, dirigido al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad. En primer lugar, los internos confirmaron la suspensión de visitas familiares en las unidades penitenciarias. "Estamos todos de acuerdo con eso, para evitar el contagio a nuestras familias y por nuestras vidas. Pero le hacemos saber que la autoridad no está cumpliendo con la cuarentena: se hacen cambios de guardia por semana, son aproximadamente 2150 efectivos que ingresan a la unidad y no están tomando precaución, ni enfermeros ni maestros", distinguió el portavoz de los encausados. 

El texto difundido asegura que hay agentes penitenciarios que volvieron de vacaciones desde Brasil y Paraguay que no se reportaron en cuarentena. Asimismo, agregaron: "No nos dejan pasar alimentos sabiendo que la comida aquí es incomible y sabiendo que la cárcel está superpoblada y sabiendo que la mitad está para gozar de beneficios de salida transitorias, libertad condicional y asistida". 

Los presidiarios reclamaron la presencia de jueces, de las asociaciones de derechos humanos y de la prensa para enterarse de la situación en la que se encuentran  recluidos. "Vamos a tomar todas las medidas necesarias hasta tener respuestas, para que  no digan después que Coronda armó un motín: solo peleamos por nuestros derechos legales. Estamos pagando nuestros errores y muchos ya deberíamos tener la libertad. Pelearemos hasta las últimas consecuencias, en forma pasiva por la libertad d aquellos que están pasados (de tiempos procesales) y brindar atención a quienes están en una condena alta", finalizó el comunicado del colectivo presidiario.

Hacia la noche, el secretario de Justicia provincial, Walter Somaglia, explicó que un reclamo apunta al traslado a prisión domiciliaria de internos que integran grupos de riesgo ante el Covid-19. "Eso es una atribución del Poder Judicial", alegó. También sostuvo que las decisiones restrictivas adoptadas corresponden "a la decisión de priorizar la seguridad y la vida de los internos".

Lo expresado en aquel video a través de un convicto como vocero se condice con el hábeas corpus que el Servicio de Defensa Pública Penal (SDPP) presentó el domingo y divulgó ayer. Su titular, Jaquelina Balangione, constató que los carceleros que ingresan estos días a cumplir funciones en las prisiones no son revisados por médicos para constatar si tienen o no síntomas de Covid-19, como tampoco se les impone medidas de salubridad e higiene.  Balangione reprochó la carencia de elementos de limpieza entre los internos y la escasa provisión de alimentos. "Eso atenta contra el sistema inmunológico, y se suma la suspensión del ingreso de paquetes con alimentos y elementos de limpieza", agregó.

"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, cerró Balangione al citar el artículo 18° de la Constitución nacional.