La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, repudió la represión aplicada por la policía porteña contra las manifestantes después de terminada la movilización convocada en el marco del Paro Internacional de Mujeres, bajo el lema "Ni una Menos, vivas nos queremos". La AAJ exigió el sobreseimiento de los imputados detenidos en forma arbitraria.
La Organización No Gubernamental, consultora de Naciones Unidas, cuya comisión directiva integran Raúl Zaffaroni, Liliana Costante, Cristina Livitsanos y Beinusz Szmukler puso el acento en la injustificable persecución a manifestantes varias horas después de terminada la marcha y manifestó "gran preocupación por el endurecimiento de la represión al derecho a la protesta, habiendo esta Asociación cuestionado oportunamente la puesta en funcionamiento del protocolo policial que habilitaba a las detenciones indiscriminadas, lo que abre la puerta a este tipo de accionar por parte de las fuerzas de seguridad y del poder político".
"Los hechos de referencia acontecieron a partir de las 23 horas del 8 de marzo pasado, cuando funcionarios policiales reprimieron a mujeres que quedaban en las inmediaciones a la Plaza de Mayo y detuvieron arbitrariamente a 20 personas, en un claro accionar que pretende disciplinar a las miles de mujeres que marcharon por esas calles horas atrás", señaló el comunicado y resaltó que "por otro lado, las fuerzas policiales actuaron sin orden judicial, lo que sumado a la no flagrancia constituyen detenciones arbitrarias e ilegales. A todo lo anterior, se suma que el personal policial actuó con una inusitada violencia y tuvo tratos vejatorios para con las detenidas, sin utilizar las placas identificatorias durante el operativo y en las comisarías. Asimismo, resulta muy preocupante la actitud asumida por los funcionarios judiciales competentes, ya que ninguno de ellos tomó contacto con las y los detenidos/as una vez informados de las detenciones ni se efectuó el control correspondiente sobre lo actuado por la policía"
AAJ consideró como agravante que "el joven que provocó los primeros incidentes en la Catedral, mantiene públicos vínculos con los funcionarios del gobierno, lo que deja en claro que la represión fue organizada desde el poder político, tanto de la Ciudad Autónoma como de la Nación. La represión, el accionar violento del personal policial y las detenciones arbitrarias e ilegales constituyen graves violaciones a los derechos humanos que continuarán siendo vulnerados hasta tanto se investigue y sancione a los responsables y sean sobreseídas las personas que -si bien fueron liberadascontinúan imputadas"
Los juristas exigieron que " todos los sectores se interpele al Estado para que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables políticos y materiales de los de las violaciones a los derechos humanos mencionadas"
