La Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, denunció “graves incumplimientos” del Gobierno porteño respecto de las medidas para resguardar de la pandemia a los sin techo. Las organizaciones aseguraron que “es falso que se abrieron tres dispositivos de alojamiento de emergencia” como se anunció el fin de semana. 

En forma coincidente, las y los trabajadores del BAP (Buenos Aires Presente) demandaron la provisión de medios para asistir a los sin techo y denunciaron irregularidades con la provisión de comida y el incumplimiento del protocolo establecido para evitar la propagación del coronavirus.

Las personas que trabajan en el BAP reclamaron a las autoridades porteñas que “se tomen los recaudos necesarios  de manera inmediata a fin de proveer de los elementos de prevención y cuidado a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional y a cada trabajador/a del programa”.  

"Prometieron tres alojamientos, hay sólo uno"

La Asamblea Popular recordó que el gobierno porteño abría ante la emergencia “los Polideportivos Parque Avellaneda, Pereyra y Parque Chacabuco”, pero en los hechos “solo abrió sus puertas” el último de los nombrados “que sería exclusivo para familias”. Por eso reclamó que se tome en cuenta especialmente la situación de mayores adultos y niños, que se abran postas sanitarias en distintos puntos de la ciudad y que se cree un organismo de control permanente.

Las organizaciones no gubernamentales que reparten viandas entre los sin techo, puntualizaron que “lxs muchísimos compañerxs que están solos en la calle siguen sin ningún tipo de amparo”. Señalaron que “es falso que haya atención adecuada en la Línea Social 108” cuando “existen larguísimas demoras o directamente falta de presencia del BAP ante los llamados” solicitando ayuda.

Denunciaron también que “la violencia habitual (contra los sin techo) recrudece” porque “en vez de ser menos, han aumentado las exigencias del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, a cargo del abogado Jonathan Lifschiz”.

En las actuales circunstancias “aumentan la expulsión, violentan a las personas y niegan el acceso al subsidio habitacional” porque piden “documentación por fuera de lo exigido en el decreto que le dio origen”. Esto hace que “infinidad de personas y familias pasan la noche amontonados sobre cartones en la puerta de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario para poder ser atendidas”.


Alimentos, higiene, educación

La Asamblea reclamó que “se permita el ingreso directo de las personas y familias (…) a los dispositivos habilitados, sin burocratizar el acceso con el llamado a una Línea Social 108 estallada, que no atiende”.

El pedido es que se informe sobre las direcciones y las modalidades de ingreso en “los dos Centros de Inclusión adicionales exclusivos para personas mayores con síntomas de coronavirus” y que “de manera urgente” suministren “elementos de higiene personal” a quienes están en la calle y a las personas que están en los refugios. Al mismo tiempo, se exige la entrega de elementos de limpieza y que se garanticen “condiciones de trabajo saludables” al personal del BAP y al que trabajan en los refugios.

Solicita la Asamblea que garanticen, dentro de los dispositivos, “los tratamientos médicos y los traslados, de ser necesarios”, además de “la provisión de medicación para tratamientos crónicos y la atención y contención para personas con padecimientos de salud mental y consumo problemático de sustancias”.

En los lugares donde se alojen niños y adolescentes, se debe “respetar el derecho a la educación”, mediante la “provisión de computadoras para que puedan acceder a las plataformas educativas que implementaron lxs docentes en el marco de la cuarentena obligatoria”.

La Asamblea solicita que designen un interlocutor directo del Ministerio de Desarrollo para plantear estos temas y para que se aclare “en que consiste la operatoria especial de subsidios habitacionales” que se ofreció ante la emergencia sanitaria.


"Hay deficiencia en las provisiones"

Por su parte, los trabajadores del BAP, en una declaración a la que tuvo acceso Página/12, coincidieron en que “existen impedimentos para efectivizar el acceso a la vivienda de las 7251 personas en situación de calle” en la ciudad, según el Segundo Censo Popular realizado en 2019.

El problema se agrava por la pandemia que en el país tiene “epicentro en la Ciudad de Buenos Aires”. Las y los trabajadores del BAP entienden que “la única salud posible es la que se construye de forma colectiva” y que en el marco de pandemia “la presencia de personas en situación de calle es un riesgo tanto para sí como para la comunidad en general”. Por eso solicitan que “se tomen los recaudos necesarios de manera inmediata a fin de proveer de los elementos de prevención y cuidado a de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional y a cada trabajador/a” del BAP.

“Desmentimos la ampliación de los lugares de albergue, la ampliación de equipos en calle” porque funcionan “en cantidad muy por debajo de la demanda que la hora implica”. En esa situación “los pocos dispositivos habilitados no cuentan ya con vacantes para nuevos ingresos, no ha habido capacitación al personal y se continúa trabajando de manera habitual cuando la situación de público conocimiento no lo es”.

Le reclaman al gobierno “un refuerzo inmediato de los recursos”, que se tome en cuenta “el aislamiento impuesto como medida de protección” y también “el cierre de comercios y comedores” que daban auxilio diario a los sin techo “para sobrevivir”. Además plantearon que hay una serie de deficiencias en las provisiones que se reparten, tanto en materia de comida como de elementos de higiene.