Los disturbios en las cárceles bonaerenses y santafesinas bajaron su intensidad este martes aunque la tensión sigue presente: los conflictos persisten en Florencio Varela, Batán, Sierra Chica, Olmos, La Plata y en otros penales. En esos establecimientos se se habla de una posible huelga de hambre, medida que podría extenderse también a Santa Fe, donde el lunes hubo hechos muy violentos , que incluyeron un muerto en Coronda y cuatro en la cárcel de Las Flores, en la capital provincial, donde se concretó la toma de un pabellón y los penitenciarios quedaron del lado de afuera. Las autoridades alegan que las muertes fueron producto de peleas entre los presos, venganzas y hasta episodios de violación. 

Todavía no hay un reclamo definido, pero es obvio que la prioridad la tienen la falta de control médico, la ausencia de medicamentos, la escasez de agua, la comida inadecuada y todo lo que tiene que ver con el hacinamiento. Por de pronto, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, dispuso que los familiares pueden llevar víveres y ropas para sus parientes presos. No pueden entrar a la visita, pero sí dejar lo que le quieren hacer llegar al interno. Sin embargo, la demanda de fondo es que se permitan excarcelaciones y prisiones domiciliarias. En Estados Unidos, España, Irán y otros países se están adoptando medidas de esa naturaleza porque no sólo está en riesgo el contagio de toda la población carcelaria sino también el de los efectivos de los servicios penitenciarios.

En los penales

La jornada de este martes pintó como caliente, tras un lunes de desbordes serios en los establecimientos bonaerenses y gravísimos en los santafesinos. En Batán y en Florencio Varela se produjeron fuertes protestas, pero hacia la noche la situación se había calmado. Algunas versiones insisten con que este martes también hubo tiros y conatos de motín. En Coronda, el lunes hubo serios enfrentamientos entre bandas dentro del penal y los incidentes terminaron con un muerto, supuestamente producto de un facazo de un interno a otro. En Las Flores se produjo una virtual toma de los seis pabellones de la cárcel, todos los pasillos, presos subidos al techo y varios penitenciarios teniendo que ser rescatados por sus pares ante la ofensiva de los detenidos. 

El secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fé, Walter Gámez, informó que hubo cuatro internos muertos y, según dijo, se trató de choques entre los presos. En la madrugada la situación se controló a partir de la irrupción de tropas especiales, tras una orden del gobernador Omar Perotti.

Los especialistas aseguran que en el mundo carcelario pocas cosas suceden sin el visto bueno de las autoridades de los penales. Por lo que no resulta descartable que las rebeliones estén alentadas por los propios penitenciarios que, según ellos mismos alegan, están muy expuestos y sin protección frente al coronavirus. Los expertos señalan que a veces hasta se permiten peleas entre bandas para "sacarse de encima" a los más difíciles de controlar. Además, les serviría para presionar sobre el poder político.

Rumores de huelga de hambre

En la mañana del martes era un secreto a voces que se preparaba una huelga de hambre en los penales bonaerenses. En todas las unidades hay una superpoblación de más del 100 por ciento, con 46.000 presos en el sistema de la Provincia de Buenos y 21.000 plazas, muchas de las cuales ya en sí mismas significan un exceso de la capacidad. Además, hay otros 4.200 detenidos en comisarías, con apenas 1020 camastros, según el informe de la Comisión Provincial de la Memoria. Para colmo hubo que remontar la catastrófica situación dejada por el gobierno anterior, con ausencia casi total de medicamentos y deplorable situación alimenticia.

Otro factor que agrava la situación es la restricción de visitas --en Argentina y en el mundo--, que produce un impacto emocional y al mismo tiempo deteriora las condiciones de vida porque los familiares casi siempre le llevan comida y vestimenta a los presos. Para aliviar la situación, el Ministerio de Justicia bonaerense tomó la medida de aceptar entregas de comestibles y ropas que los familiares quieran hacerle llegar a los internos. Se dispuso un operativo, con reglas de seguridad muy severas, y la recepción se hace en las afueras de cada establecimiento.

Más allá de los reclamos puntuales, todo el movimiento apunta a presionar por excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Lo mismo está sucediendo en otras partes del mundo, con algunas reacciones asombrosas. En Estados Unidos hubo 40 estados que adoptaron políticas para reducir la cantidad de presos, por supuesto poniendo el foco sobre los que cometieron los delitos más leves y, esencialmente, los que representan menos peligro. En el país del norte hay muchísimas personas detenidas que tuvieron la alternativa de pagar una fianza pero no contaban con el dinero: esos son los primeros en ser excarcelados. Arizona, por ejemplo, que tiene 40.000 presos, mandó a sus casas, en promedio, a unos 400 detenidos por penal. Como se sabe, Estados Unidos es el país con la mayor población penitenciaria del mundo: unos dos millones de presos. Medidas similares se tomaron en Irán --muy afectado por el coronavirus--, España, Italia, país en el que ya hubo motines y muertes, lo mismo que en Brasil: sucede que el peligro de contagio, en cárceles abarrotadas, es mucho mayor que lo habitual y, además la infección no sólo se puede dar de afuera hacia adentro, a través de los penitenciarios, sino también de adentro hacia afuera.

En Argentina no se puso en marcha ningún proceso de descompresión de las cárceles. Hasta ahora sucede lo contrario: los jueces de ejecución penal, federales y bonaerenses, prohibieron las salidas transitorias de los presos que ya tenían el beneficio. Es una forma de evitar que el interno se contagie afuera y lleve el virus hacia adentro. Pero la lógica era, en todo caso, permitirle que no regrese al penal, que es la decisión que se adoptó en España.

Lo mismo debería ocurrir con los presos de más edad, los que tienen problemas de salud, las embarazadas y las mujeres con hijos. En esta situación de emergencia significa poner a esa población en mayor riesgo aún, con el adicional de que existe el peligro de motines que desatan robos y vandalismo contra los que son físicamente menos fuertes.

El diagnóstico es que puede haber huelgas de hambre y más conflictos en los penales de los distritos con mayor hacinamiento. Por ahora, el Servicio Penitenciario Federal, con una sobrepoblación mucho menor, parece tener la situación controlada, pese a lo cual decretó el estado de alerta. Pero hay provincias con enormes problemas edilicios, de sanidad y alimentación.

Habrá que ver si en los próximos días hay alguna movida impulsada por la Corte Suprema o por el propio Poder Ejecutivo, tal vez auspiciando medidas que faciliten las excarcelaciones y prisiones domiciliarias, como se están adoptando en otros países del mundo.