La dictadura había terminado y la promesa de felicidad que traía la democracia avivó la esperanza de gays, locas, manflores, travestis y lesbianas de caminar libres al fin. Apenas asumido el gobierno de Raúl Alfonsín anunció un plan para juzgar a los militares que habían robado el poder entre 1976 y 1983. Así nació la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), que se creó cinco días después de la asunción y tuvo a cargo recibir las denuncias, cruzar informaciones y llegar a un listado de los crímenes. Para que la Comisión trascendiera las grietas del momento Alfonsín llamó a un grupo de personalidades e intelectuales dentro de los que estaba el rabino Marshall Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Meyer fue el único dentro de la Comisión que habló de una violencia específica a las personas LGBT+ durante la dictadura: dijo que unos 400 homosexuales figuraban en una lista. En una entrevista con Calos Jaúregui quedó registrado: “La Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas desaparecidas a 400 homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.

Operación Tróccoli: en democracia también se persigue, se reprime...

En los primeros nueve meses la Conadep recibió 7000 testimonios, documentó 8961 desaparecidxs y reunió pruebas de 365 centros clandestinos de detención y tortura. Hicieron un documental que tuvo un récord para la época (lo vieron 1.600.000 personas) y al comienzo del programa habla el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, que en disonancia con la línea que siguió parte de la Comisión argumenta con la teoría de los dos demonios. “Una orgía de sangre y muerte donde el único lenguaje era el del fuego y de la muerte”, fueron las palabras del ministro en referencia a los enfrentamientos y secuestros previos a la dictadura. Para la comunidad LGBT+ todo lo que podía ser primavera quedó marchito con Tróccoli, que representaba a la fracción más conservadora del gobierno. Su idea de la democracia estaba asociada al orden moral y fomentaba las razzias a la comunidad LGBT+, dando el visto bueno para la aplicación de los edictos 2F y 2H (escándalo público, incitación al acto carnal y vestir prendas contrarias al género). Para el ministro todo era válido para acabar con la desviación de los valores naturales: “La homosexualidad es una enfermedad y nosotros pensamos tratarla como tal”, diagnosticó en una entrevista.

En septiembre del 84 la Conadep presentó el informe de las denuncias y por sugerencia del rabino Meyer lo llamaron “Nunca más”, un lema que ya había usado el Gueto de Varsovia para repudiar al genocidio nazi. El acto fue en Casa Rosada y al lado de Alfonsín, en primera plana, estaba Tróccoli. Lo llamativo del informe es que en todos los casos relevados no aparezcan ni una sola vez las palabras travesti, homosexual, manfloro, puto, gay, lesbiana, tortillera, invertido. ¿Qué pasó con estas identidades? Es probable que muchas de las desapariciones y persecuciones no hayan tenido un solo motivo y por eso haya quedado invisibilizado. Por ejemplo, el periodista Enrique Raab figura en la lista de desaparecidos que armó la Conadep con el número de legajo 276, pero como era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo es difícil definir un solo motor de su secuestro.

Raab era un periodista todo terreno: escribió igual de puntilloso la temporada teatral de Mar del Plata para el diario La Opinión y los artículos de la revista Nuevo Hombre, que era parte del PTR-ERP. El Nunca Más lo pone en el apartado de periodistas desaparecidos y cuenta que el 16 de abril del 77 su casa del bajo porteño fue rodeada, ametrallaron la puerta y “encapucharon a ambos residentes, Raab y Daniel Giron”. El dato que falta es que Raab y Girón vivían juntos porque eran orgullosamente pareja, y todo su entorno (y muy probablemente la Comisión que redactó el informe) lo sabía. A la semana del secuestro, Girón fue liberado de la ESMA y Raab quedó desparecido. El 22 de abril una publicación del diario El País de España difundió en solitario otra versión: “El cadáver del periodista argentino Enrique Raab, apareció ayer en los suburbios de Buenos Aires”.

Para algunos militantes de la época como Héctor Anabitarte -uno de los Fundadores del Frente de Liberación Homosexual-, la persecución no se iniciaba por motivos relacionados al género o la sexualidad, aunque no ser heterosexual podía empeorar las cosas. “Yo no estoy seguro de que haya habido una persecución específica contra los homosexuales. Enrique Raab desapareció… estaba en el ERP. Yo creo que desapareció porque estaba en el ERP, no porque fuese homosexual. De todas maneras, me parece que es un agravante ser homosexual porque ahora en las fichas que están apareciendo aparece `judío´, `negro´, evidentemente si sabían de alguien hubiesen puesto `puto´. Seguramente tendrías peor parte”, dijo en una entrevista que aparece en el libro “Deseo y represión”, donde se analiza el rol de los activismos no heterosexuales en la dictadura.

Es difícil afirmar cuál de todos los motivos podían hacer que la dictadura persiguiera a una persona. Pero de lo que hay registro es que los centros de detención específicos para presos políticos empezaron a mezclarse con personas que llegaban por otras razones. En el centro de Rosario, donde hoy está la casa de gobierno, funcionaba un piso reservado a las personas amorales. “Salir a la puerta ya era un delito. Yo vivía con varias compañeras en una pensión y si nos veían yendo a comprar el pan ya nos levantaban y nos llevaban, porque ser trans era una contravención. Apenas volvió la democracia no se nos pasaba por la cabeza ir a hacer las denuncias porque para nosotras todo seguía igual, nos seguían metiendo presas por nuestra identidad. Por eso en un principio no se incluyeron nuestros testimonios en la búsqueda de justicia, porque no teníamos quién escuchara nuestras denuncias. Y los edictos, al menos en Rosario, siguieron hasta 2010”, dijo Carolina Boetti a SOY, En 2018, junto con un grupo de 10 rosarinas, se convirtieron en la primeras personas trans en recibir una pensión por haber sido detenidas en dictadura. Al momento, solo en Santa Fe, hay más de 20 casos registrados similares al de ellas.

Quién escribe la Memoria: la historia de Valeria del Mar Ramírez

“Nunca con la yuta, siempre con las putas, ayer y hoy”, dice Valeria del Mar Ramírez desde la Casa Roja de AMMAR en Constitución, donde está planeando con sus compañeras trabajadoras sexuales una estrategia frente a la pandemia del coronavirus. Valeria estuvo detenida en 1976 y 1977 en El Pozo de Banfield y fue el primer testimonio de una travesti trans en un juicio de lesa. Las dos veces el aislamiento fue total, estaba incomunicada: “Las únicas personas que vi eran policías, vestían uniformes y el trato con ellos era sólo para violarme”.

Valeria recuerda otras compañeras que pasaron por la misma situación, y que si bien no las desapareció de manera directa la dictadura les pegó fuerte la indiferencia: “De esa época soy la única sobreviviente. Hay muchas que no resistían, porque después de los golpes cuando te detenían y te violaban habían más golpes en la calle por discriminación. No teníamos tregua. Y sin poder trabajar se complicaba comer y tener acceso a la salud. Hoy existen algunos avances, pero seguir viva es ser una sobreviviente”. Su declaración, que fue en 2013, está cajoneada. Valeria se las arregla con una jubilación mínima que recibe por tener más de 60 años.

Brigitte Gambini: la denuncia y el exilio

El primer caso de persecución del que hay registro es el de Brigitte Gambini, que a fines de los 70 se escapó primero a Uruguay y después hizo base en París. En una entrevista del 89 denunció que 17 de sus compañeras trans habían sido desaparecidas por la dictadura, entre ellas su amiga Jeannette: “Todo ello a causa del travestismo y nada más, pues nosotras podíamos probar el ser artistas auténticas, el ser artistas auténticas, no ejercer la prostitución ni provocar escándalos públicos y, lo más importante, jamás habíamos tenido ideas ni vinculaciones políticas”.

Si bien el circuito contravencional y el de las desapariciones no se cruzaba todo el tiempo, los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) son un documento que prueba una persecución sistemática y orientada por motivos sexuales. En las fichas de la Dippba se marcaba si las personas eran “homosexuales”, “invertidos”, de “comportamientos amanerados”, “afeminados”, “lesbianas” y “marimachos”, entre otras clasificaciones. Los archivos de la Dippba no son específicos de la dictadura -de hecho muestran que la persecución estaba desde antes y se mantuvo después-, pero son una prueba de que entre el 76 y el 83 los motivos sexuales convivían con los argumentos políticos para detener a las personas.

Si le reclamamos al Nunca Más que incluya la persecución por motivos sexuales o de identidad de género, pensemos un momento en los problemas situados: ¿Cómo iba a acercarse a denunciar una travesti la desaparición de su compañera si la podían dejar presa porque su existencia ya era una contravención? ¿De qué forma un militante gay iba a denunciar un secuestro si las propias organizaciones políticas de la época le daban vuelta la cara por no cumplir con los valores revolucionarios de la familia? ¿Cómo iban a incluir a la comunidad LGBT+ si el ministro del Interior que se vinculaba con la Conadep opinaba que eran enfermos que había que curar? Para que la comunidad LGBT+ sea parte del proceso de memoria colectiva es necesaria una intención política de poner el foco en estos testimonios. Así como desde 2016 los delitos sexuales en la dictadura son un capítulo propio en las causas de lesa, la comunidad LGBT+ podría tener su propio lugar en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia solo si asumimos que existió y persiste una violencia específica. Que hoy te maten por puto, travesti, trans y lesbiana es una continuidad histórica: Nunca Más es una frase que pide a gritos ser ampliada.