A días del aniversario de la explosión del edificio de calle Balcarce 23 bis, que provocó la muerte de un hombre de 60 años, la Justicia evalúa un pedido para que la Municipalidad concrete la demolición, por riesgo de derrumbe. El año pasado, peritos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) elaboraron un informe en el que adviertieron sobre la posibilidad de que el edificio se desplome. Señalaron que "el grado de afectación que representa la construcción amerita la demolición de la estructura o una parte". Y recomendaron, "en forma inmediata, solicitar la colaboración a la Dirección de Obras Particulares Municipal a fin de que indiquen el procedimiento más adecuado". Ante ello, en agosto, la fiscal Valeria Piazza Iglesias remitió un oficio a la Intendencia en el que pidió que "de manera urgente se arbitren los medios para apuntalar o demoler el edificio". Ahora el juez en lo Civil y Comercial Pedro Boasso analiza el planteo. "La Municipalidad debió haber actuado por su poder de policía. Es un peligro que la gente transite por ahí. Es cuestión de tiempo", dijo el abogado Joaquín Hernández, en representación de una propietaria del edificio. La causa no tiene imputados, porque la filtración de gas, que provocó la explosión, era "imperceptible".

El 23 de marzo de 2016, el estallido del edificio de tres plantas terminó con la vida de Alejandro Bogado y provocó heridas en cinco personas; además de cuantiosas pérdidas materiales, incluso en dos casas linderas. Según determinó la investigación, la explosión se produjo por la acumulación de gas entre las paredes. Al respecto, desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que los peritajes dieron cuenta de que la fuga "ocurrió en el espacio técnico entre las paredes", e "imperceptible", ya que se fue acumulando en el tiempo. Sobre la responsabilidad del siniestro, consideran que "no hay elementos concretos para imputar a alguien".

Ante el riesgo, el abogado Hernández presentó una medida auto satisfactiva, a modo de acción preventiva de daños, para que el juez Boasso ordene apuntalar o bien demoler el edificio. Se trata de un pedido que debe cursarse a la Municipalidad para que proceda a la demolición del edificio ante el riesgo de derrumbe que pone en peligro a vecinos de la zona y eventuales transeúntes. El planteo tiene apoyatura en la figura de la acción preventiva, incorporada al Código Civil y Comercial que rige desde agosto de 2015.

En diálogo con este diario, Hernández --abogado de la propietaria del departamento 2 del segundo piso e integrante del consejo de administración del edificio siniestrado-- señaló que éste "está muy comprometido; pero, no lo digo yo, sino los peritos". Y describió: "El segundo piso está completamente derrumbado sobre el primero. Estamos hablando de que hay una vereda de un metro, con una medida de seguridad inexistente, porque es una placa común que se pone en una obra de construcción. Los peritos de la UNR aconsejan demoler, y la fiscal Piazza Iglesias remitió el oficio a la Municipalidad para que actúe de manera urgente, por inminente riesgo. Nada de eso se hizo. Es un peligro que la gente transite por ahí. Es cuestión de tiempo. En Monticas circularon así, hasta que chocaron", lanzó. "Cuando el riesgo afecta situaciones graves, la ley permite iniciar acciones legales para que el daño no se produzca y se evite otra tragedia", dijo el letrado que presentó la acción preventiva, la semana pasada.

Según pudo saber este diario, el magistrado corrió vista a la Municipalidad para que responda el planteo y podría resolver el pedido esta misma semana.