El Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó dos habeas corpus solicitando la prisión domiciliaria para personas que se encuentran privadas de su libertad y que conforman grupos de riesgo ante el peligro de contagio de coronavirus. Una de las presentaciones es por internos e internas que están en la Alcaidía General de la Provincia. El otro pedido es por las mujeres alojadas en la Unidad Carcelaria N° 4. Además, Castiella instó a respetar los derechos humanos y garantías constitucionales en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio y recomendó que se reduzca al mínimo indispensable el uso de la fuerza pública. 

El habeas corpus por las internas de la Unidad Carcelaria 4 fue presentado ante la jueza de Garantías Claudia Puerta. García Castiella alegó que la pandemia del coronavirus viene a agravar la situación de detención de "un grupo elevado de mujeres por el gravísimo y serio riesgo de contagio a las personas encerradas dentro de un establecimiento penitenciario". Dijo que las mujeres "no tienen forma de estar completamente aisladas, no solo por el contacto con otras internas sino también por el que se genera con el personal penitenciario y las eventuales visitas que tengan".

El defensor General instó a que la jueza tenga en cuenta las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes. Los pedidos se basan en un relevamiento de los defensores y las defensoras del Estado sobre la población que consideraron en situación de riesgo, en la  Unidad Carcelaria detectaron a 21 mujeres dentro de los grupos de riesgo contemplados por protocolos de la Nación y de Provincia. 

Similares argumentos planteó García Castiella en el habeas corpus presentado ante la jueza del Tribunal de Impugnación de la Sala 1, Virginia Haydee Solórzano, por los internos y las internas en grupos de riesgo de la Alcaidía. El defensor General afirmó que hay una emergencia preexistente en el sistema penitenciario y señaló que esta pandemia sin precedentes podría poner en riesgo la vida y la salud de las personas allí recluídas.

El funcionario recordó que el Estado es garante de los derechos constitucionales y que el Poder Judicial es responsable de las personas detenidas. Puntualizó que "la situación de agravamiento de las condiciones de detención puede generar responsabilidad internacional del Estado argentino y del Estado provincial de Salta".

García Castiella presentó listados pero advirtió que en lo referido a la Alcaidía, donde la Defensoría relevó a 13 hombres y 3 mujeres en condición de riesgo, no incluyen a la totalidad de internos e internas cuya salud correría peligro, por lo que solicitó que se pida al Ministerio de Seguridad que remita un listado completo. 

Los habeas corpus son pedidos colectivos y no se analiza en ellos la situación particular de cada una de las personas detenidas ni las causas por las que están recluídas. García Castiella fundamentó que se trata de personas "en riesgo de vida ante el peligro de coronavirus". Enfatizó que es una medida "precautoria y correctiva". Se vale del artículo 166 de la Constitución Nacional para justificar sus pedidos, el  inciso E "dispone que son atribuciones y deberes del Ministerio Público velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías, y de los derechos humanos en la cárceles y todo otro establecimiento de internación".

García Castiella habló de la necesidad de garantizar igualdad ante la pandemia y que las privadas detenidas o que cumplen condena puedan acceder al ejercicio y goce de consentimiento para tomar recaudos y prevenciones que hacen a la subsistencia y a vida en las mismas condiciones que quienes gozan de libertad.

El defensor General advirtió que podrían producirse situaciones "de crisis de pánico, revueltas e incidentes que pondría en peligro" a las personas internas y al personal penitenciario.

Garantizar justicia 

En un comunicado aparte, además García Castiella pidió garantías de respeto a los derechos humanos en general ante la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Dijo que resulta indispensable "garantizar el funcionamiento de los servicios tanto de seguridad como así también de justicia, a fines de preservar la integralidad de la respuesta institucional que la sociedad y cada uno de los habitantes que la integran, hoy demandan y necesitan". 

"Nos encontramos ante un fenómeno mundial, con su réplica local, que no reconoce parangón ni precedente alguno en la historia reciente, lo que nos exige un esfuerzo también extraordinario para compatibilizar las habituales y pacíficamente aceptadas normas coercitivas del Estado sobre las personas, sin que ello implique el sacrificio de ningún derecho, o al menos reduciendo su impacto a la mínima expresión", afirmó García Castiella. 

Desde la Defensoría, solicitó al Ministerio de Seguridad y la Policía "que ante la necesidad de recurrir al uso de la fuerza pública, medidas correctivas o de coerción, éstas se reduzcan al mínimo indispensable con la finalidad disuasiva y el debido respeto en el trato a las personas y a sus garantías constitucionales vigentes". 

El defensor General exortó a los distintos poderes públicos a evitar situaciones excesivas o innecesarias de encierro de personas en comisarías y lugares de alojamiento transitorio en ocasión de demora por incumplimiento al aislamiento social. También apeló a que las causas se abran en "casos extremadamente indispensables e inevitables". 

Ya sobre las personas detenidas, también pidió que se permita su acceso a lugares de alojamiento de privados de libertad, como así también a mesas de entradas físicas de juzgados y fiscalías a los fines de permitir las gestiones indispensables y que se dispongan los recursos de seguridad de manera igualitaria.

García Castiella informó que mantienen guardias de emergencia para las defensorías penales, se las puede solicitar en cualquier dependencia policial y están funcionando la totalidad de defensorías de violencia familiar y de género que tienen habilitado el celular 3874084561