La Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet y la agrupación HIJOS Salta en la Red Nacional objetaron la postulación del abogado Horacio Aguilar a ocupar un cargo en la Corte de Justicia de Salta. Le reprochan vínculos estrechos con la política, es amigo del ex gobernador Juan Manuel Urtubey y fue abogado del actual gobernador Gustavo Sáenz, y también que asumiera la defensa del empresario Carlos Pedro Blaquier en una causa en la que antes había sido juez. 

"Impugnamos esta postulación, por considerar que no satisface el requisito de idoneidad ni ofrece las garantías de independencia necesarias para desempeñar el cargo para el que es propuesto", sostuvieron los organismos de DDHH en la observación presentada ante el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

Para los organismos "la independencia se verá seriamente afectada si Aguilar asume la función de juez" porque "tiene vínculos estrechos con el actual gobernador y con quien fuera gobernador de la provincia por más de una década, Juan Manuel Urtubey". Incluso el postulante "actuó como asesor de la Provincia en la gobernación de Urtubey en materia de juicios federales entre 2009 y 2011". Aguilar ya respondió a estas observaciones y reconoció su amistad con el ex gobernador, que se remonta, dijo, a cuando ambos tenían diez años de edad. No hizo comentarios sobre la asesoría. 

Asimismo, los organismos señalaron que Aguilar fue abogado de Gustavo Sáenz durante la pasada campaña electoral, cuando el ahora gobernador fue denunciado por su contrincante, el senador nacional Sergio Leavy. "Esto afecta claramente la garantía de independencia, socavando la confianza que debe primar de la ciudadanía sobre quien es postulado a juez", insistieron los impugnantes.

En la impugnación también recordaron que Aguilar "fue cuestionado por organismos de derechos humanos de la provincia de Jujuy, ya que asumió la defensa de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (presidente del ingenio Ledesma), acusado por delitos de lesa humanidad, en una causa donde antes había intervenido como juez. Esto dañaba la ética de la profesión de abogado, por lo que no tiene la calidad necesaria para ahora actuar de juez", afirmaron la asociación Lucrecia Barquet e HIJOS.

"El compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos se ve seriamente dañado en la persona de Aguilar, ya que decidió asumir la defensa técnica particular de quien es acusado de graves crímenes a la humanidad, habiendo, como se dijo, actuado como juez en una de las causas en la que se encuentra imputado Blaquier", enfatizaron. Aseguraron que la duda que les deja esta actuación los lleva a afirmar que "no tiene la idoneidad ni aptitud moral necesaria para el cargo propuesto". 

Blaquier fue acusado de ser partícipe de los asesinatos cometidos en la denominada “Noche del Apagón” en Jujuy. "Durante su actuación como juez (Aguilar) firmó oficios en causas donde se encontraba imputado Blaquier relacionadas con la desaparición del ex intendente Luis Ramón Aredes", reseñaron los organismos.

También le reprocharon que como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta haya otorgado la prisión domiciliaria al genocida Joaquín Guil, condenado en la mayoría de las causas llevadas a juicio por delitos de lesa humanidad en Salta, entre ellas las causas por la Masacre de Palomitas, por el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Además, "Aguilar en el año 2007 fue abogado de la empresa Seaboard Corporation , dueña del Ingenio San Martín del Tabacal, donde se persigue a dirigentes del Sindicato Azucarero. Encabezó la embestida judicial contra trabajadores en lucha en particular contra la organización sindical". Y en Jujuy "asumió la defensa del ex gobernador Eduardo Fellner en causas de corrupción en su contra", reseñaron los organismos. 

En su respuesta, el postulante sostuvo que las defensas que ejerció  “no puede(n) implicar un demérito, en la medida en que he cumplido mi deber profesional con toda corrección”. Enfatizó que como magistrado propició “la reapertura de los procesos por violaciones a los derechos humanos” en Jujuy provincia y que cuando intervino “no surgía (...) ninguna imputación a persona alguna vinculada a la empresa Ledesma (…), ni mucho menos a su presidente”, que recién fue mencionado en 2011, cuando "hacía ya seis años que había dejado mi cargo de juez federal”. Relató que desde 2009 representó legalmente a Ledesma y que defendió a Blaquier con “la absoluta convicción de su inocencia”, que mantiene hasta el día.

En cuanto a la prisión domiciliaria a Guil, argumentó que los organismos de DDHH “tienen una visión parcializada y errónea de su actuación profesional”. En ese tren les reprochó que no mencionaran que en 2007 con su intervención la Cámara de Apelaciones “también confirmó la detención” del represor en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, entre otras decisiones. En total, recordó que dictó 114 resoluciones en causas por delitos de lesa humanidad e impulsó “numerosas medidas de superintendencia para lograr el rápido avance de esos procesos”.

Adhesiones y más objeciones 

La postulación de Aguilar cuenta con la adhesión de los jueces de Corte Fabián Vittar, Ernesto Samson, Sandra Bonari, Teresa Ovejero, Pablo López Viñals y del presidente, Guillermo Catalano. Y tuvo también la adhesión de una larga lista de funcionarios. En total, tiene 1126 adhesiones más un par de avales.

Del otro lado, también hizo observaciones el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis), que cuestionó su postulación y las de las abogadas María Alejandra Gauffin y Adriana María Rodríguez Faraldo, también propuestas para la Corte de Justicia, dentro de un plan de ampliación del máximo tribunal provincial que impulsa el gobernador. 

Focis descalificó por “paupérrimos” e “inexactos” los argumentos del gobierno para ampliar de siete a nueve los miembros de la Corte. “No es cierto que añadiendo dos jueces vayan a solucionarse los graves problemas de morosidad del Poder Judicial de Salta”, sostuvo. De igual manera, refutó que la ampliación sea necesaria para que la Corte funcione en salas “porque no hay nada que impida regresar a la estructura de salas con siete vocales”.

El Foro también cuestionó las postulaciones de “personas fuertemente vinculadas al poder político”. “Los postulantes que aquí objetamos nos presentan una Corte que continuará fallando según los deseos de los gobernantes”, sostuvo. La organización recordó que los jueces deben contar con formación académica, trayectoria cívica y profesional como elementos que “preanuncian o garantizan la selección de personalidades en condiciones de respetar la Constitución y las leyes por encima de las presiones y manipulaciones” del mundo de la política y de los grandes intereses privados. “Los tres vocales propuestos por el señor gobernador no cumplen estas exigencias”, remató. “Los impugnados se han movido (…) en este mundo de la justicia no independiente”, insistió. 

FOCIS aseguró por otro lado que las dos mujeres propuestas para la Corte no aseguran la incorporación de visiones de género en ese tribunal, porque ninguna "se ha caracterizado ni singularizado por su compromiso con las más modernas ideas referidas al papel de la mujer o a la pluralidad de géneros”.

Al contrario, “los tres postulados, por encima de matices, expresan de varias maneras la vieja cultura jurídica provinciana que impera en la Corte de siete miembros”, una “opción ideológica que procura mantener a Salta aislada de las mejores innovaciones que se producen en el ámbito de los derechos humanos” y de los tratados internacionales que los enuncian y garantizan.

Aguilar respondió a estas observaciones: “Jamás he estado siquiera en una sede partidaria, no me afilié a ninguna agrupación ni he tenido nunca en mi vida actividad política partidaria”, sostuvo, entre otras consideraciones. Destacó que tiene 32 años de trayectoria profesional, 21 de los cuales los hizo en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Salta y en Jujuy. Los 11 años restantes estuvo en el libre ejercicio de la abogacía.