El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, designó como funcionaria a la ex fiscal de Estado y defensora del genocida Antonio Domingo Bussi: se trata de la abogada Gilda Pedicone de Valls.

El cargo creado es “Dirección de Asesoría Letrada” del parlamento tucumano. Jaldo tuvo la iniciativa hace diez días, acompañado por la mayoría de los legisladores que pertenecen al cuerpo, que guardaron silencio igual que la mayoría de los medios de comunicación locales.

 Las funciones de la defensora del genocida Bussi comprenden asesorías letradas, administrativas, legislativas, judiciales e investigaciones administrativas dentro de la Legislatura provincial. Pedicone de Valls no sólo tendrá mucho poder interno dentro de la legislatura, sino que también podrá iniciar sumarios internos en contra de los empleados y trabajadores legislativos.

Jaldo se vio envuelto en un escándalo a principios de este año, cuando el constitucionalista Luis Iriarte, por carta documento, le pidió al presidente de la Cámara que se difunda el listado de empleados y sueldos que tienen cada uno de los legisladores. Aún Iriarte espera la respuesta. La Legislatura tucumana está segunda en el ranking de los mayores gastos parlamentarios. En 2019, tuvo un presupuesto de 5.300 millones de pesos.

La nueva funcionaria legislativa fue fiscal de Estado durante el gobierno del represor, condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi, durante el período 1995-1999. También fue abogada defensora del mismo genocida cuando se realizó el juicio político en su contra y le descubrieron cuentas secretas en Suiza. Por entonces, Bussi inmortalizó la frase “ni lo niego, ni lo afirmo”. Durante el proceso que se llevó adelante, Gilda había realizaciones declaraciones como abogada defensora del ex militar.

En 1998, cuando Bussi fue acusado por falta a los deberes de funcionario público, Pedicone de Valls declaró que "en tiempo y forma, el señor gobernador había dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 3981 y sus decretos reglamentarios, presentando la declaración jurada patrimonial al asumir su cargo y, posteriormente, su actualización en febrero de 1998".

Pero el fiscal federal Paul Starc descubrió, en ese momento, la existencia de dos cuentas bancarias más en Estados Unidos y en Alemania y detectó 16 inmuebles familiares. Aún así, Pedicone de Valls aseguró que Bussi era inocente.

A pesar de no haber tenido cargos públicos desde la retirada del represor en 1999, Pedicone no perdió el tiempo. Desde que comenzó la campaña de Mauricio Macri para presidente en 2014, trabajó para Cambiemos en Tucumán junto al ex funcionario de Aysa Pablo Walter. Es más, estuvo a cargo de la filial local de la Fundación Pensar, órgano de pensamiento del macrismo en todo el país.

Cuando el vicegobernador Osvaldo Jaldo, compañero de fórmula de Juan Manzur, juró como diputado nacional en 2013, lo hizo por “el mejor gobernador de la historia de Tucumán”, en alusión al ahora senador acusado de violación de su sobrina, José Alperovich.

Cuando fue designada, hace pocos días, Pedicone de Valls dijo que, “asumí esta oportunidad con compromiso y dedicación. Es mi deseo hacer un aporte serio y comprometido y estoy muy conforme con el equipo y el desafío”. Lo curioso es que cuando se difundieron sus antecedentes profesionales y académicos sólo se puso en valor su paso por cátedras universitarias y no su vinculación y pasado con el bussismo.

Tucumán tiene antecedentes en la designación de funcionarios con poder a civiles colaboracionistas con los genocidas de la peor dictadura militar argentina. En 2008, el ex gobernador Alperovich quiso designar como vocal de la Corte Suprema de Justicia a Francisco Sassi Colombres, colaborador letrado del torturador Bussi. Fue por la intervención del ex presidente Néstor Kirchner lo que obligó a Alperovich a hacer jurar y renunciar al funcionario el mismo día.

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