Desde Barcelona
Sacar las urnas a la calle para que los ciudadanos se pronuncien sobre la autodeterminación de Cataluña es un delito. O, al menos, hacerlo sin la autorización del Tribunal Constitucional de España, como el 9 de noviembre del 2014 lo hizo el ex gobernador Artur Mas, a quien este lunes una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación. Junto a él, el órgano judicial castigó con un año y nueve meses de prohibición para ejercer un cargo público a la ex vicepresidenta de Cataluña, Joana Ortega, y con un año y medio a la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por considerarlas sus colaboradoras.
Aunque podría haber sido mucho peor ya que los tres juzgados fueron absueltos del delito de prevaricación, por el cual el ministerio público solicitaba 10 años de suspensión, la indignación brotó apenas conocida la sentencia. El principal implicado, Artur Mas, declaró en rueda de prensa ni bien concluyó el juicio que piensa apelar, primero ante el Tribunal Supremo, después ante el Tribunal Constitucional y, si ninguno le diera la razón, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. “Condenados un poco, sí, pero arrodillados, de ninguna manera”, proclamó el ex mandatario independentista. Desde la sede de su partido en Barcelona, Mas aseguró que “lo volvería a hacer” y aprovechó para denunciar que “la ley no es igual para todos en España porque el Gobierno español se ha hartado supuestamente de desobedecer sentencias firmes del TC y no ha pasado nada”. El ex “president” remató su comparecencia con la conclusión de que la condena de ayer “persigue a la gente por sus ideas políticas”, y basó su argumento en el último dictamen de la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, que criticó al Estado español por la última modificación de la ley del Tribunal Constitucional.
La realidad es otra desde el punto de vista de los jueces. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega “ignoraron e impusieron su voluntad” sobre la suspensión de la consulta que había ordenado el Constitucional el 4 de noviembre de 2014. “Se vio alterado en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, declaró el tribunal en su sentencia, rechazando los dos argumentos que alegaron los tres políticos para negar la desobediencia: la no concreción de la suspensión del Constitucional y el traspaso de la consulta a manos de los voluntarios tras la orden del Alto Tribunal. “Los voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Gobierno de la Generalitat”, asegura el fallo firmado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos.
Dado que los tres acusados anunciaron que recurrirán la sentencia, la única que en la actualidad ejerce un cargo público –Irene Rigau es diputada por el partido independentista Junts pel Sí en el Parlamento catalán– podrá seguir desempeñando sus funciones. Lo que aún no queda claro es si Artur Mas podrá presentarse a las próximas elecciones locales –previstas para el año que viene– ya que fuentes judiciales consideran que, de acuerdo con el artículo 6.2 de la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG), el ex mandatario tiene vetada la candidatura a comicios municipales y regionales durante el periodo fijado en la condena por haber cometido delitos de “rebelión, terrorismo contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado”. El líder nacionalista, sin embargo, todavía tiene una posibilidad de encabezar la lista de su formación en las próximas votaciones si, finalmente, al ser absuelto del delito de prevaricación, queda exento de haber delinquido.
En cualquier caso, la vinculación de Mas con casos de corrupción y financiación ilegal del partido que lidera, antes Convergència Democrtica de Catalunya (CDC) y ahora del Partir Demòcrata Català (PDeCAT), podrían alejarlo de la primera plana de la política catalana. De hecho, en esto hizo hincapié el secretario general de Podem (la sección de Podemos en Cataluña), Albano-Dante Fachin, quien pese a lamentar el fallo del TSJC por suponer, a su juicio, una “grave carencia democrática”, dijo que Mas “sí tiene que dar explicaciones por los gravísimos casos de corrupción que señalan a su partido y a él directamente”.
Además de los dos años de inhabilitación, Mas deberá abonar una multa de 36.500 euros, la ex vicepresidenta Ortega 30.000 y la ex consejera Rigau 24.000 euros, todas penas que el independentismo tacha de “indignas” y “antidemocráticas”, tal como lo expresó el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sergi Sabrià. “El fallo del TSJC no podrá parar el proceso independentista. Llegaremos al final y pondremos las urnas”, advirtió el político. Otro de los partidos que integran la coalición soberanista que gobierna Cataluña, la CUP, suscribió a la opinión de ERC y su representante, Mireia Boya, no solo definió el fallo como un “estado de excepción”, sino que afirmó que la “única salida es el referéndum unilateral”.
Desde Madrid, las reacciones a la condena de los ex dirigentes catalanes se dirigieron en un sentido diametralmente opuesto. Tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista (PSOE) coincidieron en respetar la resolución judicial y en negar las alegaciones de Artur Mas y su equipo. El portavoz de los populares, Pablo Casado, insistió en que “nadie está por encima de la ley” y remarcó que el fallo no responde a motivaciones políticas, como lo advierten los soberanistas. “En España no se juzga a nadie por sus ideas políticas sino por incumplir la ley”, subrayó Casado tras conocerse el fallo, de forma muy similar a lo que pronunciaba su homólogo del PSOE, Antonio Hermando, quien consideró que la condena es “una consecuencia lógica de desobedecer al Tribunal Constitucional”.
