La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires pidió la convocatoria urgente de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para abordar soluciones ante la crisis producida por el coronavirus y el hacinamiento en las cárceles bonaerenses. Esa Mesa está integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerenses, así como organizaciones civiles que se ocupan de la situación en las cárceles. 

El máximo tribunal recibió notas del Centro de Estudios Legales ySociales (CELS) y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamando soluciones porque, como es obvio, es imposible mantener reglas de distanciamiento dentro de los penales. En la misma resolución, la Corte prohibió la presencia en comisarías de personas de más de 65 años y de embarazadas, al mismo tiempo que instó a los jueces a que tomen decisiones sobre morigeración de las penas y medidas alternativas a la prisión, en línea con lo que está ocurriendo en el mundo entero con excarcelaciones y prisiones domiciliarias como una forma de descomprimir las cárceles. 

Ayer se conoció una declaración de Naciones Unidas en la que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michel Bachelet, instó a todos lospaíses a "reducir la población carcelaria".

El CELS y la CPM enviaron una nota conjunta a la Corte bonaerense, mientras que la CPM se dirigió también al ministro de Justicia provincial, Julio Alak. "En un sistema de encierro que tiene, al menos, un 118 por ciento de sobrepoblación, con unidades que alcanzan más del 200 por ciento, el distanciamiento es evidentemente imposible --dice el texto-. Solicitamos que se adopte una resolución general que contenga medidas de organización y criterios concretos de actuación orientados a reducir de manera urgente la sobrepoblación existente y así prevenir que el virus ingrese y se extienda dentro de los lugares de encierro, además de que se establezcan medidas concretas que garanticen el control judicial de las acciones de prevención e higiene que debe cumplir el personal que esté a cargo del resguardo de los detenidos”.

El documento propone medidas precisas:

* Se debe favorecer y tender a efectivizar las libertades o morigeraciones de quienes integran los grupos de riesgo, es decir los mayores y enfermos. Se sabe que en los penales bonaerense hay alta incidencia de la tuberculosis, la hepatitis, el HIV y otras enfermedades.

* El mismo criterio de libertades y morigeraciones debe seguirse con embarazadas y mujeres con hijos.

* Debe haber una revisión, de oficio, de las prisiones preventivas en los casos de delitos leves o no violentos.

* Corresponde también considerar para la morigeración a quienes tienen condenas firmes por esos mismos delitos.

* Evaluar de forma favorable la prisión domiciliaria de quienes ya vienen teniendo el beneficio de las salidas transitorias.

* La Corte Suprema bonaerense debe asumir un liderazgo en esta materia para evitar la lentitud del caso por caso. 

Tomando en cuenta la nota del CELS y la CPM, la resolución de la Corte parece mas bien tibia: la indicación a los jueces no es demasiado enfática e institucionalmente se convoca a un diálogo con los otros dos poderes para ver cómo se avanza en la cuestión. Por su parte, en una carta que le envió la CPM al ministro Alak se plantean una serie de medidas que el propio Poder Ejecutivo bonaerense puede adoptar: permitir el uso de celulares en los penales, ante la restricción de las visitas; implementar la entrega de alimentos y ropas que los familiares les quieran hacer llegar a los internos; establecer equipos de mediación que se anticipen a los conflictos; dotar a los establecimientos de alcohol en gel y todos los elementos necesarios y realizar un control de salud del personal penitenciario para evitar el contagio de afuera hacia adentro.