Representante del 40 por ciento de La Nación (el otro 60 es de los Saguier), a los 80 años murió Bartolomé Mitre, director del diario. Homónimo del fundador de La Nación y Presidente entre 1862 y 1868, padre de la actriz Esmeralda Mitre, “Bartolito”, como era conocido entre los empresarios, estuvo lejos de ejercer la influencia política y cultural de su tatarabuelo. Pero fue fiel a las acciones políticas del diario sobre todo durante la última dictadura militar, durante el kirchnerismo y, más tarde, cuando la empresa reivindicó a la dictadura y fue criticada por una parte importante de la propia redacción.

Poco locuaz y escasamente dado a las entrevistas, en 2012 hizo una excepción con el semanario Veja de Brasil. Fue cuando dijo que  “esencialmente vivimos en una dictadura de los votos”. “Las constituciones y las leyes se violan y son alteradas sin escrúpulos en sus mandatos”, dijo. 

Mitre nació en 1940. Su papel dentro de La Nación coincide con dos fechas negras de la historia argentina. Ingresó al diario en 1966, con la Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía. Fue designado presidente del directorio en 1976, con Jorge Rafael videla.  Asumió la dirección del diario en 1982, cuando ya pisaba fuerte al frente de la redacción el periodista Claudio Escribano.  

“Hay una élite de este país que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la Presidenta”, dijo a Veja en una parte de la entrevista. En el mismo reportaje, sin apoyarse en datos, afirmó que el 80 por ciento de los canales, diarios y radios estaba “bajo el control del gobierno”. Y alertó que el 7 de diciembre de ese año el Grupo Clarín debería “someterse a la ley de medios”, o sea desinvertir, cosa que por cierto solo puede ser exigible a quien tiene posición dominante en el mercado.

Irritado con CFK por la denuncia sobre Papel Prensa, que lo involucraba personalmente a él y también a los directivos de Clarín, Mitre pudo quedarse tranquilo el 27 de diciembre de 2017, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario y confirmó su sobreseimiento. Fue un modo de ratificar la sentencia de la Cámara Federal, que a su vez había confirmado el fallo del juez Julián Ercolini. La demanda penal había partido de Lidia Elba Papaleo, viuda de David Graiver, el banquero que desapareció en un accidente de aviación en agosto de 1976 y era el dueño original de Papel Prensa.

Fue justamente en las oficinas que tenía entonces La Nación en Florida 343 que se produjo la cesión de acciones de la empresa fabricante de papel al grupo integrado por Clarín, La Nación y La Razón.

Según Lidia Papaleo, la dictadura la obligó a firmar bajó amenazas a su propia vida y a la de su hija. El 14 de marzo de 1977 fue secuestrada, violada y quemada por las patotas al mando del jefe de la represión bonaerense Ramón Camps.

El juez Ercolini desechó que hubiera una conexión entre el traspaso de acciones de Papel Prensa y la comisión de delitos de lesa humanidad. Dijo que “ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos por familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver”. Una forma de lectura es aceptar que no quedó judicialmente probada la relación entre unos y otros hechos. Por lo tanto que los acusados no habrían incurrido en crímenes de lesa humanidad. Otra interpretación es que los hechos existieron. Por lo pronto, existieron los tormentos ejercidos sobre Lidia Papaleo. También es verdad que en 1976 los tres diarios entraron en Papel Prensa. Y también que lo hicieron, según su propia declaración, “previa consulta y conformidad de la junta de comandantes en jefe”.

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