El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) rechazó el pedido del represor Miguel Etchecolatz para obtener prisión domiciliaria en una de las causas en las que fue condenado a prisión perpetua conocida como “Protobanco” o “Puente 12”. Paradójicamente se trata del mismo tribunal que en 2017 –con otra integración-- le permitió instalarse en su casa en el barrio Bosque Peralta Ramos, algo que después la Cámara de Casación revirtió. 

Etchecolatz es uno de muchos detenidos por crímenes de lesa humanidad que utilizan el argumento de la emergencia sanitaria declarada frente a la pandemia del COVID-19 para intentar que los manden a las casas y se basan en que pertenecen a grupos de riesgo por razones de salud y edad. 

Hay más de 70 planteos de prisión domiciliaria en los últimos días en causas contra genocidas. Los jueces sostuvieron que el Servicio Penitenciario Federal ha implementado protocolos para evitar y detectar el eventual ingreso del coronavirus a las cárceles, donde hasta ahora no se detectó ningún caso siquiera sospechoso, y por lo tanto la posibilidad de contagio es una conjetura. A la vez le pidieron al Ministerio de Justicia –del que depende el SPF– que refuerce los controles sanitarios. 

“Al día de hoy las autoridades competentes en la materia aseguran la posibilidad de mantener plenamente vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la pandemia en cuestión, por lo que la mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro, al mantenerse la postura en el plano meramente conjetural”, sostuvieron los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, en la misma línea planteada por la fiscal Angeles Ramos y las querellas. 

Como fundamentos sumaron que ninguna de las dolencias de Etchecolatz es nueva y han sido atendidas en el hospital penitenciario. Incluso señalaron que no hay garantías tampoco de que reciba mejor atención en Mar del Plata, donde incluso las posibilidades de contagio del COVID-19 sería mayores ya que allí hay pacientes infectados.

Etchecolatz, quien comandó el aparato represivo de la Policía Bonaerense, hizo este pedido en la causa en la que fue condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “Protobanco” que funcionó antes incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el cruce de camino de cintura y la autopista Ricchieri, frente al centro de extermino El Vesubio. Dependía del Ejército y también de la Policía Bonaerense, con participación incluso de integrantes de la Triple A.

El TOF6 recordó que el SPF estableció una alerta epidemiológica en sus penales y que entre los protocolos dictados fijó medidas para proteger la salud de las y los detenidos/as, como las restricciones respecto de las visitas y nuevos internos y controles de posibles síntomas también sobre el personal y toda persona que se acerca a los penales. 

 De todos modos pide específicamente al Ministerio de Justicia que “arbitre los medios necesarios para que la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario y la institución para que “intensifiquen y refuercen el área sanitaria a fin de controlar y asistir de forma exhaustiva a aquellas personas que padezcan condiciones de salud preexistentes que puedan constituir grupo de riesgo a la luz del COVID 19 y extremen los controles preventivos y de protección sobre todo respecto del persona…”. 

El SPF relevó en los últimos días 1271 internos/as con factores de riesgos, mayores de 65 años, mujeres embarazadas y con hijos, de un total de 14.000. El Comité Nacional para la prevención de la Tortura ha recomendado evaluar los casos de detenidos/as con riesgos para su salud con miras a tramitar domiciliarias, pero pidió priorizar a los presos por delitos menores.

De los más de 70 pedidos de domiciliarias presentados hasta ahora por represores, diez fueron aceptados y otros diez rechazados.