La Cancillería anunció en un escueto comunicado el alejamiento del radical Leandro Despouy, hasta aquí representante especial para asuntos de Derechos Humanos en el ámbito internacional. La canciller Susana Malcorra le agradeció la labor realizada y anunció que asumirá funciones como experto independiente de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol, un cargo para el que en realidad ya había sido designado en noviembre y que no era incompatible con sus funciones. Despouy era la cara visible del gobierno en materia internacional de derechos humanos, y por consiguiente, del caso Milagro Sala. Se inclinaba porque se cumplieran los reclamos de los organismos internacionales y puertas adentro abogó tímidamente por la  libertad de la dirigente social. La semana pasada, la líder de la Tupac Amaru lo denunció penalmente junto al gobernador Gerardo Morales por un cruce de correos electrónicos para preparar testigos ante la próxima visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso habría acelerado su salida, y la crisis con el sector del gobierno (léase Morales) decidido a continuar con la prisión a como de lugar. Gabriela Quinteros, directora de Derechos Humanos de Cancillería –una funcionaria de carrera– quedará a cargo del área. 

  La noticia se conoció ayer pero Despouy presentó su renuncia la semana pasada. Este diario dio cuenta de su decisión a través de una nota publicada el domingo por Horacio Verbitsky. De acuerdo a la versión oficial, Despouy se aleja de Cancillería para asumir el cargo de experto independiente en Interpol porque no podría atender las dos funciones a la vez con la dedicación que estima necesaria. Cancillería emitió un comunicado que fue en esa línea: señaló que Despouy fue designado por la Asamblea General del organismo en Bali, Indonesia, reconoce que la designación es del 11 de noviembre de 2016, a propuesta de Cancillería y del ministerio de seguridad. “Es la primera vez que un argentino ocupará ese cargo, que reviste una enorme importancia ya que se trata de controlar el cumplimiento de las normas que regulan las denominadas circulares rojas y tiene la responsabilidad de determinar cuáles son aquellas que se deben mantener o retirar del fichero de solicitudes de detención realizadas a nivel internacional”, señala.

Pero esa versión es una parte de la historia. Despouy tuvo posiciones respecto del caso Milagro Sala que, aunque tibias, marcaron diferencias en el gobierno, especialmente frente a las posiciones beligerantes como Morales. Es posible que a los ojos de sus correligionarios, esas posiciones hayan aparecido como una traición. Gestos que lo pusieron en una situación límite ante las observaciones de las organizaciones de derechos humanos locales que esperaban mucho más compromiso de alguien conocedor de las compromisos en materia de derechos humanos de la Argentina. La cronología de esas posturas tal vez expliquen quién ganó posiciones en estas cuerdas. 

En octubre, cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pidió la libertad inmediata de Milagro Sala por entender que su detención es ilegal, Despouy fue uno de los funcionarios de Cambiemos que abogó para que el país cumpla con la resolución. Se reunió con Morales y con el presidente Mauricio Macri para explicarlo. También lo hizo, pero más públicamente, el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, otro conocedor de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. En diciembre, cuando fue convocado a declarar al juicio oral de Jujuy en el que fue condenada Milagro Sala por un escrache con huevos a Morales del que no participó, Despouy tampoco cumplió a rajatabla con el guión esperado. Fue convocado a al juicio como testigo a pedido del gobernador de Jujuy porque para la época, año 2009, Despouy  estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación e iba a dar una conferencia en la provincia cuando el día de los incidentes. Cuando la defensa le preguntó si podía relacionar ese escrache con Milagro Sala, Despouy dijo que no, a contrapelo de lo que habían hecho otros correligionarios.

–¿Usted vio a Milagro Sala dentro de la sede de la conferencia? –preguntó Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala.

–No –dijo–. No percibí a Milagro Sala entre las personas de la sala.

–¿Escuchó en algún momento el nombre de Milagro Sala?

–No. No recuerdo ni nunca escuché la palabra Milagro Sala.

–¿Le consta que la manifestación se haya hecho por encargo de Milagro Sala?

–No me consta. He tratado durante el testimonio de no hacer conjeturas. Las respuestas debe darla la justicia. Sí escuché amenazas a Gerardo Morales vinculadas a los programas sociales y el control. Pero no escuché la palabra Milagro Sala. Ni Tupac Amaru. Tampoco que se invoque el nombre de Milagro Sala.

Recién hizo manifestaciones públicas sobre el caso en febrero, cuando la Corte Suprema aceptó intervenir en los dos recursos pendientes, uno por los fueros y otro por la detención arbitraria. En ese contexto, y tensada por la vidriera internacional que expone el caso de Milagro ante cada viaje de funcionarios, Malcorra salió a reconocer en la misma época el peso de esa situación para Argentina. Y Despouy hizo declaraciones ante La Nación y Clarín en las que celebró la intervención de la Corte y pidió una decisión antes de la visita de la CIDH. “Ante la visita de la Asamblea de la CIDH a la Argentina es de esperar que haya una” decisión. “La Corte ahora está en el centro de atención de la opinión pública como máximo organismo para definir la controversia suscitada alrededor de la detención de Sala”. En ese sentido, explicó: “Cualquier definición que tome la Corte sobre este caso deberá ser acatada de inmediato a nivel nacional, porque así lo marca la Constitución nacional”.

La semana pasada la abogada Elizabeth Gómez Alcorta lo denunció por los correos enviados y recibidos el 9 de enero. Tres correos entre él, el apoderado de Morales, Federico Wagner, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, “Titina” Clara de Langhe de Falcone y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda. En los mails –publicados por este diario el 15 de enero–, el abogado Wagner pedía coordinar la preparación de testigos y “aprovechar todos los recursos disponibles” para justificar la prisión preventiva de Milagro ante la visita de los expertos de la CIDH. La abogada de Milagro Sala acompañó la presentación con una copia de los correos y pidió la declaración de Horacio Verbitsky. Para entonces se había caído el juicio político a Falcone en la Legislatura de Jujuy por 2 dos votos contra 20 en una audiencia en la que los diputados no sólo no abrieron pedidos de prueba sino que ni siquiera permitieron la presencia de los taquígrafos. “Esta ausencia total de división de poderes –decía la denuncia– evidencia que el Estado Derecho se encuentra mutilado en la provincia de Jujuy, por obra de sus máximas autoridades”. El juez federal Julián Ercolini amputó la denuncia de un plumazo con un trámite exprés por el cual dijo no tener competencia.

En línea con el comunicado de la Cancillería, Despouy dijo a PáginaI12 que la tarea que lo espera en Interpol es “enorme”. Y sobre Milagro Sala, señaló que el caso está en manos de la Corte y que es “importante” que el tribunal  analice el tema “tomando en cuenta todos los aspectos, tanto el ámbito nacional como el internacional”. 

En privado se le había escuchado a Despouy que si Milagro Sala no era liberada antes de fin de año, por el año pasado, él iba a renunciar. El fin de año pasó. Y ni él ni el gobierno hablaron de renuncias. A días de la denuncia penal y a menos de dos meses de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, el anuncio de ayer se leyó como un obligado pase al costado, que tampoco en este caso parece haberse animado a terminar de dar.