Nelson Nahuel Bravo tiene hoy 26 años, una esposa y dos hijos, un varón de 4 años y una nena que va a cumplir 2. Era cuidador de caballos en una estancia y campo de polo de Cañuelas, donde también realizaba otras tareas. A fines de septiembre de 2017, mientras cargaba avena en un recipiente, una máquina le amputó entero su brazo derecho, el hábil. Como estaba en negro, la A.R.T. no se hizo cargo y la indemnización debe pagarla la estancia y club de polo Puesto Viejo. 

Un fallo judicial de marzo de 2018 condenó a los empleadores al pago de una prótesis biónica que entonces costaba casi tres millones de pesos y hoy más de 8 millones. Los dueños de la estancia, cuyo propietario es un empresario inglés que vive en el predio donde ocurrió el accidente, se niegan a cumplir con el pago de la prótesis, mientras sigue el juicio por la indemnización por el daño sufrido.

“No recibo ninguna ayuda ni de la empresa ni del Estado, me la estoy rebuscando solo, salgo a cartonear en un carro, con un vecino, para darle de comer a mi familia, para mantener a mis hijos”, le dijo Bravo a Página/12. Vive con su esposa e hijos “en una casilla de seis metros por tres, con piso de tierra, que cuando llueve se me llena de agua". 

La empresa debería pagarle, porque así lo dispuso un fallo judicial, una mensualidad de 20 mil pesos, pero tampoco lo hace, a pesar de la solvencia que significa explotar un complejo con cinco canchas de polo, hoteles que cobran 500 dólares por noche y más de cien caballos pura sangre, entre otros bienes.


"Apelaron para ganar tiempo mientras liquidan la firma"

Bravo empezó a trabajar en la estancia a mediados de 2017, cuando tenía 24 años, y se accidentó el 30 de septiembre de ese año.

El 28 de marzo de 2018, la titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Yolanda Scheidegger, ordenó a las firmas Ancien Poste S.A. y Londres & Baires S.R.L., propietarias del predio, el pago de 2.680.000 pesos para que Bravo pudiera acceder a una prótesis diseñada a medida . El fallo fue apelado, el proceso judicial sigue sin resolverse, y hoy el brazo biónico que necesita cuesta más de 8 millones. “Apelaron la condena y recusaron sin fundamento a la jueza, sólo para ganar tiempo”, le dijo a este diario Nicolás Schick, abogado de la víctima. 

Las firmas demandadas son propiedad del empresario inglés Jeremy Baker.

El abogado de Bravo precisó que durante el proceso judicial, los dueños crearon otras sociedades que reciben ahora todo el movimiento financiero de la estancia “porque las dos firmas demandadas están siendo liquidadas”, detalló el abogado.

Schick recordó que su representado “estaba trabajando en negro, de manera que todas las demandas judiciales deben ser afrontadas por las empresas propietarias y no por la A.R.T”. Además del fallo favorable para el pago de la prótesis, Bravo recibió otro que le reconoce la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) y le asigna un ingreso mensual equivalente a los 20 mil pesos que cobraba antes del accidente, pero tampoco le pagan ese dinero.

Por incumplir los fallos, las empresas deben pagar una multa diaria de 10 mil pesos, que tampoco hacen efectiva.


Trabajar a destajo en el paraíso

El fallo de la jueza Scheidegger sobre la prótesis es independiente de la causa que se sigue para lograr la indemnización por el daño sufrido mientras cumplía con su trabajo y que contempla la incapacidad laborar que el grave accidente implica. La amputación que sufrió, a centímetros del hombro, fue inmediata porque la máquina “le chupó el brazo”. 

El abogado de Bravo afirmó que se trata de “un caso extremo desde el inicio, cuando tuvo el accidente con una máquina ‘sin fin’ que es utilizada para cargar avena y que le agarró la mano (y se llevó el brazo derecho) porque no tenía ninguna protección”. Como la empresa no tenía un servicio de salud propio, fueron sus compañeros de trabajo los que le hicieron un “torniquete”, pero de todos modos hubo gran pérdida de sangre. Como estaba en negro, fue atendido en el Hospital Marzetti de Cañuelas.

“Yo lo conocí al otro día del accidente y lo visité en el hospital, donde estaba en un lugar totalmente inapropiado para ese tipo de lesión”, señaló Schick. A los dos días le dieron el alta y el abogado logró, tiempo después, que la justicia dictara una medida cautelar (la ganó en primera y segunda instancia) para que “mientras dure el juicio por daños y perjuicios, le dieran la prótesis en forma urgente, para que el muñón no se deteriore, porque la pérdida de peso y de masa muscular, puede impedir su unión con la prótesis” debido al paso del tiempo que lleva sin tener la reparación médica que necesita.

“La empresa nunca cumplió con el fallo judicial, a pesar de la multa de diez mil pesos diarios que le aplicaron y que tampoco cumple. Con el tiempo me enteré de la creación de otras empresas a las que le están pasando los fondos que recauda (el complejo Puesto Viejo), lo que significa una maniobra fraudulenta para vaciar las dos empresas iniciales que deben asumir el pago de la prótesis y de la indemnización por daños y perjuicios”.

El complejo tiene cinco canchas de polo y hoteles que cobran, promedio, 500 dólares la noche. “Tienen tierras que están a la venta, a los visitantes los sacan a pasear en carruajes y hasta tienen líneas de vino propias”. El propietario es Jeremy Baker, cabeza de una firma de capitales británicos, quién vive en el complejo con su pareja, Liliana Forrester. Las nuevas firmas a la que les están transfiriendo fondos están a nombre de algunos de los abogados que representan a Baker.

Lo inaudito es que “la empresa reconoció que hubo un accidente y hasta recomendó dónde adquirir la prótesis, pero después no cumplió con nada”, explicó el abogado. “Ni siquiera le pagan los 20 mil pesos que corresponden a la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), de manera que mi cliente vive cirujeando, en una casa de chapa a la que le entra el agua cuando llueve y se inunda, cuando tenemos condena y una empresa con la solvencia necesaria como para afrontar los pagos”.

Los niveles de explotación a los que era sometido Nelson Nahuel Bravo queda descriptos sólo con el hecho de que “antes del accidente, él vivía en el complejo, trabajaba siete días a la semana, hacía de todo, era ‘petisero’, cuidaba los cien caballos que tiene Baker, y ese es un trabajo calificado que tendría que haber estado mejor pago”.

Después del accidente, la empresa tomó la decisión de echar a todos los trabajadores que tenía en negro y contrató a gente en blanco. Entre los despedidos hay personas que presenciaron el accidente y que sabían del trabajo a destajo que realizaba Bravo. “Hasta cambiaron la máquina donde se produjo el accidente”, concluyó Schick.