La empresa estatal Aguas y Saneamiento (AySA) oficializó ayer la convocatoria a la audiencia pública para el próximo jueves 6 de abril donde se analizará un nuevo tarifazo, que se suma al aplicado el año pasado. El Gobierno dejó trascender que propondrá un ajuste promedio de 23 por ciento, aunque por ahora no hay detalles. A su vez, la firma buscará seguir avanzando con el cobro del servicio por consumo y no por metro cuadrado, como se viene realizado hasta ahora. 

El año pasado Aysa anunció inicialmente que la suba promedio iba a ser de 216 por ciento a partir de abril, pero finalmente terminó siendo del 297 por ciento, con un máximo de 375 por ciento que afectaron fundamentalmente a los hogares de menores consumos. Esto fue por la modificación de la fórmula para calcular la tarifa. Por ejemplo, uno de los factores que se tiene en cuenta para el cálculo del consumo es el factor E, que computa la calidad de la edificación y su antigüedad. Ese factor antes se modificaba entre 1 y 4, de modo que para igual cantidad de metros cuadrados había propiedades que pagaban una cuarta parte de lo que abonaban otras. Por ejemplo, una vivienda con techo de chapa pagaba menos que una estrenada el año pasado de igual superficie cubierta. Desde el año pasado, ese factor pasó a valer 1, con lo cual no considera ese tipo de diferencias para definir la tarifa.

La Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) presentó un pedido de cautelar argumentando que no se había realizado audiencia pública previa a la aplicación de los incrementos, pero en octubre el juez federal Pablo Cayssials rechazó suspender el ajuste al argumentar que ADUC, como integrante de la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS), participó de las discusiones realizadas que culminaron con el dictado de la disposición 62/16. Para evitar un nuevo conflicto, este año se decidió convocar a una audiencia para el 6 de abril a las 10 horas en el Teatro de la Ribera del barrio de La Boca.  

En esta ocasión el ajuste promedio sería de 23 por ciento y regiría a partir del 1 de mayo, pero la certeza recién se tendrá cuando difundan los cuadros tarifarios. La intención de la empresa es cobrar por el volumen consumido y no por superficie. Para lo cual necesita seguir avanzando con la instalación de los medidores. En junio del año pasado se informó que se avanzaría con la instalación de medidores entre los clientes no residenciales para luego generalizarlo al conjunto de los usuarios. 

Entre los 400 mil usuarios no residenciales de Aysa, 120 mil ya tienen medidor, en tanto 80 mil se instalarán este año. En cuanto a los residenciales, hacía noviembre se avanzará en el cobro por volumen y se avanzará en la instalación de medidores. Esta medida podría beneficiar a usuarios con grandes superficies y poco consumo de agua. “Si a una casa de consumo promedio de 40 metros cúbicos le instalamos un medidor, pasaría a pagar un 30 por ciento más. Esto es porque el sistema actual no está pensado para incentivar la medición por consumo”, sostuvo en junio del año pasado el director general de la compañía, Martín Heinrich.

En 2016 la empresa comenzó a prestar servicio en Escobar, José C Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Presidente Perón. Dentro de quince días se sumará Moreno, a mediados de abril Merlo y en mayo Florencio Varela. Según la empresa, estas nuevas 8 áreas introducen un déficit operativo de 1.200 millones de pesos más en subsidios. En tanto, otros 1.100 millones se destinan a mantener el descuento de 25 por ciento que reciben 1,25 millón de hogares sobre el valor de sus facturas. A partir de mayo, el descuento de 25 por ciento por un año pasará a llamarse beneficio zonal y en ese plazo los usuarios deberán demostrar si cumplen las condiciones para recibir la tarifa social.