El Gobierno congelará el precio de los alquileres y suspenderá los desalojos por un plazo de 180 días. Además, fijará las cuotas mensuales para los deudores de créditos hipotecarios y prohibirá ejecuciones. Alberto Fernández realizó el anuncio en una entrevista televisiva, y dijo que la medida sería plasmada en un proyecto de ley que tenía que aprobarse en el Congreso. Sin embargo, finalmente el Poder Ejecutivo decidió que la iniciativa saldrá por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) antes del primero de abril. La decisión fue tomada ante la urgencia de aplicar estas medidas y las dificultades para sesionar, tanto en Diputados como en Senadores. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabajó durante todo el jueves en el armado del documento. Serán dos decretos, uno referido a los alquileres y otro a los créditos hipotecarios.

“Le pedí a (Sergio) Massa que se ponga a estudiar el tema”, había dicho el presidente en la entrevista con Telefé. Desde el Gobierno buscaban que el proyecto sea aprobado por el Congreso "para que tenga toda la fuerza de la ley", había dicho a este diario una fuente parlamentaria. El plan de Massa era presentarle el proyecto a las autoridades de todos los bloques y tratarlo el miércoles que viene, en una sesión en el recinto, donde se podrían dar excepcionalidades, como la presencia de legisladores por plataformas digitales. Sin embargo, un sector del Gobierno consideró que esto sería dificultoso para aplicar en la práctica. “Es imposible juntar al Congreso, por la cantidad de personas que se juntarían, y por la edad de los legisladores”, afirmó una fuente oficial.

Además, la sesión prevista para realizarse el miércoles que viene caería el primero de abril y ya sería tarde: el Gobierno busca que salga antes, dado que en los primeros días de cada mes los inquilinos y comerciantes pagan el alquiler y los hipotecados las cuotas de los créditos. También, para evitar los desalojos en pensiones donde viven gran cantidad de trabajadores informales, impactados negativamente ante el freno en la actividad. De todos modos, el objetivo del oficialismo es lograr consenso con la oposición, por lo que luego el DNU podrá ser convalidado en la comisión bicameral del Congreso. “Todos los políticos saben que fábricas, comercios y personas van a tener problemas para pagar el alquiler”, indicó una fuente oficial, por lo que estiman que lograrán el apoyo de la oposición. 

El decreto fue redactado entre el presidente, Massa e Ibarra. También consultaron a la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa. Uno de los temas en los que no había dudas era la universalidad que tendrá la medida en el tema de alquileres y desalojos. A diferencia de otras que fueron dirigidas a los sectores más vulnerables, como el ingreso de emergencia o la suspensión de servicios públicos, en el caso de alquileres no podrá haber segmentación. Se trata de un mercado con gran cantidad de contratos informales. Asociaciones de inquilinos estiman que el 85 por ciento de los pagos se realizan en efectivo. 

Uno de los temas que se debatían en el Gobierno este jueves al mediodía era el tema del prorrateo. “Estamos trabajando en un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se pueden prorratear en lo que queda del contrato”, había dicho el presidente. Queda pendiente cómo se aplicará este tema en el caso de los alquileres, si en el plazo de los seis meses debió realizarse un ajuste semestral. En el caso de los créditos hipotecarios, esto ya se realizó el año pasado con los UVA, cuando durante por seis meses se congelaron las cuotas, y luego para evitar un salto, se estableció una fórmula de convergencia para aplicar el aumento de ese período, en el plazo de un año.

El anuncio del gobierno fue apoyado por inquilinos, propietarios y tomadores de créditos. Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino, aseguró que el congelamiento es “fundamental”, dado que hay personas que destinan el 50 por ciento de su sueldo en el pago mensual. En tanto, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Armando Pepe, dijo que la propuesta fue “muy sensata” para que prime “el esfuerzo compartido de las partes”. Desde el colectivo de hipotecados UVA dijeron que el freno de las ejecuciones es “una buena noticia”, y piden que el congelamiento de las cuotas alcance a todos y no como se aplicó en 2019, que fue para los de viviendas menores a 140 mil UVAS.