La Cámara de Casación Penal Federal instó a los jueces y juezas que deben resolver pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones a que lo hagan con rapidez y bajo los criterios señalados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19. Esto implica que --al analizar caso por caso-- deberían priorizar medidas alternativas para las personas detenidas por delitos menores, las que están en condiciones de obtener la libertad condicional o próximas a cumplir la pena, las que tengan penas breves, las que integren grupos de riesgo y tengan problemas de salud, las embarazadas y las que tengan hijos menores dentro o fuera de los penales. “Los problemas de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles son anteriores, pero esta pandemia nos obliga a prestar mayor atención; los jueces deben analizar los casos de mayor vulnerabilidad y priorizar (las domiciliarias u otorgar la libertad para) los de penas bajas y por cumplirse”, le dijo a PáginaI12 Angela Ledesma, presidenta de Casación.

El máximo tribunal penal ya había firmado otras resoluciones previas en las que reconocía particular “preocupación por las personas privadas de la libertad en distintos establecimientos, en razón de las particulares características de propagación y contagio (del Covid-19) (…) y las actuales condiciones de detención en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada”. También había encomendado al Ministerio de Justicia y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que hiciera una nómina de las/los detenidos/as que pertenezcan a grupos de riesgo por antecedentes de salud, embarazadas, mujeres con hijos y mayores de 60 años. En función de la información recibida, y ante un clima de tensión creciente en la mayoría de los penales frente al coronavirus (y la falta de alimentos y elementos de higiene, la suspensión de visitas y las dificultades para sostener reglas de distanciamiento en cárceles superpobladas), Casación sacó una nueva resolución.

El informe del SPF, donde no se registran contagios de coronavirus (pero no se descarta que ocurran como en las cárceles de otros países, donde se han contagiado tanto presos como penitenciarios), dice que hay 1280 personas con factores de riesgo (enfermedades como asma, diabetes, insuficiencia cardíaca, renal, VIH, tratamiento oncológico, tuberculosis y hepatitis), embarazadas y mayores de 60 años. El 51 por ciento son procesados sin condena. El total de la población carcelaria en penales federales ronda las 14 mil personas. La larga lista incluye nombres conocidos (ex funcionarios, empresarios, acusados de crímenes de lesa humanidad) y otros no. A partir de estos resultados, la jueza Ledesma firmó una suerte de llamado a jueces y juezas para que resuelvan con premura los planteos que vayan llegando. Planteó la conveniencia de basarse en las pautas del CNPT. El comité había pedido ya que se identifique a los grupos de riesgo pero también a quienes a quienes pueden recibir libertad condicional o estén cerca de cumplir la pena, y que se tenga en cuenta a quienes cometieron delitos menores. En uno de sus informes señaló la imposibilidad del Estado de garantizar la integridad física de las/los presas/os y señaló que “la crisis sanitaria puede ser también una oportunidad para generar mecanismos de justicia restaurativa que eviten la recurrencia a la privación de liberad como sanción, especialmente respecto de aquellas ofensas que no hayan implicado daños a las personas”.

“Lo que nos preocupa es que se descompriman casos extremos de personas con riesgo, en supuestos de prisiones preventivas o condenas bajas o que estén por obtener la libertad condicional, embarazadas y con hijos menores. Que los jueces observen esta circunstancia para resolver caso a caso, con las pautas del Comité”, le explicó Ledesma a este diario. La titular de Casación dijo que es la misma línea planteada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michel Bachelet, que exhortó a gobiernos y autoridades competentes a “reducir el número de reclusos”, algo que señaló comenzaron a hacer algunos países con los “reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes”.

“Por empezar, la regla debería ser la libertad, no la preventiva, a menos que haya riesgos procesales precisos. Para otorgar libertad o domiciliarias, que se evalúen las categorías de delitos; que los jueces consideren la libertad para quienes tienen condicional o están por cumplir una condena. Que se usen métodos como la tobillera. Es lo que se viene haciendo en otros países, como Italia y Alemania. Pusieron pautas: mandan a la casa a la gente con penas bajas o condicionales pero excluyen a los delitos graves, entre los que especifican algunos como los casos de violadores. No es que todo el mundo va a quedar libre, no es así”, señala Ledesma, quien señala que en Mendoza el Juzgado Penal Colegiado 1 ya empezó a aplicar parte de estos criterios. También a raíz de un principio de motín en Concepción del Uruguay se pudo superar la  tensión con un acuerdo entre jueces, penitenciarios y autoridades locales.

En la provincia de Buenos Aires, donde el sistema penitenciario tiene sobrepoblación y hacinamiento récord (118 por ciento), la tensión es permanente y hubo también conatos de motines. Hay temor a que se replique lo ocurrido en Santa Fe, donde hubo 5 muertos en Coronda y Las Flores. La Corte bonaerense pidió la convocatoria urgente de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para buscar soluciones. Lo hizo ante notas presentadas por el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria. Piden un comité de crisis y también propiciar libertades y morigeraciones para presos/as de grupos de riesgo, embarazadas y mujeres con hijos, también priorizando quienes tienen ya salidas transitorias o penas casi cumplidas. A diferencia del enfoque de Casación Federal, plantean que la Corte bonaerense asuma un liderazgo y se establezcan decisiones coordinadas, no caso por caso. Reclaman también medidas para asegurar insumos de higiene y alimentación y respuestas no violentas ante los conflictos en ciernes.