A 26 años del crimen de Andrés Núñez, el albañil que en 1990 fue torturado, mutilado, calcinado y enterrado en un campo por negarse a hacerse cargo de un robo que no cometió, el ex agente de la Bonaerense Luis Ponce comenzó a ser juzgado por lo sucedido. El acusado era comisario titular de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y como tal ordenó secuestrar a Núñez; luego, estuvo prófugo durante 22 años bajo una identidad falsa en la cuidad neuquina de Junín de Los Andes.
Siete años atrás, un tribunal platense había condenado a prisión perpetua a los policías Jorge González y Víctor Dos Santos por “privación ilegal con torturas seguida de muerte” en este emblemático caso de violencia policial.
“Nos torturaban, querían que nos hagamos cargo”, dijo al comenzar su testimonio Jorge Guevara, amigo y compañero de celda de Andrés Núñez en la madrugada del 28 de septiembre de 1990, cuando el albañil fue torturado, asesinado y enterrado por la Bonaerense. Ayer, ante el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata, Guevara contó, otra vez, cómo una patota de la Brigada de Robos y Hurtos platense ingresó a su casa, lo secuestró y lo llevó hasta la departamental donde también se encontraba su amigo. “Me sacaban y me volvían a meter para seguir torturándome, me ponían en la cabeza una bolsa de plástico, me pegaban en la costilla, en la panza, en los testículos, me agarraban de los pies y me levantaban. Así nos tuvieron toda la noche a Andrés y a mí. Lo sacaban a él y me metían a mí, me metían a mí y lo sacaban a él”, recordó Guevara.
El plan de los policías era que los dos jóvenes se hicieran cargo del robo de una bicicleta que había sido denunciado. Jorge Alfredo González, uno de los integrantes de la patota, había señalado en el primer juicio por el crimen de Núñez que Luis Raúl Ponce, el comisario titular de la Brigada de Investigaciones de La Plata, fue quien dio la orden de iniciar el secuestro de los dos jóvenes. “Querían que nos hiciéramos cargo de todo, algo que no habíamos hecho”, indicó Guevara y agregó que “si no sabía de qué, no podía reconocer nada”.
Con la presencia de la agrupación H.I.J.O.S. de La Plata y una radio abierta que acompañaba el inicio del segundo juicio contra agentes de la Bonaerense por este caso de violencia policial –el proceso anterior se realizó en 2010–, el otro testimonio que recibieron, en la jornada de ayer, los jueces Eduardo Delbés, María Silvia Oyhamburu y Claudio Bernard, fue el de Mirna Gómez, pareja de Núñez. La mujer relató que la noche del 27 de septiembre de 1990, los policías fueron hasta su casa para buscar a su marido, pero por error se llevaron al padrastro de Núñez, Walter Di Pietro. “Cuando se dieron cuenta, lo dejaron otra vez en la casa y entraron cuatro policías sin orden de allanamiento, aunque Andrés no estaba. Estuvieron tres horas en la casa, revolviendo todo y cuando les pedimos su identificación mostraron la pistola en la cintura”, expresó Gómez.
Cuando Andrés Núñez llegó a su casa en el barrio platense de Villa Elvira, la patota lo recibió con un revólver en su cabeza, tal como relató su esposa. “Se lo llevaron atrás de mi casa, no se qué le hicieron pero tenía polvillo en el conjunto deportivo azul que usaba. Se lo llevaron y quise ir con él pero no me dejaron, me dijeron que mi nena de un año me precisaba”, detalló Mirna Gómez ante el Tribunal.
En los primeros minutos del debate oral, el juez Eduardo Delbés leyó la imputación de “torturas y privación ilegal de la libertad”–cuya condena prevé una pena de reclusión perpetua– que pesa sobre Luis Raúl Ponce, el hombre que durante 22 años se hizo llamar “Raúl Peralta”. En esos años, el ex comisario vivió junto a su esposa en Junín de los Andes, donde la mujer, abogada, llegó a ejercer como jueza de paz. En 2012, un vecino de esa ciudad neuquina lo denunció porque creía que haberlo identificado como César Peralta, un ex comisario santafesino prófugo por delitos de lesa humanidad y por el que se pagaba una recompensa de 100 mil pesos. Cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) detuvieron a Ponce/Peralta, se dieron cuenta de que no era el policía santafesino que había participado en los grupos de tareas de la dictadura, sino que la identidad falsa enmascaraba a Ponce, el comisario que manejaba la patota policial que asesinó a Núñez. En aquel momento, la recompensa para ubicar a Ponce era de 500 mil pesos.
Los primeros efectivos de la Bonaerense sentenciados por este emblemático episodio de represión policial fueron el ex sargento Jorge González y el antiguo cabo Víctor Dos Santos, los dos condenados a prisión perpetua. En 2010, la Sala II de la Cámara Penal platense los encontró culpables de los delitos del delito de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguida de muerte”, al confirmar que los policías de la Brigada de Investigaciones La Plata lo asesinaron, mutilaron su cadáver, lo quemaron y lo enterraron en un campo.
