El fiscal federal Ricardo Toranzos dispuso no suspender las obras de reacondicionamiento de la infraestructura del Ramal C18 en Joaquín Víctor González. Fundamentó la decisión en que la obra pública está exceptuada por el decreto nacional que limita las actividades por el aislamiento social dispuesto ante el coronavirus. En una primera intervención, la Fiscalía provincial de la jurisdicción había clausurado el trabajo pero solo por 24 horas. Sin embargo, no se reinició porque la empresa decidió suspender a 400 trabajadores.  

"Tras la consulta de parte de la Policía provincial, se dispuso aislamiento de un trabajador del Chaco que había llegado con maquinarias y se intimó a la empresa a no aceptar a otros trabajadores de esa provincia", informó la Fiscalía Federal a Salta/12, respecto de las medidas que se tomaron en relación al trabajo en el Ramal C-18. 

La intervención fiscal se dio a instancias del Comité de Emergencias de la zona, que sostuvo que la firma no estaba siguiendo el protocolo establecido para tratar de mitigar la propagación del Covid-19. 

El secretario general de la UOCRA en Salta, Ruben Aguilar, manifestó su preocupación porque la empresa UCSA decidió la suspensión de unos 400 trabajadores, y que esto sería sin goce de sueldo. Según pudo establecer Salta/12, la suspensión de la obra es hasta el 9 de abril, y los trabajadores no cobrarán la quincena. 

Las razones de la suspensión no quedan claras. El gremialista mandó una carta documento por e-mail para intimar a UCSA, dijo que no lo pudo hacer por Correo Argentino porque no están haciendo estos envíos. También planteó que en la Secretaría de Trabajo está todo paralizado y no pudo denunciar la suspensión.

Por su parte, el apoderado de UCSA, Gonzalo Miranda, repondió la carta documento vía e-mail, responsabilizando en parte a la Fiscalía provincial: "La medida adoptada respecto a la suspensión del personal afectado, con anterioridad al dictado de la norma antes aludida y en base a una clausura sin fundamento, resulta ajustada a los términos legales aplicables, por lo cual corresponde rechazar su intimación". 

Miranda manifestó que una vez rehabilitada la obra, procederán "a realizar (los) mejores esfuerzos para retomar los trabajos en los términos del Decreto 297/2020 que ha incluido a la obra pública entre las excepciones al aislamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en forma general".

En ese sentido advirtió que "el reinicio de la cadena de servicios que requiere la obra llevará determinado tiempo e incluye diversos prestadores cuya disponibilidad no (pueden) asegurar".

Al parecer, las diferencias entre la OUCRA y la patronal empezaron por la cuestión de la protección de los trabajadores. El gremio había manifestado su preocupación porque obreros que residen en el Chaco iban y venían desde aquella provincia a Joaquín V. González y temían que existiera la posibilidad de ser contagiados con el Covid-19. Esa misma preocupación manifestó el Comité de Emergencias. 

"El 23 de marzo la Policía notificó que, en consulta con el auxiliar de la Fiscalía Federal,  Facundo Mirabella, cualquier empleado que pertenezca a cualquier provincia o ciudad no debe ingresar", sostuvo Aguilar. El gremialista señaló que la obra pública está exceptuada del decreto y que en la obra de reconversión de vías hay trabajadores de otras provincias y de otros municipios como Gaona, Quebrachal, Talavera y Las Lajitas. También dijo que hay personal de Brasil. "Personal en constante rotación", precisó.

Aguilar dijo que "si la gente no puede moverse de una obra a otra, que empieza en Talavera y termina en Pichanal se está ante serios problemas". Planteó que los trabajadores van de un lugar a otro por las especialidades. Por ejemplo, en Joaquín Víctor González señaló que están los talleres de soldadura y que los trabajadores tienen que movilizarse a otros lugares de la obra si se los requiere.

"La solución es que se pongan de acuerdo los municipios, el comité de emergencia, la justicia, para que trabajen bajo recomendaciones", sugirió Aguilar. Añadió que la empresa debería brindar a la Policía un listado de trabajadores, que les impongan si es necesario que no puedan salir de los límites donde está la obra y estuvo de acuerdo en que no se deje entrar a trabajadores de otras provincias como el Chaco donde hay casos de coronavirus. 

"Hay chaqueños, santafecinos y de Brasil si esa gente se va de Salta que no vuelva a hacer la cuarentena. Si están trabajando y no van a su residencia legal hace un mes, que se queden trabajando", solicitó Aguilar. Sostuvo que los municipios están poniendo barreras a los trabajadores del ramal porque no los dejan circular.

La fiscala penal de Joaquín V. González, Yonny Elizabeth Zigarán, había suspendido la obra por 24 horas esgrimiendo que la decisión se debió al incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por protocolo sanitario. 

"La suspensión fue determinada después de comprobar la advertencia hecha por el Comité de Emergencias de la zona, que informó que la empresa adjudicataria incumplía con exigencias del protocolo sanitario. Ante el compromiso de la empresa de corregir dichos incumplimientos y mantener solo al personal ya afectado a la obra, sin sumar nuevos operarios, la fiscal provincial levantó dicha suspensión", informó el Ministerio Público Fiscal de Salta. 

Sin embargo, el mismo Comité denunció dos días después el ingreso de nuevos operarios y camiones provenientes del Chaco, sin los controles sanitarios obligatorios. Ante la nueva situación, la Policía de la provincia consultó a la Fiscalía Federal, la que dispuso poner en cuarentena a un trabajador y advertir a la empresa que no ingrese a más trabajadores de la provincia chaqueña.

El Ramal C-18 pertenece a la vía estrecha del Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión es de 219 kilómetros​ entre las cabeceras Pichanal y Joaquín Víctor González. Corre mayormente en paralelo a las rutas provinciales 5 y 30.